Con la imputación de parte de la cúpula del BBVA en el caso Villarejo, el magistrado Manuel García Castellón ha dado un fuerte impulso a una de las piezas más relevantes del caso 'Tándem' que ahora se centra en esclarecer quienes eran los verdaderos responsables de que la entidad contratara con los servicios del comisario jubilado. El silencio general que imperó en las citaciones judiciales de los investigados que desfilaron a finales de esta semana por la Audiencia Nacional ha hecho que el foco quede de nuevo en una figura clave en este asunto: el exconsejero delegado del banco Ángel Cano.
Después de que los imputados se acogieran a su derecho a no declarar (a excepción del exdirectivo de riesgos Antonio J. Béjar, que reconoció pagos a la mercantil Cenyt), la declaración judicial de Cano, prevista para este próximo jueves 11 de julio, cobra especial trascendencia. El 'exnúmero dos' de Francisco González en el banco tendrá que acudir a la Audiencia Nacional la próxima semana tras no cumplir con el requerimiento del pasado jueves justificándose en un viaje al extranjero. Los investigadores están especialmente interesados en el conocimiento que Cano tiene de esta parte de la investigación en la que comparte protagonismo con Julio Corrochano.
Tanto es así que el exresponsable máximo de la seguridad del banco entre 2009 y 2015 fue el único de todos los directivos citados que abandonó la Audiencia Nacional en libertad provisional sujeta al abono de una fianza de 300.000 euros. El magistrado Manuel García Castellón le dio un plazo de quince días para hacer efectivo el pago solicitado por los fiscales Anticorrupción de la causa después de que el comisario jubilado declinara responder sus preguntas. Igualmente se le impuso prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias mensuales en el juzgado más cercano a su domicilio.
La relevancia de Cano y Corrochano
La adopción de estas medidas cautelares contra el exjefe superior de la Policía de Madrid pone de relieve que para los investigadores no es otro imputado más y que su papel en relación a este encargo de espionaje es especialmente relevante, de la misma forma que ocurre con Cano. De hecho, unas grabaciones que obran en el sumario de la causa realizadas por el propio Villarejo pusieron de relieve como Corrochano le pedía al agente encubierto avances de los informes de inteligencia encargados para dárselos a conocer al exCeo así como al 'presi', en referencia a Francisco González.
Lo que buscan tanto el magistrado como los fiscales en esta pieza novena del macroprocedimiento es esclarecer la cadena de mando de la ejecución de pagos que alcanzaron los 10 millones de euros y que se fueron abonando a la entidad por plazos que coincidieron en el tiempo con el estallido de la operación y el ingreso en la cárcel en noviembre de 2017 de Villarejo. El objetivo es, pues, conocer quien dio las órdenes concretas de contratar con el entramado del comisario así como los pagos que salieron de diversos departamentos de la entidad.
De hecho, las imputaciones acordadas el martes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se produjeron después de incorporar a la causa la información requerida al BBVA respecto a las cuentas desde donde se efectuaron los pagos así como las áreas de las que dependían las mismas. La Fiscalía Antirrupción requirió hasta en varias ocasiones información detallada de estos pagos, los cuáles en un primer momento el banco achacó a cuentas internas sin titularidad, de acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por este diario.
Espionaje a morosos
El origen de esta pieza concreta se remonta a la operación 'Trampa' en el marco de la cual se investiga la contratación de los servicios de inteligencia de Villarejo a través de Cenyt de cara a frenar el intento de asalto del banco de Sacyr, el cual, según Francisco González, contó con la connivencia del Ejecutivo del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, el banquero dejó el cargo de presidencia de honor salpicado por estos hechos y lo hizo ratificándose en sus sospechas de la existencia de este complot por el cual Villarejo acabó pinchando teléfonos de periodistas, empresarios y políticos de alto rango.
Sin embargo, la línea oficial defendida por el banco hasta hace unos meses es que se contrató a Cenyt de cara a identificar a clientes morosos, según precisan fuentes del banco. Misma versión mantuvo el exresponsable de riesgos y actual presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio J. Béjar, en su declaración en sede judicial. El directivo se desmarcó de la línea trazada por las defensas de los otros acusados y decidió responder por breve espacio de tiempo a las preguntas que le formuló su letrado, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez.
Cabe destacar que el BBVA está haciendo frente de la defensa de los ocho imputados, cinco de los cuáles permanecen en activo en la entidad. De todos ellos, dos no se presentaron en su cita judicial (Cano y Ricardo Gómez) y otros cinco prefirieron guardar silencio alegando que la causa está bajo secreto de sumario y desconocen con precisión de qué se les acusa. Ellos son Julio Corrochano, el director de red de banca comercial Ignacio Pérez Caballero; el exresponsable del departamento de finanzas Javier Malagón Navas; la jefa de seguridad Inés Díaz Ochagavia y otro miembro de su equipo Nazario Campo Campuzano. Completan la lista de los nueve imputados en esta pieza Rafael Redondo, el socio de Villarejo en sus negocios de espionaje y quien firmaba los contratos de Cenyt. Redondo sí respondió ante el juez por estos hechos.
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