Pablo Iglesias cambia de abogado en su batalla por recuperar la condición de perjudicado en el caso Villarejo. El vicepresidente segundo del Gobierno ha prescindido de Marta Flor, que le había representado hasta ahora, y de la que se ha confirmado esta semana que mantuvo una relación íntima con un fiscal de la causa que investiga la trama del excomisario. Desde ahora, el representante legal del líder de Podemos será Raúl Maíllo, un jurista vinculado a la CGT y a Izquierda Unida que representó a la familia del cámara asesinado en Irak José Couso y que ha participado en causas como las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia.
La decisión de Iglesias llega tan solo un día después de que se confirmara el vínculo de Flor con uno de los representantes del Ministerio Público, al que se refería como "Iron Man" en diversos mensajes de Telegram conocidos en las últimas horas. En estos, relataba a uno de sus compañeros en el equipo legal de Podemos que tenía que enterarse de si "estaba casado" y que "le ha faltado preguntar si estoy casada". Un vínculo por el que la letrada logró acceder a información del caso que investiga la trama corrupta de José Villarejo incluso antes de que se abriera una pieza separada sobre el robo del móvil de Dina Bousselham, exdirigente de Podemos y exasesora del jefe de los morados, como informó 'El Confidencial'.
Quien denunció en un primer momento ese vínculo de la letrada con un fiscal anticorrupción fue José Manuel Calvente, el abogado despedido por el partido tras ser acusado de acoso sexual y laboral por la propia Flor. La relación entre ambos era estrecha hasta que este decidió prescindir de ella por esta situación. En un burofax que remitió al secretario de Organización de la formación, Alberto Rodríguez, Calvente rechazaba todas las "falsas acusaciones e instigaciones" contra él y advertía de que había tomado esa decisión porque la ya exletrada de Iglesias antepuso "relaciones íntimas con el Fiscal de un asunto importante de anticorrupción a su trabajo como abogada del partido como acusación popular en dicho asunto".
En aquel documento, que fue adelantado por La Información el pasado 24 de enero, Calvente también destacó que "todas las conductas reprochadas a doña Marta Flor están debidamente acreditadas con mensajes y audios" en su poder. Además, repasó a los errores de la abogada y alertó sobre su conducta de "mostrar a los miembros del Equipo Legal y a otros compañeros del partido conversaciones privadas y comprometidas en Telegram mantenidas por ella con trabajadores, cargos internos y miembros de la ejecutiva, como coqueteos de índole sexual y sentimental, entre los que te encuentras tú mismo Alberto", señaló en alusión directa a Rodríguez, que también es diputado nacional.
Maíllo, un letrado vinculado a la izquierda
El cambio de abogado de Iglesias se ha conocido en el recurso de casación que ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que reclama que se le restituya la condición de perjudicado en la causa. Una figura que se le retiró tras conocerse que mantuvo la tarjeta de memoria que le robaron a su exasesora en su poder durante seis meses y que se a esta se la devolvió en un estado en el que no podía utilizarse con normalidad. El argumento de Iglesias ante el juez Manuel García Castellón es que "no ostenta condición de investigado alguna, ni se ha realizado actuación alguna frente al mismo, ni se le ha denunciado por ninguna persona afectada por los delitos investigados" en esa causa.
El escrito lo firma el ya mencionado Raúl Maíllo, que ha desarrollado una carrera muy vinculada a formaciones de izquierda. Por ejemplo, fue el representante del sindicato CGT en la causa de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia. También trabajó para la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), por la que batalló contra la privatización del Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid.
Maíllo también tiene una relación muy estrecha con Izquierda Unida, especialmente con el Partido Comunista que lidera el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, según fuentes consultadas por esta redacción. Además, se encargó de la acusación de la familia Couso tras el asesinato del cámara de Telecinco por tanques estadounidenses mientras cubría la guerra de Irak. En la actualidad, forma parte de ActivaT abogados, donde es responsable del área de laboral.
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