El caso sobre la presunta caja 'b' del PP madrileño ha cobrado un fuerte impulso desde que a comienzos de septiembre el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordara la citación de una treintena de personas para depurar responsabilidades sobre el presunto amaño de facturas y el desfalco de dinero de dinero público desde instituciones dependientes de la Comunidad de Madrid. Los interrogatorios practicados hasta el momento no han aclarado en exceso el papel de cada uno en esta trama; motivo por el cual el testimonio que preste en sede judicial el exviceconsejero de Presidencia Alejandro Halffter puede ser clave.
El instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, le interrogará el próximo 11 de noviembre, día en que se reanudará la intensa ronda de declaraciones que arrancó en septiembre. Se trata de su segunda citación judicial en menos de un mes puesto que el magistrado ya le convocó el pasado 16 de septiembre si bien el exalto cargo de Gobierno regional se acogió a su derecho a no declarar. Ahora, en una providencia a la que ha tenido acceso este diario, el instructor expone que el acusado, que alegó falta de conocimiento de las actuaciones, ya está debidamente personado en el procedimiento y por tanto preparado para responder sobre las irregularidades que se le atribuyen.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó su imputación en la pieza número 9 del caso, que indaga una posible financiación paralela a la oficial en el PP madrileño bajo las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González. De acuerdo con la tesis de los investigadores, fue precisamente este último el que, de acuerdo a lo establecido en la Ley, asignó la competencia de la contratación de publicidad a la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno.
Facturas ficticias y troceadas
Es precisamente en el marco de este cometido en el que Halffter, en su condición de secretario general técnico, habría tramitado los expedientes de las facturas presentadas por las sociedades de Horacio Mercado. El empresario es una de las personas señaladas por la Fiscalía Anticorrupción como las que habrían financiado de manera ilegal las campañas electorales del PP en los ejercicios de 2007, 2008 y 2011. Tanto es así que lo sitúan en el origen de esta presunta trama corrupta y en reuniones con los expresidentes regionales.
En todo este asunto el exviceconsejero regional habría jugado un papel crucial en tanto habría sido el encargado de gestionar los expedientes incorporando a los mismos memorias explicativas y documentos de aprobación del gasto con el fin último de otorgar apariencia de realidad a unas facturas abultadas o directamente ficticias. De hecho, también será interrogado por las gestiones llevadas a cabo desde la Consejería de Economía puesto que desde este departamento también salieron pagos a las mercantiles de Mercado por conceptos de publicidad falsos relacionados con 'Madrid Digital'. En este caso Francisco Lobo (secretario general técnico de Economía) recepcionó las facturas y Halffter las 'troceó' en contratos menores.
También se le acusa de autorizar la licitación del contrato de publicidad con Mercado desde Gedesma. Esta empresa pública estaba adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y recibía ayudas de la Comunidad de Madrid durante el periodo que está bajo la lupa de los investigadores. De este modo, se habría usado el ente para pagar a los empresarios de la caja 'b', siguiendo la misma dinámica que en otros organismos públicos como Arpegio o Mintra o Fundescam, la fundación ligada al PP.
En el centro de las acusaciones
A falta de conocer su versión de los hechos, cabe destacar que en todos los interrogatorios practicados hasta el momento su nombre ha salido a relucir tanto a preguntas de las fiscales Anticorrupción al frente del caso como de los propios acusados. De este modo, aunque Aguirre se desligó por completo del exviceconsejero, su sucesor mantuvo una versión diferente. En concreto, González expuso en sede judicial que los contratos de publicidad de la Comunidad de Madrid tenían que tener el visto bueno de la vicepresidencia primera pero recibían el aprobado 'a posteriori' de la Secretaría General Técnica de Vicepresidencia, a cuyo frente estaba Halffter.
En lo que sí coincidieron los dos exmandatarios es en señalar al exgerente regional Beltrán Gutiérrez. Ambos aseguraron que ellos no estaban al corriente de las cuestiones económicas del partido y que la persona que llevaba las cuentas de las campañas era el entonces responsable de finanzas de la formación regional, también imputado en la causa. Se da la circunstancia de que Gutiérrez siempre ha guardado silencio en sede judicial y todavía no se ha pronunciado sobre las acusaciones que pesan en su contra a tenor de unas anotaciones manuscritas de su propiedad e incautadas por los investigadores y que vendrían a recoger los presuntos pagos en 'b' de la formación regional.
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