Domingo, 21.07.2019 - 21:52 h
España mantiene los compromisos del Acuerdo de París

Repsol, CLH y la industria suben el pulso por los planes verdes de Sánchez y Ribera

Las emisiones españolas de gases de efecto invernadero han crecido un 15,4% respecto a 1990 y el Gobierno acelera para cumplir los objetivos a 2030.

Gráfico emisiones.
Gráfico emisiones.

Es un pulso que va a más. Ni a las petroleras, ni a los fabricantes de coches, ni a la industria pesada le gustan los planes de descarbonización que maneja el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora en funciones y su ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera. El asunto no es de hoy, pero el tono de las críticas se ha endurecido. El presidente de Repsol, Antonio Brufau y el consejero delegado de CLH, Jorge Lanza, han cuestionado los planes del Ejecutivo para luchar contra el cambio climático mientras la industria del automóvil, alarmada por la caída de ventas, asume el análisis que hizo el presidente Gestamp, Francisco Riberas: "nos estamos pegando un tiro en el pie".  

El pulso ha cobrado fuerza porque el Ejecutivo está en funciones, admiten fuentes ministeriales que, pese a todo, quitan hierro a las críticas. Sin embargo, la tesis que Brufau expuso ante sus accionistas de que el Gobierno Sánchez peca de ambición por querer liderar la lucha contra el cambio climático se extiende. El consejero delegado de CLH recordó recientemente a Ribera que el sector petrolero aporta a la economía 14.000 millones sólo en impuestos. Una partida de difícil sustitución. No obstante, CLH matiza que "no existe ninguna guerra abierta con el Ministerio" y que Lanza se limitó a responder a una pregunta con un dato objetivo.

El debate también ha llegado a los medios con editoriales muy críticos hacia los planes de Ribera. "Nuestro país, que tiene un sector industrial más bien débil, no puede permitirse encabezar la transformación hacia las energías limpias. Liderar el proceso entrañaría unos costes brutales" sostiene el editorial de Actualidad Económica de esta semana. En el centro de la diana está el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que prevé un esfuerzo sin  precedentes para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030.

Malestar en público

El malestar viene de atrás, pero nunca fue tan abierto. El prólogo se dió a finales del pasado año cuando en un acto público, el presidente de la asociación de las petroleras AOP, Luis Aires, cuestionó la idea de Teresa Ribera de prohibir la venta de vehículos contaminantes a partir de 2040. Aunque la ministra suavizó después los términos del veto al diésel, los puentes con las petroleras quedaron debilitados.

Lo mismo sucede con la industria del automóvil. La ventas caen desde septiembre del pasado año. En junio, las matriculaciones han descendido un 8,3% y todas las miradas se vuelven hacia el Gobierno. El desconcierto de los compradores no se da sólo en España. Los clientes posponen las decisiones de compra de vehículos por los anuncios de prohibición de los que más contaminan y por los planes de las marcas para fabricar coches eléctricos. Pero la preocupación -y el enfado con Ribera -está ahí. Porque los planes de Ribera, sostienen, afectan a la libertad de consumo; vulneran el principio de neutralidad tecnológica; afectan a las ventas; incrementan la antigüedad del parque móvil e incrementan también las emisiones.

La pelea es lógica porque las empresas intentan acomodar a su ritmo de negocio las demandas medioambientales de la sociedad, de los Gobiernos y de la Unión Europea. El problema es que España no está en condiciones de esperar. En el año 2016, con el Gobierno del PP, la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría firmó  junto con otros 174 países el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. España mantiene el acuerdo. En la reciente cumbre del G20, excepto EE UU, todos los asistentes han ratificado el compromiso.

Objetivo difícil de alcanzar

España tiene que contribuir para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero un 40% en 2030 en comparación con los niveles registrados en 1990. ¿Mucho o poco? Mucho y difícil de conseguir si no se actúa de forma consistente país a país. Según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica, para el año 2018 se han estimado unas emisiones brutas en España de 332,8 millones de toneladas de CO2-eq (CO2 equivalente). Eso supone una disminución de las emisiones respecto al año anterior del 2,2%. ¿Bien? No tanto.  El nivel de emisiones está un 15,4% por encima respecto al año referencia de 1990.

Queda, por lo tanto un largo camino para conseguir los objetivos. Mientras España ha elevado las emisiones, los datos de Eurostat muestran que el conjunto de la UE marcha por otro lado. La UE redujo sus emisiones en un 23% entre 1990 y 2016 pese a que su economía creció el 53% en el mismo periodo. Para cumplir objetivos, los planes tienen que ser ambiciosos. Justo lo que critican las petroleras. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé un 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 en 2030. Un trabajo ingente.

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