El Supremo se opone a los indultos para los condenados por el 'procés'

El Tribunal Supremo ha informado este miércoles negativamente sobre la concesión de indultos a los 12 condenados por el delito de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia por su participación en el proceso independentista de Cataluña. Se opone a cualquier forma de indulto –total o parcial- al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

El informe del Supremo, que no es vinculante, se conoce justo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volviera dejar ver su posición a favor de conceder los indultos a los líderes independentistas durante una rueda de prensa en Bruselas tras el Consejo Europeo. En ella afirmó que tomará la decisión al respecto guiándose en los valores "constitucionales de la concordia, el diálogo, y por la superación de la crisis que desgarró la sociedad catalana", y no por "venganza" ni "revancha".

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Una vez elaborado su informe, el alto tribunal remitirá los 12 expedientes --uno por cada condenado-- al Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, junto a los informes de los servicios penitenciarios, el de la Fiscalía y el de la Abogacía del Estado. Será el ministro quien eleve las propuestas de indulto al Consejo de Ministros, que finalmente deliberará y tomará la decisión final. 

Pretenden corregir la sentencia

En un documento de 21 páginas, dirigido a Carlos Campo, y los seis magistrados que juzgaron el 'procés' explican que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados; que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos; y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido de la medida de gracia porque "dibujan una responsabilidad penal colectiva" y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el alto tribunal el 14 de octubre de 2019.

El informe, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, destaca que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia". Tras ello, subraya que, más allá de "lecturas parciales e interesadas", el delito de sedición es algo más que un delito contra el orden público, sino "un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”.

Así, la Sala de forma unánime afirma que las razones invocadas por terceros para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta a los condenados por el 'procés' pierden cualquier justificación “cuando se presentan como presos políticos". Son "autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”, subraya.

Voluntad de reincidir

En este sentido, destaca que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición, algo que no ve que haya ocurrido en este caso puesto que los condenados no sólo no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento, sino que ya han expresado su voluntad de repetir sus acciones. Por ello, los magistrados  creen que no se puede "atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito". 

"El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos --de incuestionable legitimidad constitucional-- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía”, enfatiza el Supremo.

El tribunal cita las últimas palabras del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, en el juicio celebrado entre febrero de 2019, en el que afirmó que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. Esta es  “la mejor expresión" por las que el indulto se presenta como "una solución inaceptable", dicen los magistrados.  "Expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual”, sentencian los magistrados.

Rechazo de los condenados a presentar alegaciones

Además, recuerdan que la mayoría de los condenados, salvo Cuixart y el exconsejero Santi Vila --sólo condenado por desobediencia--, rechazaron presentar alegaciones sobre la solicitud de sus indultos. En esta línea, indica el informe que "por razones estratégicas de una u otra naturaleza", en algunos casos, esa voluntad de ser indultado no ha llegado a exteriorizarse públicamente o se ha llegado a  sugerir de "manera indubitada" un rechazo a esa medida de gracia solicitada por otros. En otros casos, prosigue la Sala, "la indiferencia o indolencia, aparente y puramente fingida o real", sitúa a algunos penados en "las antípodas de lo que en abstracto sería la actitud que cabe esperar de quien aspira a ser indultado".

El informe también repasa el informe de la Administración Penitenciaria y deja un recado a esta institución, pues recuerda que ha tenido que "corregir una y otra vez" sus decisiones tras conceder la progresión al tercer grado de los condenados. "Ha entorpecido de forma notable el cumplimiento de los fines de la pena", afirma. 

Por último, la Sala no entiende bien la preferencia de Cuixart, que en reiteradas ocasiones ha dicho que su prioridad no es salir de prisión sino la resolución del conflicto político, a acogerse a una amnistía para extinguir la pena impuesta sobre el indulto. Los magistrados señalan que la "enseñanza histórica" evidencia que "en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales”.