El Tribunal de Cuentas ha comunicado ya a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al exvicepresidente Oriol Junqueras y a otros 39 ex altos cargos de Cataluña, la liquidación provisional complementaria por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, a la que tienen que hacer frente. El total asciende a 5.422.879,48 euros que la Generalitat habría gastado en difundir sus proyectos de ruptura con España entre el año 2011 y 2017 por todo el mundo. De ello, 5.151.156 corresponden a principal y 271.723,48 euros a intereses, según ha podido confirmar La Información.
Entre las cuantías, la más alta es la de Mas, con 2,8 millones de euros, seguido del 'expresident' fugado Puigdemont (1,9 millones) y por último el recién indultado Junqueras, 1.932.323 millones. Se trata de cantidades que serán reclamadas a cada uno de manera individual, si bien todos deberán responder a la fianza total de forma solidaria, según han explicado fuentes del órgano fiscalizador. El Tribunal de Cuentas ya fijó un importe de 4.146.274,97 euros con motivo de la organización del referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017, una cantidad que fue garantizada como fianza por los presuntos responsables contables para evitar el embargo de bienes ante una posible futura condena. Ambas cantidades serán sumadas para su próximo enjuiciamiento conjunto.
Los citados, entre los que también se encuentran los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull o Francesc Homs, podían elegir acudir en persona o delegar su comparecencia ante el Tribunal de Cuentas en su representante legal para la defensa de sus derechos e intereses. También ha citado a la Generalitat, a Diplocat, a los Abogados Catalanes por la Constitución, a Sociedad Civil Catalana, a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal.
El Tribunal de Cuentas ha englobado en ocho grandes apartados las actuaciones que considera que han sido objeto de desvío de fondos, como los viajes al exterior del presidente y consejeros de la Generalitat; actividades de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea; delegaciones del Gobierno en el Exterior y ante la Unión Europea; actividades de promoción del proceso soberanista, Patronato de Cataluña Mundo-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña; y contratación, personal, servicios y subvenciones del Patronato.
En concreto, la instrucción del Tribunal de Cuentas ha concluido que las actividades a las que más fondos públicos se han dedicado han sido las relacionadas con la "promoción del proceso soberanista", que se ha cifrado en 1.536.191,73 euros; o en la contratación, que se cree que se habría gastado 1.392.300 euros. El órgano no atribuye a todos los presuntos responsables contables todos los apartados, sino que les relaciona a cada uno de ellos dependiendo del periodo temporal en el que han desempeñado sus cargos. De este modo, los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont no son responsables de todos y cada uno de los bloques.
Documento de 504 páginas
Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán tres horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representen2, lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas, según han informado fuentes presentes en el acto a La Información.
El primero de los abogados en acudir a la sede de la calle Torrelaguna, 79, en Madrid ha sido el letrado del expresidente catalán huido Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. "Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento", ha dicho en declaraciones a la prensa para luego insistir en que, tras conocer la información que le será facilitada por el órgano, alegará la "indefensión" ante la que dicen encontrarse, ha informado Europa Press.
En este sentido ha denunciado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo "unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Cataluña, por la vía de coartar la acción exterior de Cataluña, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional".
Francesc Homs -otro de los letrados en el procedimiento, quien fuera portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso de los Diputados inhabilitado por el Tribunal Supremo por apoyar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014- también ha reprochado que los abogados se enteraran de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa. Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.
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