Las víctimas de una gran 'criptoestafa' apremian al juez para empezar a juzgar

Miles de afectados de una de las mayores estafas piramidales de inversión en criptomonedas que investiga la Audiencia Nacional creen que ya se puede empezar a juzgar. Así lo ha manifestado su representación legal en un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para mostrar su oposición con respecto a la decisión de alargar las pesquisas hasta, al menos, abril de 2023. Los perjudicados consideran que ya se han recabado todas las pruebas posibles para acreditar que la 'trama Arbistar', liderada por Santiago Fuentes, les engañó. Por ello, apremian al magistrado a dejar ya el procedimiento listo para juicio por delitos de estafa agravada, organización criminal y falsedad en documento mercantil por el presunto fraude de más de 100 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, acordó el pasado 5 de octubre la prórroga por otros seis meses de esta causa que llegó a la Audiencia Nacional en abril de 2021, pero que realmente se inició en septiembre de 2020 en un juzgado de Arona (Tenerife). El magistrado preguntó a las partes personadas, entre ellas la Fiscalía, sobre la procedencia de prorrogar la investigación. En ese momento la mayoría de las víctimas ya indicaron su postura a favor de cerrar la parte principal del caso, relativo a los delitos antes mencionados.

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Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional no atendió esta solicitud y, por tercera vez, acordó extender la investigación, insistiendo en la complejidad de los hechos investigados; así como en el elevado número de perjudicados y su emplazamiento en todo el territorio nacional y en otros países europeos, asiáticos y latinoamericanos. En este sentido, el instructor destacó que, pese a que se han practicado diligencias de relevancia como la declaración de los investigados o el embargo de cuentas y la venta de coches de alta gama a nombre de la compañía Arbistar para garantizar las eventuales indemnizaciones a los afectados, aún quedan pendiente otras como el resultado de un informe de la Guardia Civil sobre las características técnicas del denominado Community Bot -software con el que se generarían ganancias en el mercado de las criptomonedas- y las causas que, según los investigados, habrían provocado el "colapso o fracaso" del programa.

Por otro lado, el juez Calama recuerda que libró tres comisiones rogatorias a las Islas Caimán, Reino Unido y Hong Kong solicitando el bloqueo de todos los productos y todos los datos que existan a nombre de personas físicas y empresas vinculadas con Arbistar en tres plataformas de operaciones con criptomonedas, Crypto.com, Coinbase y Cro Dax Limited. Al mismo tiempo envió una Orden Europea de Investigación (EOI) similar a Malta, que podría dar lugar a nuevas diligencias.

"Evitar demoras en el procedimiento"

La representación de más de 3.000 perjudicados personados, ejercida por el despacho Aránguez Abogados, entienden que la línea de investigación centrada en el presunto blanqueo de capitales debe seguir adelante, ya que las comisiones rogatorias siempre tardan en cumplimentarse y puede provocar la inclusión de nuevos investigados en la causa. No obstante, recuerda que la causa se dividió en dos partes precisamente para "evitar demoras en la tramitación del procedimiento" y que "se pudiera enjuiciar la parte de estafa a la mayor brevedad". 

Por ello, los perjudicados han presentado un recurso contra la decisión de prorrogar la investigación al completo. Según afirman en el escrito, al que ha tenido acceso La Información, "la brillante instrucción (...) ha permitido consolidar pruebas más que suficientes" contra los imputados por la presunta 'criptoestafa'. Así, para justificar el fin de la instrucción, la representación de este grupo mayoritario de víctimas destaca que "en los últimos meses, no ha aparecido ningún hecho nuevo" que motive la práctica de nuevas diligencias en la pieza principal. De hecho, añade que en "los últimos seis meses" -el tiempo por el que se acordó también la última ampliación de las pesquisas- ninguna acusación ha propuesto realizar nuevas actuaciones, sino que simplemente se han llevado a cabo las que ya estaban acordadas.

Asimismo, el escrito señala que el hecho de quede pendiente la "ampliación" del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "no justifica" extender el plazo de instrucción, ya que "las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prórrogas serán válidas, aunque se reciban tras la expiración del mismo". Con todo ello, las víctimas meten prisa al juez instructor para que finalice la investigación abierta por estafa y la Sala de lo Penal pueda juzgar cuanto antes estos hechos. "Se ha generado un enorme perjuicio económico a casi 6.000 denunciantes, y los investigados en esta causa no están sometidos a estrictas medidas cautelares personales. Como decía Séneca: "nada se parece tanto a la injusticia como la Justicia tardía", concluyen los afectados.