El apagón nuclear esbozado por el Gobierno con el sector eléctrico ha enfrentado a las empresas propietarias de los siete reactores nucleares en operación y ha provocado un inédito pulso político en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), controlado por el PP, pero con mandato cumplido y en proceso de renovación. Tanto la batalla empresarial como la política tienen claves ocultas. Renace el fantasma de lo que sucedió con la central de Santa María de Garoña (Burgos), un culebrón de diez años que acabó cerrando en 2017 un Gobierno (PP) partidario de la energía nuclear.
Una vez más, como sucedió en Garoña, Endesa e Iberdrola -con el añadido de Naturgy- no se ponen de acuerdo en cómo afrontar la factura del cierre de Almaraz I, el primero de los siete previstos entre 2027 y 2035. El protocolo de cierre ha sido firmado por todas las eléctricas (Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy). Pero el protocolo no significa lo mismo para todos. Es una de las claves. Endesa, partidaria de extender la vida de las centrales lo más posible, lo considera "orientativo", lo que supone que los cierres podrían extenderse, según los casos, más allá de lo previsto en el calendario pactado.
Por el contrario, Iberdrola y Naturgy creen que las fechas de cierre se deben cumplir, lo que implica calcular las inversiones necesarias para llegar a esa fecha sin pillarse los dedos en la contabilidad. Ni un euro más de lo estrictamente necesario. Por esa razón, tanto Iberdrola como Naturgy han defendido en la junta de socios de Almaraz frente a Endesa que se incluyan cláusulas para asegurar que no se superarán determinados niveles de inversión.
Más antigüedad, más inversiones
Las cifras de inversión que manejan las empresas en su pugna no son públicas. Pero fuentes al tanto de las negociaciones atribuyen a Iberdrola el cálculo de que la extensión de las operaciones "a largo plazo" en los horizontes planteados por el Gobierno -46 años de media de vida útil- puede costar alrededor de 170 millones de euros más por instalación en el periodo. Según otras fuentes, el cálculo atribuido a la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán sólo es "un ejercicio teórico para una central concreta y para la hipótesis de extensión de actividad a 50 años".
El debate entre empresas está íntimamente relacionado con otra pelea: la política. Está en juego el control del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El organismo que preside en funciones desde diciembre Fernado Marti, es según su estatuto "el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica". Es decir, tiene la última palabra a la hora de exigir condiciones e inversiones en seguridad a las empresas. Es otra clave en la pelea: un CSN con un perfil más técnico y crítico con el negocio nuclear puede ser también más exigente en la petición de inversiones para instalaciones que son más caras cuanto más antiguas.
El sindicato de técnicos del CSN (ASTECSN) apunta en ese sentido. Según los técnicos, prolongar la vida de las centrales más allá de los 40 años exige más procesos, más inversiones y más personal que trabaje para el funcionamiento seguro de las instalaciones. Será una de las solicitudes que tendrá que afrontar el nuevo CSN tras su renovación.
Más control técnico
En principio, admiten fuentes sindicales y empresariales, el perfil de la mayoría de los candidatos propuestos por el Gobierno para ocupar cuatro vacantes del organismo es más técnico, por lo que sus decisiones pueden estar más alejadas de los planteamientos políticos y empresariales que en el caso de sus predecesores.
El nuevo CSN puede estrenarse con una patata muy caliente. Si los tres socios de Almaraz no llegaran a un acuerdo entre los socios para solicitar la nueva licencia de explotación, la central Almaraz I, cuyo permiso llega hasta 2020, sería la segunda central nuclear clausurada por desacuerdo entre sus propietarios.
La primera central cerrada por desavenencias entre Endesa e Iberdrola fue Santa María de Garoña (Burgos). Las compañías no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre la extensión de su vida útil. Las empresas solicitaron la clausura -que el Gobierno del PP aceptó en 2017-, pese a que el CSN abonó la senda para que prorrogara su actividad, aunque con la oposición de la entonces consejera Cristina Narbona (PSOE).
Javier Dies, el único consejero del CSN con mandato en vigor defendió la prórroga de Garoña más allá de los 40 años. Explicó entonces que en Estados Unidos el debate ya no es si las centrales funcionan hasta los 60 años, sino que en 2019 se empezará a estudiar -y a legislar- para que funcionen durante 80 años. Dies y el presidente Marti se han pronunciado contra la propuesta de renovación del CSN.
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