El caso Púnica tiene una de sus citas más importantes en estos últimos meses de instrucción. El magistrado Manuel García Castellón escuchará este martes el testimonio del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero. Más conocido como 'El Albondiguilla' este testigo, propuesto por la Fiscalía Anticorrupción, arremeterá contra Esperanza Aguirre apuntando que ella está en el origen de esta presunta trama con la que se habría desviado dinero de la Comunidad de Madrid hacia una presunta caja 'b' de la formación regional.
Lo que González Panero diga en sede judicial va a ser determinante para el magistrado, que se ha marcado el 27 de agosto como plazo máximo para tener finiquitada la instrucción que arrancó en 2014. De las declaraciones practicadas hasta el momento no se ha extraído ninguna confesión que apunte claramente a la expresidenta madrileña como artífice de la red, más allá del interrogatorio de Manuel Lamela, el cual admitió la existencia de una reunión en 2004 entre implicados en el caso Púnica. De ahí que su versión sobre esta trama opaca sea clave especialmente para la Fiscalía Anticorrupción que sostiene que en dicho encuentro nació este sistema en el que empresarios cercanos al partido habrían financiado de manera ilegal las campañas electorales de la formación.
De este modo, el magistrado acuerda una batería de citaciones que arrancan este mismo lunes con el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Un día después desfilarán por la Audiencia Nacional Isabel Jordán, -exempleada de una de las empresas de Francisco Correa- y 'El Albondiguilla'. Todos ellos, implicados en la trama Gürtel, estaban llamados a declarar a mediados de abril pero García Castellón se vio obligado a suspender el calendario tras declararse el estado de alarma por la crisis del coronavirus. En la diligencia de ordenación, recogida por este diario, el juzgado explica que los letrados que tengan intención de acudir presencialmente a la sesión tendrán que comunicarlo con antelación.
La clave de Anticorrupción
Las declaraciones se producen después de que el magistrado rechazara incorporar un escrito que el exedil popular presentó ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de enero. El magistrado accede a escucharle en sede judicial pero declina sumar el documento al caso argumentando que no aporta nada a la investigación. En el mismo 'El Albondiguilla' dejó patente su intención de colaborar con la Justicia y dijo que Aguirre tuvo el control directo de todo lo que ocurría en la Comunidad de Madrid desde su llegada a la presidencia en el año 2003. La exmandataria, por su parte, siempre ha negado estos hechos y lo volvió a hacer tras su imputación en septiembre en esta pieza novena del caso.
Su citación como investigada se produjo a petición de las fiscales al frente del procedimiento que consideran que Aguirre jugó un "papel esencial" en el nacimiento de la trama y que lideró las reuniones con empresarios también implicados en la red, como Daniel Horacio Mercado, para dar pie a un presunto circuito de facturas falsas. De hecho, el Ministerio Público asegura que a partir de 2004 nombró a Francisco Granados y a Ignacio González, consejero de presidencia y vicepresidente del Gobierno regional, respectivamente, y les convirtió en "ejecutores de sus decisiones".
Jordán, Aguirre y la Gürtel
El Albondiguilla expondrá las presuntas reuniones que mantuvo Granados con una veintena de alcaldes en municipios madrileños en los que se exhortaba a encontrar una financiación paralela en el partido después de que el alto gasto de las campañas electorales dejara un déficit en la formación de dos millones de euros. No menos importante es el papel que pueda jugar Isabel Jordán en esta recta final de instrucción. La Fiscalía Anticorrupción quiere que relate en la Audiencia Nacional todos los pormenores que recuerde relativos a la contratación de la Comunidad de Madrid con las empresas de Francisco Correa de las que ella era administradora y, más en concreto, con Over Marketing.
Estas citaciones se producen después de que el presunto cabecilla de la red, el empresario David Marjaliza, haya aportado a la causa abundante documental sobre el desvío de mordidas a las formaciones del PP, PSOE e IU entre 1999 y 2002 a cambio de adjudicaciones públicas. El grueso de los documentos, a los que ha tenido acceso La Información, no vienen sino a respaldar la tesis defendida en sede judicial en los últimos años por el constructor confeso, que colabora desde 2015 con la Justicia. Así, aportó balances y anotaciones de libros contables en los que figuran entregas de cerca de 2 millones de euros a estos partidos en Pinto, Parla, Getafe, Aranjuez o Valdemoro, localidad esta última de la que era alcalde Francisco Granados.
De hecho, y según estas anotaciones, se entregaron un total de 117 millones de pesetas a Granados por cuatro operaciones concretas entre las que se encuentran la adjudicación de una licencia de gasolinera y la intermediación para hacerse con parcelas en Valdemoro. Precisamente, gran parte de lo que reste de la instrucción del caso se centrará en esta pata concreta de la investigación después de que la Audiencia Nacional, en contra del criterio del instructor, respaldara a las fiscales y ordenara seguir investigando el 'pelotazo' de la red en el municipio al considerar que los hechos, pese a ser anteriores a 2004, no están prescritos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios