La Abogacía del Estado ha decidido apartarse de la investigación sobre la presunta contratación de Iberdrola al comisario jubilado José Manuel Villarejo, lo que se analiza en el marco de la pieza 17 del 'caso Tándem'. En este sentido, deja de ejercer como acusación en las pesquisas en las que se encuentra imputado el presidente de la compañía eléctrica, José Ignacio Sánchez Galán, y que tiene pendiente ser citado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
En un escrito con fecha de este jueves, al que ha tenido acceso La Información, la abogada del Estado Rosa María Seoane explica que "analizadas las actuaciones y los hechos que son objeto de investigación en la presente pieza, esta representación aprecia la falta de legitimación activa respecto de los delitos de que provisionalmente, y sin perjuicio de la calificación definitiva que pueda formularse, pudieran ser constitutivos". Añade que si en el curso de la investigación advierte un perjuicio para la Administración del Estado, volvería a solicitar su personación, ya que entonces sí habría motivo que justificara "legitimación como perjudicados".
Esta decisión de los servicios jurídicos del Estado llega en un momento clave para la causa. El pasado mes de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó imputar a la filial Iberdrola Renovables Energía por un delito de cohecho por la presunta contratación del agente encubierto para llevar a cabo una labor de espionaje a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que la eléctrica se había aliado para acometer proyectos en Rumanía. Se trata de la empresa que habría mantenido una relación comercial con Cenyt, el grupo empresarial liderado por Villarejo, a partir de 2011, fecha marcada como límite por el artículo 31 bis del Código Penal para poder perseguir penalmente a las sociedades como personas jurídicas. De este modo, la compañía del Ibex 35 presidida por Sánchez Galán quedó fuera de cualquier imputación.
Además, la causa está pendiente de escuchar como investigados los presuntos delitos continuados de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil al máximo responsable de Iberdrola y al que fuera su equipo directivo en la época en la que se contrató a Villarejo. Las declaraciones de Sánchez Galán; de su 'número dos', Francisco Martínez Córcoles; del expresidente de Iberdrola España Fernando Becker; y el que fuera jefe de Gabinete de Presidencia de la compañía Rafael Obergozo estaban previstas para principios del pasado mes de julio.
No obstante, las peticiones de nulidad de la causa presentadas por el equipo jurídico de Iberdrola y por la defensa del presidente de la empresa obligaron a posponer dichas comparecencias. Dichos planteamientos fueron anulados por el magistrado instructor el pasado 5 de agosto, si bien, según indican fuentes jurídicas a este diario, en este momento el instructor se encuentra recabando los informes de las partes sobre la posible prescripción de los hechos investigados alegada también por la defensa de Sánchez Galán.
Desarrollo de varios proyectos
La investigación judicial a Iberdrola arrancó en octubre de 2019 después de que el juez García Castellón recibiera un oficio de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional en el que se analizaba la documentación incautada a Villarejo y su socio, Rafael Redondo, sobre los 'negocios' con la compañía eléctrica, que se realizaron a través del entonces jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, también investigado en esta causa. En dicho informe policial se detallaron los distintos trabajos que realizó el comisario jubilado entre 2004 y 2017, destacando el denominado 'proyecto Arrow', que se desarrolló entre 2004 y 2006 tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).
En este periodo, Villarejo -aún en activo en la Policía Nacional- compaginó este encargo con los trabajos englobados en el 'proyecto Black Board' o 'B-B', que se desarrolló entre 2004 y 2005, y cuyo objeto estaba centrado en "conocer información de naturaleza sensible referida a actividades de Manuel Pizarro, a la sazón presidente de Endesa, tanto presentes como anteriores, que pudieran incidir en sus actuaciones futuras".
Asimismo, en 2009, se ejecutaron los denominados 'proyecto Gipsy' y 'proyecto Posy'. El primero estaba dedicado a investigar a quien fue director de servicios generales de Iberdrola José María Álvarez Vázquez y al proveedor de la multinacional, Francisco Julián Gutiérrez Santiago, ante la sospecha de posibles pagos de comisiones ilegales, extendiéndose también la investigación a las vinculaciones que el exdirectivo hubiera podido tener con Florentino Pérez. Así, en paralelo se desarrolló el segundo trabajo de espionaje centrado en presidente de ACS y su familia con el fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con la compañía eléctrica.
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