En apenas dos semanas la investigación por el robo del teléfono móvil a Dina Bousselham ha dado varios giros de 180 grados. Las contradicciones incurridas en sus dos declaraciones en la Audiencia Nacional (marzo de 2019 y mayo de 2020) llevaron al magistrado instructor de 'Tándem', Manuel García Castellón, a retirar la condición de perjudicado por estos hechos a Pablo Iglesias y abrir una nueva línea de investigación para esclarecer la ruta que siguió la tarjeta telefónica de la exasesora de la formación morada desde que se la robaron en noviembre de 2015 hasta que la entregó en las dependencias judiciales en marzo del año pasado. El objetivo ahora es averiguar quién dañó este dispositivo hasta el punto de dejarlo irrecuperable para saber si se cometió delito con estos hechos.
La tesis defendida el lunes 18 de mayo por la exidirigente de Podemos en la Comunidad de Madrid hizo que todas las miradas se fijaran en Pablo Iglesias. Bousselham aseguró que cuando recibió su tarjeta en verano de 2016 de manos del político, estaba ilegible y así la entregó a la Audiencia Nacional. Aunque en ningún momento dijo que Iglesias tuviera algo que ver con el asunto, sí expuso que a él se la entregó el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, en perfecto estado seis meses antes. Un apunte que olvidó sacar a la luz en su declaración de marzo de 2019 cuando se personó como perjudicada del procedimiento junto con Iglesias tras constatarse que Villarejo almacenaba en un 'pendrive' el contenido de su dispositivo robado.
Apenas dos días después de que el juez considerara que Iglesias no podía seguir figurando como perjudicado del comisario jubilado, Bousselham envió un escrito a la causa en el que volvió a cambiar de tesis asegurando que recibió la tarjeta en buen estado y que incluso pudo ver su contenido. Ahora bien, cuando posteriormente trató de acceder a ella "dejó de funcionar". Se trata de una nueva premisa que podría ratificar en sede judicial si el magistrado, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, decide llamarla a declarar de nuevo. El instructor no descarta esta diligencia pero previsiblemente se producirá cuando tenga las conclusiones de Asuntos Internos acerca del análisis de los correos que su pareja Ricardo Sá Ferreira envió a una empresa española para intentar rescatar el dispositivo.
Denuncia del robo
Los hechos se remontan a primeros de noviembre de 2015 cuando a la asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo le sustrajeron su teléfono móvil mientras estaba con su pareja en unos grandes almacenes. Ello motivó la interposición de denuncia y la ampliación de la misma en un juzgado de Alcorcón ya en agosto de 2016, justo después de las filtraciones en determinados medios de comunicación de lo que almacenaba en su teléfono. Esta fecha coincidiría en tiempo con la devolución de Iglesias de su tarjeta SD, lo que llevó a los investigadores a preguntarle el pasado día 18 por qué había ampliado la denuncia si ya tenía en su poder el dispositivo y por qué ocultó este extremo en su declaración ante Asuntos Internos en diciembre de 2018. La expolítica respondió que fue porque efectivamente tenía la tarjeta física pero no podía acceder a su interior.
¿Cómo recibe Iglesias la tarjeta?
El magistrado García Castellón también tiene dudas en relación a la recepción del dispositivo. En su primera declaración en marzo de 2019, Bousselham no dijo nada sobre cómo había llegado la tarjeta a manos de Iglesias. Sin embargo, hace apenas dos semanas explicó que efectivamente se la facilitó el presidente del Grupo Zeta. Asensio contactó con Iglesias en enero de 2016 y le dijo que había llegado a sus manos una tarjeta con información de carácter privado e íntimo de su asesora. Esto motivó un encuentro en el que ambos visualizaron los archivos de los que le habló Asensio. En ese momento, la tarjeta era legible e Iglesias se la llevó para entregársela a su dueña; hecho que se produjo medio año después.
Los pantallazos de Telegram
Bousselham siempre ha defendido que el material que guardaba Villarejo en su domicilio de Boadilla del Monte provenía sin lugar a dudas de su teléfono. Principalmente por las capturas de pantalla de conversaciones del partido que acabaron difundiéndose en prensa. Entonces, los investigadores barajaban como tesis principal que lo habría filtrado el comisario jubilado pero, tras admitir en mayo que las capturas las hizo ella misma, el juez ha cambiado de parecer. Bousselham aseguró que las hizo para guardárselas y reenviarlas a personas de su confianza negando categóricamente que las filtrara en el marco de una hipotética enemistad con Iglesias.
Entre el contenido de esas capturas destaca una conversación en la que Iglesias asegura en alusión a la periodista Mariló Montero que la "azotaría hasta que sangrase... Esa es la cara B de lo nacional popular... Un marxista algo perverso convertido en psicópata". Tras la revelación de Bouselham, el instructor considera que estas capturas las pudo haber recabado la prensa "de cualquiera que hubiera estado en posesión de la tarjeta o de quien las hubiese recibido de la propia Dina", lo que, según apuntó, incluiría también a Pablo Iglesias por haberla guardado al menos entre los meses de enero y agosto de 2016 (aunque el magistrado dice que la pudo haber retenido hasta 36 meses).
Los correos de Dina
Esta situación llevó a Bousselham a plantearse, según dijo en su primera declaración, remitir a Berlín la tarjeta para que una empresa alemana se la arreglara, hecho, según dijo en marzo de 2019, que nunca llegó a ocurrir. Sin embargo, hace dos semanas aclaró que como no podía acceder al contenido de su dispositivo la acabó llevando a una empresa alemana. "De ahí el matasellos alemán del sobre que entregó con la tarjeta en el juzgado", dijo el magistrado en su auto del pasado día 25. Estas declaraciones motivaron que el juez le reclamara, tras su testifical, los correos a los que había hecho alusión. "Una vez examinados, se ha podido constatar que no concuerdan con ninguno de los datos aportados por ella en su última declaración", concluye el magistrado.
Estas comunicaciones se intercambiaron entre la pareja de Bousselham y una empresa madrileña entre febrero de 2017 y octubre de 2017. Sá Ferreira envió un disco duro en septiembre de ese año, pero un mes después lo recuperó sin arreglar a la vista del elevado coste que implicaba la reparación. Todo esto ha hecho que el instructor del caso Tándem haya ordenado a Asuntos Internos que analice los 'mails' para aclarar el rastro de la tarjeta desde el robo en 2015 hasta tres años después, así como las alteraciones que la misma pudo sufrir puesto que la Policía Judicial acreditó que el material intervenido en casa de Villarejo había sufrido modificaciones en 2015 y 2016, por lo que no todo él correspondía con el original sustraído a Dina.
Daños y revelación de secretos
Al hilo, advierte el instructor que estos hechos podrían ser constitutivos de delito de daños y de revelación de secretos aunque recuerda que todo lo expuesto "no desacredita" el hecho de que Villarejo accediera y guardara en su domicilio "datos muy sensibles e íntimos de Bousselham sin su autorización". Iglesias siempre ha sostenido al respecto que el robo se enmarca dentro de una operación de las 'cloacas del Estado' para desprestigiar a la formación morada y atribuirle una financiación ilegal. Al respecto, destaca el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) relativo a información falsa de la formación que habría sido elaborado por el comisario Andrés Gómez Gordo, según expuso en sede judicial el exjefe de la UCAO de la Policía Nacional Enrique García Castaño.
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