Conflicto de intereses en la causa por los papeles de Bárcenas. Si el propio extesorero popular y la formación que preside Pablo Casado quieren que la investigación que dirige el magistrado José de la Mata llegue a su fin, la acusación popular apunta en la dirección contraria. La aparición de nuevas evidencias sobre los donantes así como el estallido de los pormenores del caso Kitchen han llevado a Izquierda Unida a solicitar al instructor que mantenga su intención de prorrogar la causa para investigar, entre otros aspectos, los detalles del operativo auspiciado desde el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy para hacerse con material confidencial que custodiaba el exresponsable de finanzas de la formación.
El magistrado José de la Mata decidió prorrogar esta investigación por un año, hasta finales de julio de 2021, tras la entrada en vigor de la reforma de la LECrim sobre los plazos procesales. Se trató de un movimiento que contó con la oposición de Luis Bárcenas y del Partido Popular, que quieren que este macroprocedimiento llegue a su fin lo antes posible. Según consideraron, esta investigación tenía que estar terminada a finales de 2019, por lo que la modificación legal que entró en vigor el pasado mes de julio no tendría por qué afectar al contenido de la misma. Sin embargo, la acusación del caso se sitúan en el lado contrario y lo hace toda vez que se ha levantado el secreto de sumario de la parte relativa a la operación Kitchen.
Las pesquisas realizadas por la Policía Judicial y la documentación aportada por el Ministerio del Interior demuestra cómo la cúpula policial, liderada entonces por Eugenio Pino, puso en marcha un operativo para el cual convirtieron en confidente al chófer de Bárcenas y lograron sustraerle documentos, anotaciones y grabaciones con el fin de que todas estas pruebas no cayeran en manos del magistrado De la Mata. El instructor, consciente además de que la dinámica se costeó con fondos reservados del Estado, denunció una investigación "extramuros" de la Audiencia Nacional con "ausencia permanente y total de control" por parte de los implicados en este encargo parapolicial.
Con todos estos papeles sobre la mesa, Izquierda Unida pide ahora que se amplíe el campo de investigación para esclarecer las pruebas clave sobre la caja 'b' que podrían haber sido "destruidas, encubiertas o hurtadas" a la instrucción que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. En su escrito, al que ha tenido acceso La Información, el partido adelanta que pedirá diligencias para esclarecer estos hechos a la par que advierte que es el magistrado instructor el que tiene la última palabra acerca de cuando termina una investigación, en referencia al plazo de prescripción de esta causa que se reabrió tras las confesiones de Francisco Correa en uno de los juicios de la trama Gürtel.
"Génova, centro de conspiración"
Además, recuerda que el magistrado acordó el pasado mes de abril solicitar una nueva batería de diligencias a tenor de las pruebas surgidas sobre la caja 'b'. Las mismas provienen de un análisis más detallado de las confesiones de donantes del partido, como los empresarios Rafael Palencia o Alfonso García Pozuelo y permiten concluir que existió una correlación entre las licitaciones que se otorgaron a estos empresarios con las donaciones que recibió el partido y que Bárcenas registró en su agenda. "Es decir, la investigación está aportando avances notables en el conocimiento probatorio de la trama delictiva que en el seno de la dirección nacional del PP existía con el ánimo de atraer fondos opacos", reza el escrito de la acusación popular, la cual se ampara en estos hechos para pedir más margen de causa.
Al respecto, Izquierda Unida recuerda que se trata de una tesis que defiende desde el año 2017 y que lleva a concluir que Génova 13 "era un centro de conspiración y proposición para el cohecho y el tráfico de influencias". Además, se ampara en las conclusiones de De la Mata el cual no solo constata la veracidad de los manuscritos de Bárcenas sino que asegura que ha quedado acreditado que tanto éste como su antecesor al frente de la tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta, eran los que recogían los fondos y los que mediaban para que los empresarios aportaran este dinero a la caja extraoficial del partido.
A todo ello hay que sumarle las confesiones de entonces militantes del partido como Ricardo Costa; el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega o el exedil de Boadilla del Monte Arturo González Panero 'el Albondiguilla'. Sus declaraciones, según apostilla la formación de izquierdas, "dejan patente muestra de cómo desde la dirección del Partido Popular se presionaba para que en el ámbito autonómico y municipal se facilitasen adjudicaciones a las empresas que estaban allegando fondos opacos al partido". Sobre este último punto se pronunciaron en el marco del caso Púnica el pasado mes de julio tanto Guillermo Ortega como González Panero. Ambas testificales fueron reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción que busca acreditar no solo la existencia de la caja b en la formación regional sino el presunto conocimiento que tuvo de la misma Esperanza Aguirre.
