Viernes, 13.12.2019 - 04:40 h
A partir de septiembre

El juez del caso Villarejo volverá a citar a la cúpula del BBVA tras levantar el secreto

Gran parte de ellos se acogió a su derecho a no declarar al tratarse de una pieza bajo secreto de sumario y desconocer el detalle de la acusación.

Ángel Cano
Ángel Cano, Ricardo Gómez y su letrado, a su llegada a la Audiencia Nacional. / EFE.

La cúpula del BBVA imputada en el caso Villarejo por los encargos del banco al entramado empresarial del comisario jubilado volverá a ser citada a declarar una vez que el magistrado al frente de las pesquisas, Manuel García Castellón, levante el secreto de sumario de las actuaciones; un hecho que previsiblemente se producirá al término del verano, según informan a este diario fuentes jurídicas. 

La nueva ronda de interrogatorios se acordará a tenor de la postura adoptada por los ocho directivos imputados en esta pieza novena del caso 'Tándem', los cuáles se acogieron en bloque a su derecho a no declarar precisamente por encontrarse esta pata de la investigación secreta. Únicamente el actual presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, respondió a las preguntas que le formuló su defensa en su cita judicial de la pasada semana. En su breve intervención reconoció los pagos a Cenyt aunque dijo desconocer que el agente encubierto estaba detrás del grupo empresarial. 

Aunque los directivos imputados prefieren no responder por el momento a estos hechos, todos han mostrado su disposición a colaborar con la Justicia en el marco de esta investigación que busca averiguar qué persona dentro de la entidad dio las órdenes para contratar con los servicios del comisario jubilado ante el intento de asalto al banco por parte de Sacyr. Pese a que ninguno de los imputados se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que el único alto cargo investigado al que el magistrado impuso medidas cautelares fue el exjefe de seguridad de la entidad Julio Corrochano. El juez le dejó en libertad provisional sujeta al pago de fianza de 300.000 euros. 

Cano también opta por callar

Los dos últimos directivos imputados por el juez en desfilar por la Audiencia Nacional han sido el exconsejero delegado del banco Ángel Cano y el directivo de contabilidad Ricardo Gómez. Ambos han dado la callada por respuesta en su cita judicial pero el que fuera número dos de Francisco González ha afirmado a preguntas de los periodistas su disposición a colaborar con estas pesquisas. Ambos estaban llamados a declarar la pasada pero pidieron más plazo en tanto se encontraban de viaje en el extranjero. 

Villarejo, por su parte, sí declaró ante el juez y los fiscales del caso desde la cárcel de Estremera donde se encuentra preso desde su detención en noviembre de 2017. En su interrogatorio admitió la relación laboral de Cenyt con el banco así como el encargo "inicial" para frenar la operación de la constructora. Al respecto dijo que estos trabajos no consistieron en encargos de espionaje sino que prestó servicios de información a la entidad en asuntos tales como identificar a clientes morosos. Asimismo aseguró que los diferentes gobiernos fueron conocedores de sus actividades empresariales y que se hizo una labor de Estado de interés para la soberanía nacional de España.

Los requerimientos del 'presi'

En lo que respecta a los contactos directos con el BBVA, Villarejo explicó que su nexo era Julio Corrochano, quien estaba al frente del departamento de seguridad en en momento de los hechos. Sobre este punto concreto explicó que despachaba con él los encargos y que la interlocución se produjo a este nivel, aclarando que ni se reunió ni mantuvo conversaciones telefónicas con Francisco González. Sin embargo, unas conversaciones publicadas por el digital Moncloa.com y que obran en el sumario de la causa demuestran cómo Corrochano le pidió al agente encubierto que le pasara conclusiones de las pesquisas porque así se las reclamaban Cano y 'el presi', en referencia al banquero.

El exjefe de seguridad, que aterrizó en el banco proveniente de la jefatura superior de Policía de Madrid, cumplió con su cita judicial del pasado viernes. El comisario abandonó la Audiencia Nacional sin prestar declaración pero con medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y acordadas por el instructor. El magistrado le dejó en libertad sujeta al pago de fianza de 300.000 euros imponiéndole además retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias mensuales.

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