Otro juzgado más se suma a investigar la quiebra del Grupo Zed. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durantez, ha dado el primer paso para averiguar si la inyección de 940.000 euros en la tecnológica en abril de 2017, cuando ya estaba siendo gestionada por un administrador concursal, fue una operación diseñada por el Grupo Planeta con el objetivo de "boicotear y bloquear ofertas" de terceros que podrían haber "salvado la compañía", tal y como denunció el fundador de la empresa de videojuegos, Javier Pérez Dolset. Para ello, la magistrada ha citado a declarar el próximo 22 de julio como imputados al encargado de llevar la administración concursal, Jordi Albiol, y a su mano derecha, Alfonso Bernard.
La Audiencia Nacional investiga desde el año de 2017 la quiebra de la empresa de videojuegos, causa por la que su fundador fue detenido y tuvo que pagar una fianza de 60.000 euros para poder salir de prisión, a la que fue enviado provisionalmente. Por la caída del grupo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, también acordó en 2019 investigar al magnate ruso Mijaíl Fridman, con respecto quien acordó archivar el procedimiento el pasado mes de diciembre. Pero esta decisión no ha sido la definitiva, ya que la Sala de lo Penal recientemente le ha ordenado a reabrir la causa contra el dueño de la cadena de supermercados Dia.
No obstante, en este procedimiento no se analiza la inyección de capital. Así, Pérez Dolset denunció en junio de 2020 que el administrador concursal de cuatro de las empresas del Grupo Zed, Jordi Albiol, habría permitido una inversión que, a su juicio, frenó que la tecnológica saliera a flote. La juez de Madrid rechazó en un primer momento investigar estos hechos al entender que era competencia de la Audiencia Nacional y que ya se estaba encargando de ello. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid en un auto dictado el pasado 21 de mayo, al que ha tenido acceso La Información, ha ordenado a la instructora que reabra la causa porque, de probarse la veracidad de los hechos relatados en la denuncia, la "aprobación consciente" por parte del administrador concursal puede ser constitutivo de un presunto delito de administración desleal o fraudulenta de los bienes encomendados.
En atención a este mandato, la juez de instrucción número 3 de Madrid ha dictado una providencia, a la que también ha tenido acceso este diario, en la que cita a declarar a Albiol y a Bernard Alfonso González, abogado del despacho al que se otorgó la administración concursal, para que expliquen cómo se gestionó la inyección de 940.000 euros en Zed WorldWide. Pérez Dolset afirma en su denuncia que el administrador "era perfectamente conocedor de que carecía los requisitos legales" exigidos para ser administrador concursal, ya que su despacho tiene una "vinculación personal y profesional" con el grupo de empresas que debía gestionar.
Plan para "dinamitar y provocar la quiebra" de la empresa
La denuncia relata que Temafon, socios rusos de Zed, y Planeta llevaron a cabo una estrategia conjunta para "dinamitar y provocar la quiebra" de la empresa creadora del videojuego 'Commandos' y así "hacerse con la compañía por un precio irrisorio". El plan pasaba por la interposición de reclamaciones judiciales, cancelaciones de contratos, supresión de pago de dividendos y bloqueo de inversiones. Según indica Pérez Dolset, advirtió de esta operativa al administrador concursal, quien, "a pesar de ello, continuó colaborando y adoptando una postura arbitrariamente afín" al grupo multimedia.
La denuncia reproduce una serie de correos electrónicos que acreditarían la "realidad y procedencia" de los 940.000 euros, así como la "perfecta coordinación y connivencia" con los denunciados Peter Wakkie, administrador judicial de Zed , y con Jordi Albiol, que, a juicio del que fuera dueño de la tecnológica, "actuó con absoluta opacidad con el objetivo de bloquear ofertas de terceros" y conseguir además su "cese injustificado". A través de estas conversaciones, el denunciante trata de hacer la trazabilidad del dinero inyectado y explica que todo se inició con un desvío de fondos de Temafon, que usó entre medias a otras mercantiles "para ocultar la verdadera procedencia del capital".
Así, siguiendo el 'modus operandi' descrito en la denuncia, la filial rusa de Zed transfirió el dinero en concepto de "préstamo" a una sociedad chipriota de nombre Retrobay, propiedad del también denunciado Vladimir Turovestky. Esta empresa posteriormente traspasaría los fondos bajo el mismo concepto a Molaney, "una sociedad prácticamente creada 'ad hoc'" y cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria. Sobre esta última sociedad, Pérez Dolset señala que su administrador, Jaime Soler, es abogado del despacho que habría representado legalmente a Planeta.
Asimismo, entre los correos destacados, se incluyen los que el secretario del Consejo de Administración de Planeta, Luis Elías Viñeta, habría enviado al empresario chipriota reclamando documentación que pudiera "justificar" la procedencia del dinero, después de que así se lo pidiera el Banco Sabadell, entidad en la que Molaney tenía abierta la cuenta en la que recibió el supuesto préstamo. Por ello, la denuncia también se dirige contra el directivo del grupo editorial, el empresario chipriota y el abogado. Para cerrar el círculo, Pérez Dolset destaca que el administrador concursal aceptó el préstamo final por parte de Molaney "sin intervención ni autorización del juez del concurso, que en ningún momento fue informado" sobre ningún aspecto relacionado con esta operación.
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