España gastó en 2020 más de 4.000 millones de euros en Justicia, es decir casi 88 euros por habitante y un 0,37% del Producto Interior Bruto (PIB) correspondiente a ese ejercicio. Esta cantidad está muy por encima de la media europea de 64,5 euros de inversión en los tribunales por cada ciudadano. Así se desprende del último informe de Consejo de Europea sobre la evolución de los sistemas judiciales, en el que, una vez más, destaca que el número de jueces y fiscales es menor en comparación a otros países del entorno, pero con sueldos muy superiores.
El nuevo informe bianual, hecho público el pasado 5 de octubre, de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) -que cumple 20 años- se centra en los datos del año 2020, marcado en gran parte por la crisis sanitaria derivada del coronavirus, que paralizó la actividad normal de la sociedad, entre ella la de los juzgados y tribunales. "Debido a la pandemia mundial de la Covid-19, todos los sistemas judiciales en Europa se han enfrentado a muchos desafíos en su funcionamiento", explica el documento, para advertir que esta "situación muy específica" puede originar grandes contrastes con respecto a los datos de años anteriores.
Uno de los aspectos en los que se detiene el documento es la inversión que hacen los Estados miembros del Consejo de Europa en asistencia jurídica gratuita. España es uno de los pocos países que otorga esta asistencia legal a "personas socialmente vulnerables" sin realizar un examen previo de los medios de los que dispone, aunque señala que dicha decisión corresponde realmente a colegios de abogados o comisiones. Asimismo, recalca que nuestro país es el que más casos atiende con justicia gratuita -por cada 100.000 habitantes, concentra 3.379 asuntos frente a 734 de media-, pese a que los letrados reciben menor cantidad por cada expediente -178 euros contra los 462 euros de media en Europa-.
En este sentido, el informe señala que aún así, España -junto a Eslovenia- es uno de los Estados con menos PIB per cápita que más invirtió en 2020 en el sistema judicial. De media, los países europeos gastan casi dos tercios del presupuesto destinado a la Administración de Justicia en los tribunales, dejando el 25% al Ministerio Público y el resto para la asistencia letrada. España se encuentra a la mitad de la tabla, pues el año de la pandemia dedicó más del 80% del presupuesto en los órganos judiciales, según resalta el CEPEJ. Por otro lado, apunta que los ingresos por tasas o impuestos que reciben los tribunales españoles para iniciar un procedimiento son bajos en comparación con otros países.
Asimismo, el documento hace un recuento del número de personas que se dedican a la Justicia y detalla que en el año 2020, en España se contabilizó un gran número de profesionales destinados a la abogacía. En total, 303,55 abogados por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media que se sitúa en los 134,51. Algo similar ocurre con los trabajadores en los juzgados y tribunales, que según el CEPEJ, en el mismo periodo había 102,69 empleados, mientras que el promedio europeo es de 56,13. Sin embargo, la Fiscalía no cuenta con tanta suerte, pues los mismos datos reflejan que para este destino solo había 4,82 trabajadores con respecto al mismo número de ciudadanos, una cifra muy por debajo de la media, que se encuentra en 15,22.
En cuanto a las plantillas de jueces, el organismo con sede en Estrasburgo indica que, en 2020, España contaba con 11,24 jueces por cada 100.000 habitantes. Una cifra muy inferior a los 17,60 magistrados de media en Europa. Ello supone una caída con respecto al análisis realizado sobre el año 2018, donde se experimentó un descenso de estos profesionales, también en el promedio, si bien para el grupo de trabajo es un buena noticia, ya que en la última década sí que se ha percibido un ligero aumento. En 2010, España contaba con un juez menos para el mismo ratio de población, siguiendo la misma tendencia en el resto de países. Cabe recordar que el incremento de la plantilla judicial es una de las reclamaciones históricas de las asociaciones de jueces, que siempre exponen este dato para hacer constar la falta de recursos humanos para afrontar la alta carga de trabajo.
Razones de la disparidad
Aún así, el CEPEJ advierte de que la disparidad entre los países en este aspecto se debe a "la diversidad de organizaciones judiciales, factores geográficos o la distinta evolución de los sistemas legales europeos". Lo mismo ocurre con los fiscales, pues, según apostilla el informe, la distribución de los representantes del Ministerio Público en las distintas instancias judiciales no es igual en todos los Estados o directamente no se encuentran vinculados a ellas, como es el caso de España, Suecia, Suiza, Ucrania, Estonia, Finlandia, Georgia, Irlanda, Malta, Mónaco o Andorra.
También subraya que las funciones y responsabilidades de los fiscales cambian según el país, pues, por ejemplo, el Ministerio Público español tiene la obligación de garantizar la "protección a víctimas, testigos y peritos durante los procedimientos, promoviendo su asistencia y apoyo efectivo". No obstante, en todos los países, salvo en Reino Unido, los fiscales son "responsables de presentar los casos ante los tribunales", así como de recurrir las decisiones judiciales. Sin embargo esta figura trabaja de forma distinta, ya que en muchos de los Estados europeos, el fiscal es el que dirige las investigaciones penales, algo que en España se pretende hacer pero con cierta lentitud, ya que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se encuentra en 'stand by'.
En cualquier caso, de las cifras expuestas en el informe se desprende que en España había, en 2020, 5,37 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es más del doble (11,10 fiscales). La diferencia con el año 2018 es mínima, pues se registró 5,24 fiscales para el mismo número de ciudadanos con respecto a la media de 11,22 fiscales. Cabe destacar que prácticamente no ha habido una evolución a este respecto en la última década, pues el dato de 2010 es similar, mientras que el de la media europea era de 9,83 fiscales con el respecto al mismo ratio de población. Al igual que los jueces, la carrera fiscal también demanda incrementar la plantilla, y más aun teniendo en cuenta la reforma legal en marcha.
En contraste con estos datos, el CEPEJ analiza también los sueldos de jueces y fiscales. En este sentido, indica que en ambas carreras ganan lo mismo tanto al inicio como cuando llegan a lo más alto, siendo esto algo habitual en varios países como Austria, Bélgica, Croacia, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Macedonia, Polonia, Portugal o Eslovenia. En el caso español, jueces y fiscales comienza ingresando unos 51.946 euros anuales, pero llama la atención que es mucho más de lo que gana de media un juez (46.149 euros al año) y un fiscal (37.304 euros) en otros países. Los salarios superan el doble al final de la carrera, que rondan los 130.654 euros, mientras que la media europea en jueces es de 90.287 euros y el de los fiscales es de 67.051 euros.
Igualdad de género
Otro de los datos que se desprenden del informe de 164 páginas es la igualdad de género. Según señala, en territorio nacional, en 2020, ya había más mujeres que hombres en la carrera judicial. El 55% de la presencia en los tribunales era femenina, si bien sigue siendo inferior a la media, que es del 62%. Sin embargo, en las presidencias de las altas instancias judiciales siguen predominando los hombres con un 73% frente al 27% de mujeres. La media en Europa es del 38%. Al respecto, el documento apunta que las autoridades españolas han informado del impulso de políticas a favor de la paridad para la promoción de jueces y fiscales, así como en el nombramiento en las Presidencias de tribunales y Jefaturas del Ministerio Público.
Lo cierto es que, de acuerdo con los datos del informe, la situación de la carrera fiscal es distinta a la judicial, pues el 65% en la Fiscalía es mujer, lo cual supera la tasa europea del 52%. Una tendencia al alza que se mantiene en las jefaturas del Ministerio Público, que ronda el 47% frente al 53% de presencia masculina, muy por encima del 28% del conjunto del resto de Estados.
Por último, el Consejo de Europa también revisa las instancias y tipos de juzgados de cada país y en el caso español subraya la existencia de tribunales especializados en violencia de género y en menores. Asimismo, examina el funcionamiento de los órganos judiciales en distintas jurisdicciones y el tiempo de respuesta de cada uno de ellos. En esta línea, muestra su preocupación, dado que el tiempo en resolver los asuntos supera los 100 días. Es más, hace hincapié en el incremento de asuntos civiles y mercantiles sin resolver y la tardanza en dar salida a estos litigios en las más altas instancias, como el Tribunal Supremo que, de media, necesita "888 días", debido al impacto de la covid-19. De forma paralela, afirma que los tribunales de segunda instancia en materia penal son los de "mayor eficacia", pues se encuentran por debajo de la media europea.
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