El exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano ha optado por guardar silencio ante el magistrado del caso Villarejo, Manuel García Castellón. Apenas 20 minutos después de entrar en la Audiencia Nacional, el exCeo del banco y el exdirectivo de contabilidad Ricardo Gómez han abandonado las dependencias acompañados de su letrado y sin que pese sobre ellos ninguna medida cautelar por su presunto conocimiento de los encargos de espionaje del banco al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Según informan fuentes jurídicas, los dos directivos que quedaban por desfilar ante García Castellón tras la batería de citaciones acordadas en esta pieza novena del caso Tándem se han acogido a su derecho a no declarar, tal y como hicieron el resto de investigados, a excepción del actual presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, el cual sí reconoció contratos con el entramado empresarial de Villarejo pero para localizar a clientes morosos de la entidad.
A diferencia del exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano -al que el juez dejó en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros- en el caso de Cano la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido ninguna medida cautelar. Una vez fuera de las dependencias judiciales y ante las preguntas de los periodistas, el que fuera número dos de Francisco González ha negado que trajera documentos consigo y ha respondido afirmativamente cuando se le ha preguntado si está dispuesto a colaborar con la Justicia. "Absolutamente", ha respondido antes de poner rumbo al despacho de su abogado, José Bonilla.
El magistrado imputó la pasada semana a un total de ocho directivos del banco -entre ellos el propio Cano y Julio Corrochano- por el encargo que efectuó la entidad al Grupo Cenyt, de la que es administrador el comisario jubilado. El instructor les atribuye a todos ellos los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos por su conocimiento sobre este asunto y porque algunos de ellos figuraban como responsables de departamentos de los que dependían las cuentas bancarias a través de las cuáles se transfirieron los pagos al entramado,que alcanzaron los 10 millones de euros.
Aunque la mayoría de los ya investigados confiaron su defensa al prestigioso despacho de derecho penal económico de Gonzalo Rodríguez Mourullo, Cano se desmarcó apostando por José Bonilla Pella, especialista también en delitos económicos y que en 2015 fichó como socio responsable de derecho penal para la oficina en Madrid de Jones Day. Con todo, el coste de este litigio que acaba de comenzar lo está asumiendo la póliza de seguros contratada por la entidad con Mapfre; incluido el relativo a Cano y Corrochano aunque ya no estén vinculados directamente a la entidad.
Villarejo protege a FG y apunta a Corrochano
El cierre de filas en la cúpula del banco debido especialmente a que las actuaciones siguen practicándose bajo secreto de sumario, no impidió al principal acusado de este macroprocedimiento pronunciarse sobre este asunto concreto y bautizado con el nombre de 'operación Trampa'. Tanto el magistrado instructor como los fiscales del caso se trasladaron este miércoles a la prisión de Estremera para interrogar a Villarejo por este encargo, el cual enmarcó como un asunto clave en la defensa de la soberanía nacional.
De acuerdo con su relato, el banco, por medio de Corrochano, acudió a sus servicios entre 2004 y 2005 ante el temor de que Sacyr entrara en el capital del banco. El entonces presidente, Francisco González, sospechaba que esta operación se estaba fraguando en connivencia con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que derivó en que Villarejo terminara pinchando numerosos terminales de periodistas, empresarios y políticos del país. Las gestiones las dirimió directamente con Corrochano, el cual aterrizó en el BBVA tras décadas de activo en el cuerpo de la Policía Nacional.
Con todo, Villarejo no apuntó en ningún momento a Francisco González recalcando que ni tan siquiera mantuvo una conversación telefónica con él, según explicó ayer su abogado a las puertas de la cárcel en declaraciones a La Sexta. Sin embargo los investigadores han puesto el foco en averiguar de dónde salieron estas indicaciones concretas teniendo en cuenta que los servicios prestados no se ciñieron exclusivamente a este encargo concreto y que los pagos se siguieron produciendo incluso después del estalllido de esta operación y del ingreso en prisión del agente encubierto.
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