El juez inicia una última ronda sobre Iberdrola sin la protección de Del Olmo

La Audiencia Nacional acoge a partir de este martes, y hasta el viernes, una amplia batería de testigos relacionados con el denominado caso 'Iberdrola' con un asunto de relevancia sin resolver: si el ex 'controller' de la eléctrica José Antonio del Olmo, al que se considera un testigo "clave" para esta línea de investigación de la macrocausa 'Tándem', tendrá una especie de protección con el objetivo de frenar o suavizar la ofensiva iniciada por la compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán contra él. El juez instructor Manuel García Castellón se encuentra a la espera de recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre si considera pertinente aplicar medidas de protección sobre este exdirectivo de la multinacional vasca, que advirtió de que la cúpula directiva conocía las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo con la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El pasado 27 de enero, en el auto por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, acordaba prorrogar la pieza 17 del caso 'Tándem' (o también conocido como 'caso Villarejo'), apuntó la necesidad de que a Del Olmo se le aplicaran algunas de las medidas que recoge la directiva europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones (conocida como 'directiva whistleblower'), como puede ser la suspensión de otros procedimientos secundarios hasta que no concluya el principal. A raíz de la documentación que el exdirector de Control Corporativo de Iberdrola y su declaración en la causa, la compañía eléctrica abrió varios frentes judiciales en distintos tribunales para tratar de desmontar sus afirmaciones.

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Diversas fuentes jurídicas consultadas por La Información advierten de que la mencionada directiva aprobada en octubre de 2019 por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo aún no ha sido objeto de transposición en España, es decir aún no se ha integrado a la legislación nacional. Aún así, explican que los jueces pueden buscar el "efecto directo" o interpretar las normas españolas vigentes que sean coherentes con las previsiones de la directiva para garantizar su aplicación a los "justiciables". Y eso es lo que precisamente pretende hacer el juez instructor, que, según señalan fuentes cercanas a esta causa, espera a contar con el pronunciamiento de los fiscales del caso, quienes aún no ha trasladado su opinión.

El futuro procesal del ex 'controller' depende de esta decisión, pues subiría un escalón en su estatus procesal, que ha pasado de ser testigo a imputado y viceversa. En este sentido, las fuentes jurídicas destacan que no es lo mismo que esta semana se enfrente a las declaraciones de una quincena de testigos y un nuevo imputado como un mero testigo más, que con una especie de amparo de los investigadores, que podrían frenar cualquier tipo de acusación o implicación en la causa. Entre los testigos destaca el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño -encausado en otras líneas de investigación de la macrocausa- para confirmar si él, abusando de su condición de comisario, era el "proveedor" de los datos telefónicos que usó Villarejo para desarrollar los distintos 'proyectos' que vendió a Iberdrola entre 2004 y 2017. Asimismo, la ronda de declaraciones la cerrará Enrique Victorero, exjefe del área internacional de Seguridad de Iberdrola, citado como investigado.

Varios frentes judiciales

Iberdrola consiguió que Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao condenara a su exdirectivo por violación de secretos empresariales al sustraer documentos "confidenciales" relativos a facturas que documentaban pagos de la eléctrica a proveedores de seguridad y miembros de la administración y que sirvió para armar el informe que en 2019 entregó a la Audiencia Nacional. En relación con esta documentación, la compañía de Sánchez Galán también presentó acciones penales por el presunto delito de revelación de secretos, hechos que se analizan en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. En paralelo, la compañía también ha presentado una demanda laboral contra Del Olmo.

Pero quizás el litigio más trascendental de todos es la querella por falsedad documental que los abogados de Iberdrola presentaron contra Del Olmo por el documento que redactó y depositó ante notario en 2004 y que posteriormente pasó a formar parte del 'caso Villarejo'. Un escrito en el que el juez García Castellón se ha apoyado -junto con las anotaciones de las agendas del agente encubierto y sus audios- para imputar al presidente de la eléctrica y su cúpula directiva por los delitos de cohecho activo, falsedad en documento mercantil y contra la intimidad. La querella llegó a la Audiencia Nacional después de que una juez de Bilbao se inhibiera a su favor, por lo que el magistrado de 'Tándem' aceptó investigar si dicho informe se creó para perjudicar los intereses de Iberdrola, otorgándole así a la empresa la condición de acusación particular.

Sin embargo, el juez, que no ha llegado a practicar ninguna diligencia de investigación al respecto, ha llegado hasta en dos ocasiones a archivar la querella y expulsar a la primera compañía eléctrica a nivel nacional como perjudicada en la investigación. La última vez fue en la resolución del pasado 27 de enero, en la que constataba que el informe en cuestión es un "documento necesario para el esclarecimiento de los hechos" y señalaba que podrá ser sometido a contradicción en la instrucción, incluso utilizado como una prueba válida en un posible juicio oral. Así, indicó que el análisis sobre su veracidad "deberá posponerse hasta la conclusión de la investigación y, de producirse, del enjuiciamiento de los hechos supuestamente delictivos para los que se sigue esta pieza separada". Por todo ello, el magistrado pidió a la Fiscalía y a las partes que informaran sobre la posibilidad de aplicar medidas de protección a Del Olmo.