La decisión final del Tribunal Supremo de seguir cargando los gastos hipotecarios a los clientes no solo ha evidenciado la escisión en dos de la Sala Tercera debido a lo reñido de la votación, sino que ha venido seguida de una oleada de críticas desde todos los sectores de la sociedad: judicial, social y político. Pese a la respuesta casi unánime de gran parte de la ciudadanía, los dos principales responsables de esta situación, Carlos Lesmes y Luis María Díez-Picazo, no piensan en dimitir de sus cargos.
Fuentes cercanas a ambos consultadas por La Información, señalan que hay que tener en cuenta que los tiempos en el Supremo no son los mismos que en la política, y creen impensable que el presidente de la Sala de lo Contencioso, después de la gran implicación que ha tenido en el resultado final de la votación, vaya a dimitir antes de que se finalice con la redacción de las tres sentencias finales y su posterior notificación.
Por ese motivo, una de las cuestiones más criticadas en todo el ‘affaire’ del Tribunal Supremo es la sensación que ha dejado en ciertos sectores de la magistratura de que ha habido una especie de ‘vendetta’ en este caso, organizada por el presidente de la Sala Tercera y avalada por el máximo responsable de la institución, Carlos Lesmes, quien ayer pasó la pelota del asunto al poder ejecutivo asegurando que el problema aquí es la falta de claridad de la ley.
"En el Supremo no hay corrupción"
Una vez consumado el giro de Pedro Sánchez en contra de la decisión ‘in extremis’ del Supremo, la sensación que existe en el entorno judicial es que el gran perdedor de todo el caso ha sido el propio tribunal. La banca no se verá afectada por ningún tipo de retroactividad y el Ejecutivo ha sabido aprovechar el tema para ponerse del lado de los ciudadanos y dejar en muy mala posición a los jueces.
Conscientes del panorama, fuentes del Tribunal Supremo consultadas por este diario, aseguran que existe una honda preocupación en el seno de la institución por la imagen que se ha trasladado a la sociedad de esta situación totalmente anómala y que ha mantenido en vilo a todo el sector bancario y más de un millón y medio de personas con hipotecas. "En el Supremo no hay corrupción; el problema aquí es la falta de confianza", aseguran.
A todo este malestar hay que añadir la dura respuesta del mundo de la judicatura, atónito por la "pésima gestión" y el daño que ha hecho a la reputación del alto tribunal. Tanto es así que varias asociaciones consideran que el verdadero problema de fondo es el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "viciado de base" y controlado por el poder legislativo. Un reclamo a considerar teniendo en cuenta que el mandato de Lesmes termina en diciembre tras cinco años al frente del órgano de gobierno de jueces y del alto tribunal.
Desde el seno de la judicatura cuentan que los flecos sobre el asunto están bastante controlados puesto que la nueva composición del CGPJ está pactada, con la única incógnita de quién sustituirá a Lesmes. Ese nombre será también clave en el futuro, dado que una de las funciones del nuevo responsable del Poder Judicial reside en tener bien controlada y organizada, al menos en las formas, la Sala de lo Contencioso, que es la que regula los conflictos jurídicos con la Administración.
“Es fundamental que el nuevo presidente del alto tribunal tenga confianza plena en el presidente de la Sala Tercera”, advierten fuentes cercanas a lo Contencioso, con la apostilla de que tras este nombramiento, todas las miradas estarán puestas en ese tándem, sobre todo si sigue en su puesto Luis María Díez-Picazo. No obstante, con el actual escenario y ante la inminente renovación del órgano de gobierno de jueces, las especulaciones sobre su salida a medio plazo no se disipan del todo entre sus propios colegas de profesión.
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