Cuatro de cada diez españoles dudan de la viabilidad económica del SMI a 900 euros

  • Los ciudadanos apoyan el 'paquete social' pactado por Gobierno y Podemos: entienden que son medidas que había que tomar y que el país las puede asumir
Gráfico Clima Social Octubre Metroscopia
Gráfico Clima Social Octubre Metroscopia

La medida social más cuestionada en el ámbito político y económico de todas las incluidas en el pacto Gobierno-Unidos Podemos para encarrilar los Presupuestos de 2019 es también la que genera más dudas a la ciudadanía. La decisión de elevar de una tacada en un 22% el Salario Mínimo Interprofesional hasta llevarlo a los 900 euros al mes (14 pagas) no sólo divide claramente a los españoles, entre el respaldo casi generalizado de los votantes del PSOE y de Unidos Podemos y el rechazo mayoritario de los del PP y Ciudadanos, sino que genera grandes dudas sobre su viabilidad económica a cerca de un 40% de la población.

Así lo refleja el barómetro de Clima Social correspondiente al mes de octubre elaborado por Metroscopia para los medios del Grupo Henneo, en virtud del cual cuatro de cada diez españoles (un 37% de la población, en concreto) no considera viable económicamente abordar una subida de semejante porte en el Salario Mínimo en 2019. Los que más reparos ponen a la medida son los votantes del PP y de Ciudadanos: sólo un 36% de los votantes del PP considera que las empresas españolas puedan asumir una subida como la acordada en estos momentos, mientras que entre la formación 'naranja' sus simpatizantes se dividen casi a la mitad entre los que consideran que es viable y los que la ven inviable.

Entre los votantes de izquierda no existe debate. No solo respaldan la subida del Salario Mínimo de manera casi unánime, sino que en una amplia mayoría consideran que el país sí se la puede permitir.

Respaldo generalizado al 'paquete social' del pacto presupuestario

La subida del Salario Mínimo es, de hecho, la única medida de carácter social de las incluidas en el pacto presupuestario Gobierno-Podemos que genera una cierta controversia política. La opinión generalizada es que los contenidos que han trascendido del acuerdo presupuestario serán buenos para el país y darán cobertura a situaciones que requerían de una solución con cierta urgencia.

A la luz de los datos obtenidos por Metroscopia, el 47% de los ciudadanos considera 'buenos' los acuerdos alcanzados por Gobierno y bloque de izquierdas, frente a un 37% que los considera 'malos' para el país. 

El análisis fino de esos datos revela que pese a esa oposición política, el paquete de medidas sociales que se pretenden impulsar disfruta de un respaldo mayoritario entre la población. Cuando se le pregunta a los ciudadanos por el nivel de urgencia de adoptar las medidas sociales incluidas en el acuerdo aflora un respaldo social bastante generalizado. El 91% considera que era crítico ampliar la inversión para la protección de las personas dependientes; el 87% también consideraba urgente avanzar en un nuevo sistema que permite a los autónomos cotizar por sus ingresos reales; el 85% también veía urgente restablecer el subsidio para mayores de 52 años; y el 76% también exigía alguna medida sobre el precio de los alquileres, en la línea de lo acordado.

La medida que era considerada menos urgente por los españoles es la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad y su carácter intransferible. Solo un 59% la veía como una necesidad.

Ahora bien: ¿creen los españoles que el Presupuesto puede soportar las nuevas cargas introducidas por estas medidas, que se eleva en torno a los 2.000 millones de euros, según las estimaciones del propio Gobierno? La opinión mayoritaria es que sí, que los Presupuestos pueden asumir esos gastos sin generar problemas económicos. Como en todo hay grados.

La iniciativa que consideran más viable presupuestariamente es que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales (79%), una medida que reduciría las cargas a un puñado de miles de autónomos que trabajan de forma esporádica y que están obligados a cotizar por la base mínima, pero que también elevaría la cotización a decenas de miles de profesionales que aún percibiendo sueldos elevados cotizan por la base mínima para optimizar sus retribuciones. De hecho, según cálculos de UPTA, este nuevo esquema no sólo no costaría dinero al Presupuesto de la Seguridad Social sino que le aportaría.

Tres de cada cuatro españoles opinan que mejorar los recursos a la dependencia (515 millones de euros de gasto extra) y regular mejor los precios de los alquileres abusivos tampoco haría daño alguno ni a la economía ni al presupuesto; y aunque con un mayor grupo de escépticos los españoles también consideran viable el restablecimiento del subsidio de desempleo para mayores de 52 años (actualmente en 55 años), que costaría 323 millones de euros, y la equiparación de las bajas de maternidad y paternidad, con un coste inicial en 2019 de 300 millones de euros, por la extensión del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas.

Mostrar comentarios