Después de casi un año y dos olas de la Covid-19, el Gobierno no ha podido solucionar las interrogantes que giran en torno a su gestión de la pandemia. Las denuncian en su contra se apilan en los tribunales mientras tratan de explicar lo inexplicable: cómo desaparecen muertos, se borran hospitalizados, se crean categorías de contagiados que desinflan las estadísticas… Este medio ha destapado gran parte de las irregularidades en el balance de los estragos del virus en el país. Sin embargo, este no es el único frente donde el Ejecutivo ha 'tropezado'. Los inquilinos de la Moncloa fueron el blanco de las críticas por un comité de expertos que nunca existió, la desprotección de los sanitarios en los centros, compras de equipo defectuoso, contrataciones a dedo... La lista de irregularidades es larga y nubla la vista de cualquiera que intente echar un poco de luz a este año cargado de incertidumbre.
Las primeras denuncias de la oposición y parte de la sociedad civil se produjeron por la negativa del Ejecutivo a cancelar la marcha del 8-M. Y es que los miembros del equipo de Sánchez comparecieron en público durante esos días para dar mensajes de calma como que en España solo va a haber uno que otro contagio, y que ellos le darían permiso a sus hijos para asistir a la manifestación. Ya han pasado casi 10 meses de ese acontecimiento, y España acumula más de un millón de contagiados y 49.000 muertos por el virus. En los últimos diez meses, las autoridades han 'jugado' con las cifras y retocado la estructura de los informes haciendo menos dramáticos los totales, pero los datos de otros gobiernos autonómicos y el propio INE hacen que sea imposible esconder bajo el tapiz la dimensión de esta crisis.
Los datos del gráfico anterior evidencian la disparidad entre los datos de los infectados por la Covid que manejan Madrid y Cataluña, y los que publica Sanidad todos los días. Algo parecido ocurre con los fallecidos. Los expertos del Instituto Nacional de Estadística estiman que a los balances que presenta el vocero de la crisis, Fernando Simón, les 'faltan' 18.557 víctimas mortales de la cepa.
El abismo entre los datos que utiliza el Gobierno para tomar sus decisiones y los que han publicado entidades externas es grande. Esto ha generado mucha inquietud entre la ciudadanía, que vive cada comparecencia del Gobierno como una montaña rusa de emociones por las 'sorpresas' que aparecen muy a menudo. Un ejemplo lo muestra el siguiente gráfico, que ilustra cómo el pasado 4 de noviembre 'desaparecieron' 15.056 hospitalizados y 2.185 ingresados en UCI de un plumazo.
Las caras de la discordia
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha sido el encargado de rendir cuentas a la ciudadanía por la crisis sanitaria en las ruedas de prensa diarias. Hoy es todo un personaje y ya protagoniza hasta líneas de 'merchandising'. Para unos es un héroe y para otros un villano que encubre la magnitud de la crisis en la que está sumergida España. Sin embargo, su figura no es la única que ha sido cuestionada.
Un grupo de funcionarios y uniformados acompaño a Simón en las comparecencias, pero desapareció después por órdenes de Moncloa. Estos eran Carlos Pérez Martínez, director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad); José Manuel Santiago, general del Estado Mayor de la Guardia Civil; José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional; y María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad. La controversia más aguda la protagonizó José Manuel Santiago Marín tras afirmar que el Gobierno persigue bulos en las redes sociales y obligó al Gobierno a explicar sus actuaciones en Internet. El Ejecutivo apoyó al general y salió en su defensa, pero no tardó en sacarlo a él y a los otros funcionarios del plató para evitar otros incidentes.
Suma y sigue. El Gobierno se volvió a ver tras las cuerdas cuando una querella del Partido Popular lo forzó a desvelar nunca existió ese comité de expertos en el que tanto se apoyó para respaldar sus decisiones durante la desescalada. El equipo de Sánchez repitió hasta el cansancio que no iba a publicar los nombres de los miembros de ese grupo para protegerlos de los ataques de los medios, pero las presiones políticas y sociales los obligaron a admitir que dicho comité era una cortina de humo. Lastimosamente, la historia se repite ahora. El Consejo de Transparencia ordenó el pasado 30 de noviembre al ministro de Sanidad, Salvador Illa que dé a conocer los nombres de los integrantes de otro comité de expertos, pero todavía no se sabe nada.
La tercera ola parece algo inevitable, al igual que los 'deslices' que han caracterizado a la gestión de la pandemia en España. Las dudas sobre el número de afectados y fallecidos por la Covid, los recursos que se han destinado para combatirla y cuán deteriorada ha quedado la economía no han hecho más que crecer en los últimos días. Con la disparidad de datos entre el Gobierno y otras entidades como tónica general, establecer balances o conclusiones correctas será un deseo que habrá que dejar, tal vez, para la próxima Noche Vieja.
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