La Comisión Permanente del Consejo de Estado se encuentra ya reunido para aprobar los dos recursos que el Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta.
El Gobierno de Mariano Rajoy espera tener ese informe antes del lunes por la mañana para celebrar un Consejo de Ministros Extraordinario con el presidente del Gobierno ya en España para presidirlo y presentar, formalmente, las acciones legales ante el tribunal.
La exvicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega es la única mujer de los siete consejeros permanentes que lo conforman. La institución cuenta con todos los expresidentes del Gobierno y otros dirigentes históricos como Miguel Herrero de Miñón, Landelino Lavilla, el exjefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, el expresidente del Tribunal Constitucional Miguel Rodríguez-Piñero y José Luis Manzanares Samaniego, exmagistrado del Tribunal Supremo, y Fernando Ledesma Bartret, ministro de Justicia con Felipe González y Enrique Alonso García, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Al igual que los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas, el Consejo de Estado es un órgano que emite dictámenes sobre proyectos legislativos a petición de las Administraciones públicas. El presidente del Gobierno, sus ministros y los presidentes de las autonomías son los que están autorizados para pedir estos dictámenes.
La ley orgánica que regula el Consejo de Estado establece qué consultas son preceptivas. Su informe previo es obligatorio siempre que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional una disposición o norma de una Comunidad Autónoma como es el caso de la consulta catalana.
La convocatoria de la consulta de autodeterminación de Cataluña firmada el sábado por Artur Mas puso en marcha el litigio legal y político más importante que ha existido hasta ahora entre el Gobierno catalán y las instituciones del Estado.
Mariano Rajoy espera tener cuanto antes los informes para presidir el Consejo de Ministros Extraordinario. La idea del Ejecutivo es que el TC inste en su admisión a trámite la suspensión de la ley de manera "automática" y con "carácter retroactivo", de manera que la convocatoria o incluso la consulta, de haberse realizado ya, quedara invalidada por haber sido suspendida la ley que le da sustento.
La suspensión que dictará tendrá una vigencia de cinco meses y si en ese tiempo no ha dictado sentencia, deberá decidir si la mantiene o la levanta hasta que resuelva el asunto.
Entretanto, en CiU dan por hecho que los tiempos que ha manejado Mas llevarán a la Generalitat de Cataluña a aprovechar "los dos o más días" que tengan desde que firme el decreto hasta que el Constitucional suspenda el recurso para hacer campaña y publicar y emitir publicidad a favor de la consulta soberanista del 9 de noviembre.
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