De millones, papeles, pendrives y una celda en Soto del Real

Nieves Albarracín

Madrid, 13 dic.- De conocerse que atesoraba más de 48 millones en Suiza a tomar las uvas en una celda de Soto del Real. Así empezó el año y así lo acabará Luis Bárcenas, el hombre que, esgrimiendo unos papeles con apuntes contables de una supuesta caja B del PP, ha tratado de poner en jaque al Gobierno en su huida hacia adelante.

Mientras, el que sin duda ha sido el personaje del 2013 nos ha enseñado su afición por el esquí y el montañismo, lo que es un abrigo Chester, el portal de su casa en 'la milla de oro' de Madrid, cómo se hace 'una peineta' y cómo se empuña un pendrive como arma de chantaje.

Y es que el extesorero más famoso de España perdía su anonimato el 16 de enero. Ese día se hacía pública una comisión rogatoria de Suiza con la que se descubría que había llegado a tener 22 millones en cinco cuentas en el Dresdner Bank, que vació al estallar el caso Gürtel en 2009.

A partir de ese momento se le presentó a Bárcenas un escarpado horizonte judicial que creía haber sorteado cuando en 2011 el instructor de esta causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, le dejó fuera de la investigación.

La respuesta no se hizo esperar. Su por entonces abogado, Alfonso Trallero, anunciaba al día siguiente de darse a conocer su fortuna en Suiza que su cliente había legalizado ese dinero acogiéndose a la llamada amnistía fiscal. Lo que dio lugar a un desmentido del Ministerio de Hacienda.

Días después, el 18 de enero, El Mundo publicaba que en el PP se habían pagado sobresueldos en dinero negro a altos cargos del partido. Desde la dirección del PP lo negaron y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció una auditoría interna y otra externa en una comparecencia ante los medios a través de una pantalla de plasma.

El 31 de enero, El País contraatacaba y publicaba las fotocopias de lo que bautizaba como "los papeles secretos de Bárcenas", que supuestamente reflejaban una supuesta contabilidad B del PP.

El extesorero no los reconoció como suyos, ni les dio credibilidad cuando la Fiscalía Anticorrupción tomó cartas en el asunto y le llamó a declarar el 6 de febrero.

En esas fechas comenzó un cruce de demandas entre miembros del PP y el extesorero, que denunció a su partido por el robo de dos ordenadores y por despido improcedente a raíz de la publicación de los "papeles de Bárcenas", mientras que dirigentes del partido como la secretaria general, María Dolores de Cospedal, contraatacaron con una denuncia por delitos contra el honor.

Mientras tanto, el proceso judicial en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel seguía su curso y el 25 de febrero el extesorero compareció ante el juez Pablo Ruz para aclarar que en Suiza no tuvo 22 millones, sino que llegaron a ser 38.

Sin embargo, esta cifra no era la definitiva y se elevó a los 48,2 millones en una nueva comisión rogatoria de Suiza con las cuentas que mantuvo abiertas en la entidad Lombard Odier.

Tan desorbitada cifra merecía una explicación. El extesorero trató de argumentarla ante el juez con una operación de compraventa de cuadros, además de con su pericia en bolsa y en el mercado inmobiliario.

Nada de eso convenció al juez Pablo Ruz, máxime tras conocer de boca de la presunta compradora de unos cuadros propiedad supuestamente de la mujer de Bárcenas, valorados en 560.000 euros, que firmó esos contratos ficticios a cambio de dinero.

La confesión de la pintora argentina Isabel Mackinley, vía videoconferencia desde Buenos Aires, le valió al matrimonio Bárcenas la imputación de nuevos delitos -fraude procesal en grado de tentativa y falsedad documental- que se sumaban a los de fraude fiscal y blanqueo.

Ruz llamó a ambos a aclarar estas cuestiones y les citó de nuevo el 27 de junio. Ese día, el extesorero llegó a la Audiencia Nacional luciendo la mejor de sus sonrisas y con ese aura de estrella mediática que acompañaba a cada una de sus apariciones a pesar de los insultos de "chorizo" que en muchas de ellas tuvo que escuchar.

No parecía presagiar que su destino iba a cambiar de forma abrupta. Y precisamente de manos de la Fiscalía Anticorrupción, que de forma inesperada pidió prisión incondicional para Bárcenas al ver aumentado el riesgo de fuga por haber transferido dinero de sus cuentas en Suiza aún sin bloquear a otras en EEUU y Uruguay.

Tras una tensa espera, Ruz le envió a Soto del Real y a partir de ese momento la estrategia de defensa del extesorero dio un giro de 180 grados.

Una entrevista con el director del diario El Mundo Pedro J. Ramírez antes de su entrada en prisión, publicada el 8 de julio bajo el título de "Cuatro horas con Bárcenas", ilustraba ese cambio de rumbo. El extesorero afirmaba ya abiertamente que el PP había estado financiándose de forma ilegal durante 20 años, a través de donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas.

La confesión provocó la inmediata ruptura con los abogados que le habían estado representando desde que estallara el caso Gürtel, el catedrático Miguel Bajo y Alfonso Trallero.

Al día siguiente de publicar la entrevista, Pedro J. entregaba los originales de los papeles de Bárcenas en la Audiencia Nacional y Ruz llamaba de nuevo a declarar al extesorero, de cuya defensa pasaba a hacerse cargo el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño.

El 15 de julio, Bárcenas comparecía ante el juez y lo hacía cargado con munición para "tirar de la manta". Abundante documentación repartida en nueve carpetas de colores y un pendrive con apuntes contables de su puño y letra, que fijaban en 8,3 millones de euros el "dinero negro" que se manejó durante dos décadas en el PP.

En su declaración de cinco horas, el extesorero implicó en esas prácticas a altos cargos del PP, fundamentalmente a los secretarios generales del partido, lo que derivó en la citación como testigos de las personas que en distintas fechas habían ocupado ese cargo.

El 13 de agosto lo hacían Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos y, al día siguiente, María Dolores de Cospedal, negando todos ellos las acusaciones de su extesorero.

Cospedal también rechazó que fuera cierto el pago de 200.000 euros supuestamente entregado por el expresidente de Sacyr Luis del Rivero al PP de Castilla-La Mancha para la campaña de las elecciones autonómicas de 2007, a cambio de una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo.

Como prueba de esa aportación, Bárcenas había proporcionado un recibí por esa cantidad firmado por el gerente del partido en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas.

Precisamente, Cañas ha sido uno de los últimos imputados en el caso Bárcenas, además del exgerente del PP Cristóbal Paéz y el arquitecto que reformó la sede del partido en la calle Génova, Gonzalo Urquijo.

A estos dos últimos les imputó Ruz delitos fiscales en un auto en el que, basándose en un informe policial, confirmaba "a nivel indiciario (...) la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad" oficial. EFE

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