El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, tendrá que encarar después del verano una de sus comparecencias más importantes, la que tendrá lugar como investigado en el caso 'Tándem' ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El máximo representante de la compañía eléctrica tendrá que defender ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que él no tuvo nada que ver con la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien desarrolló para la empresa presuntas labores de espionaje a empresarios o grupos ecologistas entre los años 2004 y 2017. En caso de que el máximo dirigente de la compañía continúe en la instrucción como imputado, pesará sobre él la amenaza de un posible juicio oral, algo que sería un gran obstáculo en su carrera.
La estrategia de defensa de Sánchez Galán ya se ha puesto de manifiesto en las distintas alegaciones que ha presentado ante el instructor desde que fue imputado el pasado 23 de junio por el delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, junto al que fuera su jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Obergozo; su actual 'número dos', Francisco Martínez Córcoles, y el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker. El último escrito fue el registrado el pasado lunes, en el que el presidente de Iberdrola solicitó que le archivara la causa sobre los negocios privados de Villarejo, tal y como hizo con respecto al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé.
El juez García Castellón acordó el pasado 29 de junio el sobreseimiento provisional para estos dos grandes dirigentes empresariales, que desfilaron como imputados por la Audiencia Nacional el 7 de mayo de 2021, tras corroborar, con las declaraciones de otros investigados y testigos, que éstos no tenían conocimiento de los pormenores de los encargos realizados al comisario jubilado en 2011 con el objetivo de salvaguardar los intereses de Repsol ante el pacto sindicado de Sacyr Vallehermoso y Pemex para hacerse con el control de la petrolera española. Asimismo, también acordó el archivo de ambas empresas del Ibex 35, que tan solo han sufrido la imputación como personas jurídicas durante 20 días, al constatar que tenían en funcionamiento sistemas de control preventivo y cumplimiento normativo ('compliance'), tal y como prevé el artículo 31 bis del Código Penal. De este modo, el instructor centra las presuntas responsabilidades por la contratación de Villarejo, quien aún se encontraba en activo en la Policía Nacional, en los que fueran jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank, Rafael Araujo y Miguel Ángel Rancaño, respectivamente, y otros directivos que ya están fuera de las entidades.
El presidente de Iberdrola persigue este mismo objetivo: quedar fuera de la pieza separada en la que se investigan los contactos comerciales entre Iberdrola y el agente encubierto -la decimoséptima-. Para ello, en su último escrito ha recogido el mismo argumento que el juez de la Audiencia Nacional expuso en el auto de desimputación de Repsol y CaixaBank sobre el daño reputacional que se ocasiona tanto a grandes empresas que cotizan en uno de los principales índices bursátiles como es el Ibex 35, como a sus líderes, al verse salpicados por una macrocausa judicial.
No obstante, esto no es suficiente para conseguir el archivo, pues Sánchez Galán tendrá que comparecer ante el magistrado para aclarar cuál fue su participación en la contratación con el comisario jubilado. El juez tenía previsto escucharle a principios del pasado mes de julio, si bien la petición por parte de Iberdrola de anular parte de las actuaciones practicadas, como el auto de imputación del presidente de la compañía, y al que después se adhirió la defensa del presidente de la entidad, obligó aplazar dichas declaraciones para las que aún no hay fecha. Esta cuestión ha sido rechazada este jueves por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, por lo que ahora habrá que esperar a que señale una nueva fecha para llevar a cabo su interrogatorio, el de los otros directivos imputados, así como el de la filial Iberdrola Renovables Energía.
Los indicios contra Sánchez Galán
El auto por el que se otorgó la condición de investigados a Sánchez Galán y a su cúpula directiva en la época en la que se llevó a cabo la contratación de Villarejo afirma que los contactos entre la empresa y el expolicía "no fueron esporádicas o puntuales, sino que tuvieron continuidad en el tiempo". Es más, en dicha resolución el magistrado apuntó que entonces director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, ofreció "una relación comercial estable -una iguala económica-" de la que supuestamente ya habría convencido a alguno de sus jefes, como a Becker, que en aquella época era director de Recursos Humanos y Servicios y era su superior inmediato; y a Martínez Córcoles, que ocupaba el cargo de director de generación, según una de las conversaciones que mantuvo el comisario jubilado y dicho responsable, cuyo audio consta en el sumario de la causa.
Aunque Asenjo, que en su declaración como imputado confesó la manipulación de las facturas para esconder los servicios prestados por Villarejo, trató de desvincular de esta operativa a Sánchez Galán, si bien el magistrado destaca en dicha resolución que hay indicios que le hacen sospechar de que la ocultación de estos trabajos era conocido "exclusivamente" por el presidente de Iberdrola, y en el caso de algunos de los proyectos, también por los otros directivos. Asimismo, en su contra juega la declaración del que fuera ex 'controller' de Iberdrola José Antonio del Olmo, quien aportó un informe que el mismo elaboró y en el que se acusaba directamente al presidente de Iberdrola y su equipo de estar al tanto de los pagos al agente encubierto. Un documento por el que Iberdrola se querelló por el delito de falsedad documental y que el juez de la Audiencia Nacional ha archivado recientemente al entender que los hechos habían prescrito.
A lo largo de la investigación en torno a Iberdrola, que se inició en octubre de 2019, desde el ámbito empresarial se ha querido subrayar que lo único que hay contra su presidente son los intentos de Villarejo de involucrarle en su contratación, tal y como se deduce de un reciente informe policial incorporado al sumario en el que se transcribe alguna de las conversaciones que el agente encubierto mantuvo con el responsable de Seguridad de la compañía eléctrica y en las que el expolicía intentaba implicar a Sánchez Galán en sus 'proyectos', haciendo alusión a él como "señorito", "don Ignacio" o "el jefe".
Encargos que se realizaron a partir de 2004
Así las cosas, cabe recordar que aunque Villarejo trabajó para Iberdrola entre 2004 y 2017, el juez García Castellón solo ha imputado como persona jurídica a Iberdrola Renovables Energía, debido a que las presuntas irregularidades cometidas por las empresas se introdujo en el artículo 31 bis del Código Penal en 2010. Así, el magistrado, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ciñó la imputación a la filial, que contrató al comisario jubilado en 2011 para llevar a cabo una investigación sobre la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que la empresa se habría aliado para acometer proyectos en Rumanía. Sánchez Galán ya ha adelantado que él no tuvo ningún tipo de intervención en lo que el comisario jubilado denominó 'proyecto Wine'. Tanto es así que su abogado ha presentado varios recursos exigiendo que García Castellón elimine de sus resoluciones cualquier vinculación entre el presidente de Iberdrola y la filial, ya que, éste "jamás" ha ocupado cargo alguno en la empresa imputada.
Sin embargo, el hecho de que la compañía eléctrica que dirige no haya sido imputada no implica que no tenga que responder sobre cuánto sabía o hasta qué punto intervino en otros proyectos desarrollados por el agente encubierto en fechas anteriores como 'Arrow', unos trabajos que tuvieron lugar entre 2004 y 2006 para superar los obstáculos que estaban surgiendo en la construcción e instalación de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz); o 'Black Board' o 'B-B', que se desarrolló entre 2004 y 2005, cuyo objeto estaba centrado en obtener "información de naturaleza sensible" sobre el expresidente de Endesa Manuel Pizarro. Durante el desarrollo de estas labores de presuntos espionaje, Sánchez Galán era vicepresidente de la compañía, pasando a ser el máximo responsable en 2006.
Ya ocupando Sánchez Galán la Presidencia de Iberdrola, el comisario jubilado puso en marcha el denominado 'proyecto Gipsy', que se realizó en 2009 para presuntamente investigar al ex director de servicios generales de Iberdrola José María Álvarez Vázquez y al proveedor de la multinacional, Francisco Julián Gutiérrez Santiago ante la sospecha de posibles pagos de comisiones ilegales. De forma paralela, y en el mismo año, Villarejo llevó a cabo lo que bautizó como 'Posy', cuyo objetivo era el presidente de ACS, Florentino Pérez, y su familia con el fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto.
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