La 'fumata blanca' ha resultado ser un intercambio de funciones de una legislatura a otra. Pero con una cuestión de fondo muy relevante que permite al partido 'minoritario' tener más peso del que se podía prever. Así se puede resumir el acuerdo entre ERC y Junts para desbloquear la gobernabilidad de Cataluña tres meses después de las elecciones. La negociación ha finalizado con esa esperada presidencia para los republicanos, que tendrán a Pere Aragonès como el primer jefe del Ejecutivo de su partido desde Josep Tarradellas. La contrapartida de ese cambio de roles es que los de Carles Puigdemont tendrán bajo su mano la gestión de la mayor parte de la economía catalana. Algo que ya hacía Aragonès cuando era el 'número 2' de Quim Torra. La diferencia es que ese departamento de los posconvergentes es el que canalizará los fondos europeos de reconstrucción tras la pandemia de coronavirus. Algo que ha motivado críticas a Esquerra. Pero que puede tener varias lecturas.
El temor a la repetición electoral es lo que ha acelerado este pacto, fraguado durante el pasado fin de semana entre los equipos negociadores de ambas formaciones. El cambio de correlación de fuerzas es lo que ha motivado que sobre el papel no haya grandes cambios. Todo lo que antes tenía en su poder Junts, ha pasado a manos de ERC. Y viceversa. Esto es lo que ha facilitado que vaya a crearse una consellería de Economía y Hacienda que pueda colgar de una vicepresidencia. La favorita para ese puesto es Elsa Artadi, según las fuentes consultadas por La Información. Artadi cuenta con el favor de los empresarios catalanes, y su perfil encaja con las aspiraciones de ambas formaciones de nutrir el Govern de miembros que no tengan cuentas pendientes con la Justicia. Pero sobre todo, es una de las consideradas 'títere' del expresident Puigdemont.
Esto es lo que ha generado más polémica tras conocerse el contenido del acuerdo. Esa mezcla de la cesión de una cartera que se encargará de los fondos europeos a una persona muy vinculada al expresident, que permanece huido de la Justicia española en Bélgica, ha provocado una gran controversia. Para mitigar el golpe, ERC ha acordado con Junts la creación de una comisión interdepartamental para tratar los asuntos que tengan que ver con el rescate europeo. Aunque el propio Aragonès ha admitido que quien los centralizará será ese departamento. Dicha cartera no solo otorga ese poder a los de Puigdemont. Las políticas económicas y fiscales también estarán bajo su control. Algo que sucede en un momento clave, con la mesa de diálogo con el Gobierno central abierta. Y sobre todo, con la reforma fiscal que Moncloa pretende pactar con ERC prevista para el próximo año.
La contrapartida en el ámbito económico para Esquerra es que será quien se ocupe de las relaciones con los empresarios catalanes. Aragonès y los suyos han conseguido en las conversaciones hacerse con la consellería de Empresa, que es la que les otorga una interlocución con las firmas que hasta ahora no tenía. Por ejemplo, serán quienes lideren las relaciones con patronales como Foment del Treball o Pimec. Una labor que no es menor, y que facilitará a los republicanos ofrecer unas propuestas diferentes e intentar ganarse más el favor de un ámbito que es clave en el día a día catalán. Lo que significa que también tendrán que ser quienes se esfuercen en convencer a las compañías para que mantengan sus sedes en Cataluña. O incluso persuadir a las que se fueron por el procés para que regresen.
Los otros asuntos que compensan a ERC para entregar la mayoría del poder económico tienen que ver con los medios de comunicación, como ha podido confirmar este diario. La consellería de Presidencia que acompañará a Aragonès es la que controlará la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Es decir, es la que tendrá ascendencia sobre TV3. A lo que hay que sumar que es la que diseñará y repartirá las subvenciones a los medios de comunicación radicados en Cataluña. Lo que otorga una ascendencia sobre un actor clave en la política de la autonomía. Esto también supone que el portavoz del Govern será alguien de la confianza del futuro president y de Oriol Junqueras. Por lo que serán los republicanos los que decidan qué mensajes lanza la Generalitat. Una cuestión que había provocado numerosos choques entre los socios debido a las polémicas generadas por la hasta ahora portavoz, Meritxell Budó.
Las discrepancias que retrasaron el pacto
La puesta en común de ambos partidos para evitar otras elecciones ha llegado tras haber superado numerosas discrepancias que entorpecían la firma de Aragonès y de su interlocutor, Jordi Sánchez. El documento que los republicanos acordaron con la CUP fue uno de los puntos de conflicto, según las fuentes consultadas por esta redacción. Ese texto contemplaba nuevos protocolos para evitar desahucios, el impulso a una renta básica y a la banca pública, un giro al modelo policial catalán. En definitiva, un giro a la izquierda de la Generalitat con medidas como la remunicipalización del agua en los pueblos catalanes.
Dicho pacto no gustaba nada a Junts. Los negociadores de Jordi Sànchez paralizaron varias veces las conversaciones por no estar de acuerdo con numerosos puntos. Sobre todo, con uno que hablaba expresamente de apartar a Puigdemont de toda posible tutela sobre el nuevo Govern. Finalmente, el entendimiento se ha plasmado en que Presidencia vaya a crear una oficina para un proyecto piloto de renta básica. Mientras que la aspiración de la banca pública será compartida entre la cartera de Economía y la de Empresa.
Con esta configuración, se cumple la máxima de pactos anteriores por la que quien ostenta la presidencia posee menos consellerías en el Govern. Aunque eso también ha provocado cierta tensión. Por ejemplo, ERC quería unificar los departamentos de Justicia e Interior en uno solo. Junts no estaba dispuesto. Finalmente, la cartera judicial estará en manos de los posconvergentes y la gestión de los Mossos d'Esquadra y de la Seguridad va a pasar a la izquierda independentista. Asuntos que no son menores dentro del ecosistema catalán. Las próximas semanas mostrarán si, aun con estos roces, la nueva Generalitat carbura o las discrepancias le impiden dar pasos adelante. Al final, la vuelven a conformar los dos mismos partidos que fueron a elecciones por sus malas relaciones.
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