Corrochano exige a BBVA las facturas de Villarejo para demostrar su inocencia

El exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano ha aprovechado la prórroga de la investigación relativa a la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte del banco para recordar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que aún tiene pruebas pendientes de recabar. Tan solo un día después de que se acordara extender esta línea indagatoria del caso 'Tándem' hasta el próximo 29 de julio, el exdirectivo, uno de los principales investigados, ha exigido que la entidad financiera aporte las facturas que se abonaron entre 2004 y 2017 al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto, para demostrar que siempre cumplió con la normativa interna. 

Se trata de una petición que Corrochano plasmó en un escrito presentado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 el pasado mes de octubre, en el que explicaba cómo y por qué se decidió contratar con el expolicía a partir de 2004. Una 'confesión' que llegó tras llevar dos años guardando silencio -se negó a declarar cuando fue imputado- y que provocó que el magistrado instructor, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, le llamara a declarar para escuchar de viva voz todas las manifestaciones expuestas en dicho documento y poder valorar la pertinencia de practicar las diligencias que solicitaba. En este sentido, el pasado 21 de diciembre compareció ante el juez y únicamente contestó a las preguntas de su defensa para ratificar que la relación comercial con Villarejo comenzó en diciembre de 2004 después de que el expresidente de BBVA Francisco González le encargara encontrar una empresa que pudiera frenar la OPA que Sacyr Vallehermoso.

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El objetivo de dicho escrito era dejar claro que no se lucró con los trabajos del espía y para ello aportó un informe pericial sobre los movimientos de sus cuentas bancarias que concluía que el origen de todos los beneficios que obtuvo durante los años que trabajó para el banco eran ajenos a los servicios que prestó el expolicía. De este modo, justificó que el ingreso de más de 2 millones de euros viene derivado del cobro de nóminas y la venta de varios inmuebles, coches, e incluso de un caballo. 

Asimismo, Corrochano detalló las facturas que desde BBVA se abonaron a Cenyt a lo largo de 13 años, y por las que se pagaron más de 10,3 millones de euros, para despejar cualquier sospecha de que eludió los controles internos del banco para costear los encargos realizados a Villarejo. "En la contratación don Julio Corrochano se ajustó a la normativa del banco: lo hizo a requerimiento del presidente (Francisco González), y con el consentimiento y la plena información de su jefe don Ángel Cano, consejero responsable de la Seguridad del banco, al que se le dio traslado de los informes recibidos de Sacyr, y con conocimiento del departamento de Comunicación del banco, que fue el que trasladó a Cenyt el objeto concreto del servicios que se solicitaba", señaló su defensa en escrito enviado al juez en octubre, en alusión a la primera contratación del comisario jubilado en 2004. 

Además, indicó que otros servicios que prestó Villarejo dependían de otros departamentos de la entidad. Por ello, para aclarar cuál fue la verdadera intervención del departamento de Seguridad de BBVA en este asunto, el que fuera su responsable solicitó al juez García Castellón que requiriera al banco una serie de documentación relacionadas con las facturas emitidas desde 2004 a 2017. Una petición que la defensa de Corrochano reitera en un escrito con fecha del pasado 28 de enero, al que ha tenido acceso La Información, tras afirmar que el magistrado instructor "sigue sin pronunciarse" sobre la admisión de sus peticiones de práctica de diligencias "pese a que sin embargo ha proveído y resuelto solicitudes" propuestas por "muchas de las otras partes personadas en el procedimiento" en fechas posteriores a las suyas.

Batería de diligencias

Así, entre la batería de diligencias, Corrochano interesa que BBVA "informe del número de facturas financieras" emitidas durante los 13 años que se contrató con Cenyt, especificando el año y el departamento concreto que se hizo cargo de ellas, así como el "porcentaje" que corresponde al departamento de Seguridad, además de indicar datos relativos al centro de costes. Asimismo, reitera la necesidad de que el banco entregue un ejemplar del libro publicado en 2016 sobre "Riesgos de Yihadismo", que se envió a todos los países donde BBVA tenía presencia. El exjefe de Seguridad explicó al respecto, en su escrito remitido en octubre, que la factura abonada en diciembre de 2015 por el importe de 175.000 euros bajo el concepto "Servicio de vigilancia y protección personal de alta dirección de BBVA e instalaciones. Identificación y evaluación de la amenaza yihadista al grupo BBVA" englobó dos servicios, uno relacionado con Ausbanc y el otro con el análisis del riesgo terrorista. Y en este último contexto se elaboró un informe sobre "riesgo y criminalidad" de todos los más de 30 países en los que el banco tenía intereses, cuyo contenido se publicaron en formato libro y digital.

Con todo ello, para reforzar su defensa, Corrochano insiste al juez que ponga fecha a la declaración del perito que analizó sus cuentas, para que pueda ratificar en sede judicial que el exjefe de Seguridad no sacó provecho con la contratación de Villarejo. Por último, también solicita que se cite a declarar como testigo a cinco empleados de BBVA que tuvieron relación con la facturación y contabilización de los pagos a Cenyt para que corroboren que no todas las facturas de las empresas del comisario jubilado corrieron a cargo del departamento de Seguridad. De este modo, Corrochano busca demostrar que en algunas de ellas solo realizó "gestiones" para facilitar su tramitación, a petición de otras áreas como el de Riesgos, que entonces dirigía Antonio Béjar, otro de los imputados que también tratar de probar que su intervención no fue relevante para el pago de los trabajos en cuestión.