El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ya cuenta con todos los detalles cerrados para poder interrogar al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. En los últimos dos meses, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 no ha dado grandes pasos en la pieza separada número 17 del caso 'Tándem', sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte de la compañía eléctrica, a la espera de que la Sala de lo Penal resolviera todos los recursos interpuestos contra sus últimas resoluciones. La instancia superior ha avalado gran parte de sus decisiones, pero también ha dado un giro a la investigación al considerar que el instructor se equivocó a la hora de excluir a la multinacional como perjudicada y desimputar al que fuera su director de Control Corporativo, José Antonio del Olmo, por un presunto delito de falsedad documental.
Fuentes cercanas a la investigación consultadas por La Información señalan que el hecho de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal haya revocado parte del auto dictado el pasado 9 de julio, por el que, entre otras cosas, se archivó la querella interpuesta por Iberdrola contra el ex 'controller' al considerar que los hechos denunciados estaban prescritos, marcan un punto de inflexión en el procedimiento, ya que permitirá a Sánchez Galán enfrentarse a su futura comparecencia como investigado -que se prevé próxima- con el respaldo de que la empresa que dirige vuelve a estar personada como posible perjudicada en una causa en la que, insisten, "no hay una sola prueba" contra él.
Iberdrola ha emprendido distintas acciones contra Del Olmo por elaborar en 2004 un informe en el que señaló al presidente de la empresa del Ibex 35, y su entonces cúpula directiva, como conocedor de que los pagos al comisario jubilado se habrían hecho fuera del circuito legal. Este documento sobre facturas anómalas fue depositado ante notario hasta 2019 cuando se puso en manos del juez del caso 'Tándem'. No obstante, a petición de Anticorrupción, y después de que otros responsables de la eléctrica también imputados negaran tener conocimiento del mismo y que el 'forensic' elaborado por PwC afirmara que no había encontrado ningún fichero de este tipo registrado en la empresa, el magistrado acordó cambiar la condición del exresponsable de Control, que pasó de ser el 'testigo clave' a investigado.
La compañía se querelló por un delito de falsedad documental contra el autor de dicho informe ante un juzgado de Bilbao, pero éste se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. Sin embargo, un año después de que el magistrado García Castellón aceptara investigar estos hechos, decidió dar carpetazo, sin practicar ninguna diligencia, a dicha querella, al entender que el supuesto delito habría prescrito. Ahora, la Sala de lo Penal corrige al juez instructor, a quien le reprocha "precipitación", y le ordena aclarar si dicho informe se creó 'ad hoc' para acusar directamente a Sánchez Galán. Esta decisión cuenta con una resolución previa dictada recientemente sobre estos mismos acontecimientos. El pasado 30 de septiembre un juzgado de lo Mercantil de Bilbao condenó a Del Olmo por un delito de violación de secretos empresariales al entender que obtuvo de manera "ilícita" y "sin consentimiento" las facturas que documentaban los pagos de Iberdrola a proveedores de seguridad y miembros de la administración, es decir, documentación que "contenía secretos empresariales", y que fue protocolizada ante notario.
Nuevos informes policiales
Por otro lado, el magistrado ya tiene en su poder los informes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que el pasado mes de septiembre solicitó para determinar qué grado de conocimiento tenía el presidente de la eléctrica y su equipo sobre los servicios contratados con Villarejo entre 2004 y 2017 para desarrollar distintos proyectos de presuntos espionajes. Con ello, el magistrado trataba de recabar todos los datos del sumario relacionados con la cúpula directiva antes de poner fecha a los interrogatorios que quedaron pendientes en verano. Cabe recordar que el pasado 23 de junio, junto a Sánchez Galán, el juez también imputó al actual 'número dos', el director general de Negocios, Francisco Martínez Córcoles; al exjefe de Gabinete de Presidencia de Iberdrola Rafael Obergozo; y al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker.
Fuentes empresariales consultadas por este diario destacan que las últimas conclusiones de los investigadores no preocupan en exceso a las defensas, ya que no exponen hechos nuevos, sino que hacen un "resumen o concreción" de los datos que ya se conocían antes de la imputación de Sánchez Galán. En este sentido, subrayan que las conversaciones del comisario jubilado que ahora recogen los últimos informes policiales refuerzan la defensa del presidente de Iberdrola acerca de que el único que tenía conocimiento de la contratación del Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, era el entonces director de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, quien actuó como intermediario entre ambas compañías. Asimismo, insisten en que era el agente encubierto el que trataba implicar al máximo responsable de la compañía aludiendo a él como "señorito", el "jefe" o "don Ignacio".
En cualquier caso, las mismas fuentes destacan que ha quedado acreditado que el simple hecho de tener conocimiento de la contratación de Villarejo, que en ese momento se encontraba en activo en la Policía Nacional, no es suficiente para justificar una imputación, pues el propio juez instructor de 'Tándem' acordó el archivo de una de las piezas separadas de esta causa con respecto a los presidentes de Repsol y CaixaBank, Antonio Brufau e Isidre Fainé, por este motivo. En este sentido, destacan que el magistrado marcó el criterio y determinó que lo esencial para mantener la investigación contra alguien, en este caso Sánchez Galán, es que existan suficientes pruebas que le impliquen directamente en la contratación o negociación de los servicios desarrollados por Cenyt, algo que, según las fuentes consultadas, la Policía no le ha atribuido. Además, recuerdan que Antonio Asenjo afirmó en sede judicial que su jefe no tenía ningún conocimiento de los encargos encomendados al agente encubierto.
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