Cani Fernández, la prestigiosa abogada a la que el Consejo de Ministros ha propuesto este martes como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras cuatro meses como asesora en Moncloa, es la administradora única de una sociedad patrimonial con la que gestiona varios inmuebles repartidos entre Madrid y Barcelona. También tuvo, hasta hace algo más de un año, alguno en Bruselas. El nombre de la firma es Borteo SL y se trata de una empresa dedicada al "alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia". El patrimonio que acumula es de 3,8 millones de euros, según los últimos datos a cierre de 2018.
Borteo SL, tal y como consta en la información depositada en el Registro Mercantil, es una sociedad creada en 1999 en la que Fernández aterrizó como principal administradora en abril de 2016, mientras trabajaba en el despacho Cuatrecasas. Durante unos años la firma se dedicó a la "actividad de servicios jurídicos", la profesión de la candidata a presidir la CNMC. Pero en los últimos ejercicios su actividad principal ha rotado hacia la citada gestión de alquiler de bienes inmuebles. La sociedad patrimonial tiene en nómina a un único trabajador, siempre según los registros oficiales.
En concreto, su objeto social es "la compra, suscripción, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales y extranjeros, por cuenta propia y sin actividad de internnediación con la finalidad de dirigir, administrar y gestionar dichas participaciones". También "promocionar, adquirir, transmitir, enajenar, urbanizar, dividir y parcelar toda clase de inmuebles, terrenos y fincas rústicas y urbanas, así como construir y explotar tales bienes, bien sea directamente, mediante arriendo no financiero o de alguna otra forma válida en derecho, cualquiera que sea el destino o utilización de los mismos". Todos estos detalles están extraídos de las sucesivas cuentas presentadas ante el Registro Mercantil.
Los inmuebles que gestiona la sociedad de la propuesta como presidenta de la CNMC están localizados en zonas céntricas de Madrid y Barcelona. En concreto, en la capital ha gestionado tres propiedades en la calle Augusto Figueroa y otras dos repartidas entre la calle Hortaleza y Embajadores. En la Ciudad Condal, por su parte, ha dispuesto de de bienes inmuebles en la avenida Diagonal: un piso y un terreno. Por último, en la capital belga, donde Fernández estudió y trabajó, ha contado con propiedades en la avenida La Chasse y en la plaza Ambiorix. Estas últimas direcciones en Bruselas, de hecho, se incluían en la rúbrica de "inversiones inmobiliarias" en los balances de 2017 y han desaparecido en las de 2018.
En las mismas cuentas depositadas en el Registro Mercantil de correspondientes a 2018 se añaden dos nuevos inmuebles, situados cerca de Madrid Río, también en la capital. Se trata de sendas propiedades ubicadas en las calles Eugenio Selles y Divino Valdés.
Para adquirir una parte de estas más de una docena de inmuebles (Borteo SL no hace un desglose total de las propiedades que gestiona) la sociedad patrimonial dirigida por Cani Fernández tenía suscritos hasta cinco créditos que a cierre de 2018, último año en el que están disponibles las cuentas de la SL, estaban pendientes de amortizar. En concreto, el saldo pendiente de esos préstamos ascendía a algo más de 450.000 euros.
La sociedad de Fernández cuenta, además, con 725 participaciones en la sociedad Predio do Lado Investimentos imobiliarios, una firma con sede en Lisboa dedicada a la compraventa de bienes inmuebles y de la que dispone un total de 1,45%. El valor teórico de cada participación era de 60,52 euros en 2016 y en 2018 se revalorizaron hasta los 87,61 euros, lo que supone algo más de 63.000 euros. También dispone de dos cuentas bancarias en Bruselas con un saldo de algo menos de 70.000 euros, según consta en los registros correspondientes a 2018. Ambas cuentas se encuentran abiertas en la entidad KBC Brussels.
Las ventajas de una patrimonial
Cani Fernánez ha dedicado tres décadas de su vida profesional a trabajar en un gran despacho de derecho de los negocios como Cuatrecasas, que cuenta con más de mil abogados y unos 200 socios. Cuando un profesional entra a formar parte de la estructura como socio de uno de estos bufetes, lo normal es que los emolumentos de cada año, que dependen de la actividad que se desarrolle en su conjunto, se tributen por el régimen de autónomos, si bien cuando ese socio o socia desarrolla algún otro tipo de actividad económica, puede formar además una sociedad patrimonial o instrumental. Es una práctica habitual en esta profesión y en esos niveles laborales.
Hay que aclarar que, desde un punto de vista técnico, tener una sociedad instrumental aparte de tu dedicación profesional es algo normal y sirve para no mezclar rentas ni deducciones de ambas cosas. El problema y los casos más sonados que ha habido en la actualidad se producen cuando esa sociedad instrumental se crea para declarar los ingresos de tu actividad principal (no la secundaria). En ese momento, el uso de la sociedad se centra únicamente en obtener ventajas fiscales y pagar al Fisco menos de lo que por su renta principal debería (caso Maxim Huerta, por ejemplo).
También la hoy vicepresidenta económica, Nadia Calviño; la ministra de Educación, Isabel Celáa; la exsecretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda; y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, fueron noticia por disponer de patrimoniales. Sánchez, por su parte, defendió en febrero de 2019 que los ministros implicados en estas polémicas tienen su "plena confianza" y que "cumplen con los criterios de ejemplaridad". Argumentó en el Congreso que "todos cumplen sus obligaciones fiscales" y explicó que las sociedades son "figuras legales para la gestión de la renta y el patrimonio".
Hay que recordar que Unidas Podemos, sin embargo, criticó en su día el uso de sociedades patrimoniales por parte de cargos públicos. Lo hizo con motivo del 'caso Duque': "Si esto es así, habrá que analizar bien la información y pedir explicaciones convenientes, y si no son convincentes, exigiremos responsabilidades", aseguró en 2018 el entonces diputado Segundo González en declaraciones a los periodistas en el Congreso. También el PP y Cs criticaron la situación.
Abogada de sobrada experiencia y conocimiento, Fernández es especialista en cuestiones de defensa de la competencia, área para la que fue fichada en Moncloa tras fajarse en sectores claves de la economía europea como la energía o los desarrollos verdes. En su sector, y como explicaba el lunes este periódico, pocos profesionales tienen el curriculum de la aspirante. Primera socia de Cuatrecasas, dirigió su oficina en Bruselas durante años. Su futuro pasa ahora por coger el relevo de Marín Quemada al frente del mayor supervisor del Reino. Un desafío no pequeño.
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