La empresa que analizó la tarjeta dañada de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, ha trasladado a la Policía al frente del caso Villarejo que le fue "extremadamente complejo" recuperar el contenido de la misma. La firma ha cumplido con el requerimiento efectuado por el magistrado Manuel García Castellón y ha explicado a los agentes que, tras el análisis de la tarjeta SD, descubrieron que estaba tan deteriorada que no podían recuperarla "con técnicas normales" y que precisaba de un estudio mucho más exhaustivo en su sede central en Reino Unido.
De acuerdo con el oficio de la Unidad de Asuntos Internos incorporado a la causa, la comunicación se mantuvo en todo momento con Ricardo Sá Ferreira, pareja de la exasesora de Podemos. Precisamente fue a él a quien se le sustrajo el teléfono de la joven en noviembre de 2015 mientras ambos estaban de compras en unos grandes almacenes. El robo dio pie a que tanto la propia Dina como Pablo Iglesias se personaran en esta pieza décima del caso en calidad de perjudicados no solo por la sustracción sino también por la difusión en prensa del contenido del dispositivo. Sin embargo, a comienzos de la semana pasada el magistrado retiró esta condición al líder de Podemos tras escuchar a Bousselham y pidió a la Policía Judicial que analizara detenidamente los correos cruzados para intentar recuperar el contenido de la tarjeta.
Por ese motivo, Asuntos Internos contactó con un responsable de Recuperación Express vía correo electrónico y le pidió todo tipo de información relativa a los servicios que ofreció a Ferreira, así como los trabajos realizados para intentar arreglar la memoria SD. Se trata de una diligencia clave para el magistrado puesto que busca esclarecer en qué momento se dañó, especialmente después de que Bousselham dijera en sede judicial el pasado 18 de mayo que la recibió ilegible en agosto de 2016 de manos de Pablo Iglesias y que éste, a su vez, había podido acceder a ella en enero de ese año cuando todavía estaba en perfectas condiciones. Por ello, los agentes piden al receptor de la comunicación que sea "lo más explícito posible" en relación a cómo estaba la tarjeta cuando la recibieron y, más importante aún, si pudieron producir algún "tipo de daño físico extra".
¿Se devolvió en peor estado?
En su respuesta, que se produjo el pasado 26 de mayo, la empresa comenzó aclarando que la comunicación la tuvieron en todo momento con Ferreira y no con Dina, tal y como consta en el oficio recogido por La Información. El primer contacto se produjo en septiembre de 2017 cuando éste les preguntó por la recuperación de datos de una tarjeta SD. Acto seguido, y siempre según las explicaciones de la empresa, un transportista la recogió y la envió a Reino Unido, sede central de la firma. Una vez asignada a un ingeniero, empezaron los procesos de análisis gratuito para comprobar el estado de la tarjeta e intentar la recuperación de los datos." El diagnóstico ofrecido por el laboratorio nos explica que la tarjeta no es recuperable con técnicas normales", reza el interlocutor.
De hecho, en la respuesta a la pareja de Bousselham, la empresa explicó que "a pesar de los numerosos intentos" por identificar la fuente del problema, no habían conseguido dar con la respuesta. "Es obvio que se trata de una situación extremadamente compleja que requerirá de una investigación más profunda", reza la misiva en la que le explican que puede elegir entre dos opciones: o bien transferir el asunto al departamento de I+D para intentar encontrar solución (teniendo en cuenta que el porcentaje de éxito era del 70%) o bien no hacer nada y devolverla sin arreglar.
Ferreira se decantó por la segunda opción argumentando que no disponía del "presupuesto" ofertado por la empresa. El arreglo en cuestión implicaba un pago inicial de 325 euros y un segundo de 300 euros (+IVA) en caso de que la primera parte fuera fructífera, sin embargo los dueños de la tarjeta pidieron que se la enviaran de vuelta a su domicilio madrileño. La empresa también responde a la pregunta concreta de la Policía acerca de si se pudo agravar el ya de por sí dañado estado del dispositivo, y precisa al respecto que como en el laboratorio trabajan con las muestras para poder dar un resultado, "el dispositivo puede ser devuelto en peor estado del que llegó". Finalmente, la mandaron de nuevo a España el 30 de octubre de 2017.
Las sospechas del juez
El magistrado ordenó la práctica de estas diligencias tras escuchar en sede judicial por segunda vez a Bousselham. La exasesora de la formación morada incurrió en una serie de contradicciones que, a tenor del juez, deben indagarse para saber en qué momento la tarjeta se dañó de forma que ya no se pudo recuperar. Según dijo Dina, a Iglesias se la entregó en enero de 2016 el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, tras haber llegado a él de manera anónima. En esa reunión ambos visionaron el contenido y Asensio le contó que había decidido no publicarlo en Interviú porque tenía información íntima y privada de su asesora. Sin embargo, además de Iglesias, se facilitó otro pendrive a Villarejo con el contenido del teléfono de la exdirigente regional.
De hecho, la personación de ambos políticos en esta pieza que lleva por nombre 'Dina' se produjo cuando los agentes descubrieron que, entre todo el material incautado al comisario jubilado, había documentación que coincidía con la que guardaba la joven en su teléfono. Eso llevó al juez a pensar que Villarejo estaba detrás de la difusión en prensa de este material, que recoge conversaciones mantenidas por Iglesias y otros líderes de Podemos como la relativa a Mariló Montero, de quien dijo que "la azotaría hasta que sangrase". El hecho de que Bousselham contara que ella misma efectuó los pantallazos publicados (corrigiéndose de lo dicho en marzo de 2019) llevó al magistrado a concluir que éstos pudieron ser filtrados no solo por Villarejo sino también por cualquiera de los terceros a los que ella se los pasó antes de que le robaran el teléfono.
Iglesias señala a la "policía patriótica"
Además, sospechó también del tiempo que tuvo Iglesias el teléfono en su poder, asegurando que se le pudo entregar en verano de 2016, como ella dijo, o bien 36 meses después, en marzo del pasado año. Por ese motivo requirió a Bousselham los correos que dice que se cruzó con una empresa de Berlín para recuperar la SD. Una vez incorporados al sumario, García Castellón concluyó que "no concuerdan con ninguno de los datos" que aportó en su declaración del 18 mayo. De ahí que para el magistrado estas diligencias sean tan importantes. Especialmente después de conocer que, a finales de la pasada semana, Bousselham volvió a cambiar de versión y remitió una carta al juzgado diciendo que Iglesias sí le devolvió la tarjeta intacta y que le gustaría declarar en sede judicial estos extremos. De hecho, Anticorrupción pidió al instructor que la volviera a citar para que ésta pudiera expresar su perdón al líder de Podemos, pero García Castellón prefiere esperar al resultado de las diligencias policiales.
Por su parte, Iglesias -que comparte la misma dirección letrada que su exasesora- ha recurrido el auto del magistrado por el cual le dejaba fuera de la causa. El vicepresidente segundo del Gobierno sostiene que sigue siendo víctima de esta filtración y de la elaboración de documentos falsos (como el informe PISA) que achaca a la "policía patriótica", con Villarejo a la cabeza. El recurso, al que ha tenido acceso este diario, alega que el robo solo se produjo con el fin de obtener información sensible para perjudicarle y que, "más allá de cualquier reflexión sobre la tarjeta, la posesión de la misma, y la cadena de custodia" las filtraciones en prensa se produjeron sin su consentimiento y con el fin de desprestigiarle.
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