Lesmes expondrá en el acto de jueces el rechazo del CGPJ por la ausencia del Rey

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido en el marco de la reunión de la Comisión Permanente celebrada este jueves que el presidente de este órgano, Carlos Lesmes, mostrará mañana el profundo malestar de la carrera judicial en el acto de entrega de despachos al que tenía que haber asistido el Rey. Fuentes del Consejo confirman que los vocales reunidos han rechazado finalmente emitir un comunicado sobre la ausencia de Felipe VI en detrimento de que sea el presidente del Tribunal Supremo el que denuncie 'in situ' la situación. Tras el debate abierto en la reunión, la votación a favor de que se emitiera una nota ha sido respaldada por tres votos frente a los cinco que han declinado esta opción. 

La decisión se produce a escasas 24 horas de que se celebre el acto de entrega de despachos que este año tendrá lugar en la Escuela Judicial de Barcelona. Por primera vez desde que fue nombrado monarca, Felipe VI no estará presente en la ceremonia; un gesto que ha sido entendido en gran parte de la carrera judicial como un veto del Ejecutivo a Casa Real. Los hechos se producen en un escenario de tensión política no solo por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado o por el anuncio de la tramitación de los indultos del procés, sino también porque se espera que el Tribunal Supremo dé a conocer su fallo sobre el recurso de Torra contra su inhabilitación por delito de desobediencia. 

Con todo, y pese a acordarse que la queja formal se hará este viernes, los tres vocales de la Comisión que han votado a favor de que se emita un comunicado (Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad y Juan Martínez Noya) han firmado una declaración en la que muestran su respaldo al Rey y reafirman el "admiración y respeto". En el documento (que cuenta también con la rúbrica de los vocales María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez y Carmen Llombart) y al que ha tenido acceso La Información, "lamentan profundamente" la ausencia del monarca y evocan el artículo 117.1 de la Constitución según el cual la Justicia emana del pueblo. 

"El Poder Judicial español se fundamenta en esta doble imbricación de la que deriva su legitimidad democrática para la impartición de Justicia. La presencia de S.M el Rey en los referidos actos no solo es un motivo de orgullo para las juezas y los jueces españoles sino que es el símbolo del valor que la Justicia tiene en un Estado de Derecho, en cuanto máximo representante del pueblo español y sus instituciones", sentencia la nota. Pese al malestar de estos vocales, fuentes del CGPJ mantienen que las invitaciones al acto recogieron la presencia de Felipe VI si bien esta misma semana Casa Real trasladó que finalmente no estaría presente en la ceremonia. Desde el Ejecutivo se alega que este cambio obedece a motivos de seguridad; una tesis que ha respaldado el ministro de Justicia. Juan Carlos Campo ha pedido en entrevista a la Cadena Ser que se tome con normalidad esta ausencia y que la obligación del Ejecutivo es proteger a las instituciones. 

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Sin embargo, el cambio de agenda en un acto que tradicionalmente preside el Rey no ha sentado bien a casi la totalidad de las asociaciones mayoritarias de magistrados. Así, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, denunció en declaraciones a este medio que, sin entrar a hacer valoraciones políticas, no se entiende los motivos por los que los nuevos miembros de la carrera judicial no van a ser investidos por el jefe del Estado. "Se merecen una explicación de por qué su entrada en la carrera judicial va a estar degradada desde el punto de vista institucional con respecto a otros poderes del Estado", lamenta. 

Misma versión sostienen desde la Asociación Profesional de la Magistratura, desde donde califican de "muy preocupante" que el Gobierno se declare incapaz de garantizar la seguridad de Felipe VI en un acto institucional. "Más aún si, como se apunta en algunos medios, esa invocación a la seguridad solo pretende disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución", reza el comunicado enviado por la asociación. Similar tesis se mantuvo desde Foro Judicial Independiente, el cual pidió explicaciones tanto a su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial) como al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se desmarcan de este pronunciamiento los integrantes de Juezas y Jueces para la Democracia. Su portavoz, Ascensión Martín, expuso en conversación con este medio que "no es tiempo para polémicas" y que hay que restar importancia a la ausencia de la figura del Rey puesto que ha habido ediciones en las que tampoco ha participado. 

Renovación del Supremo

Con todo, la Comisión Permanente también ha debatido otros asuntos. En la reunión de este jueves los vocales han aprobado las listas de candidatos a las presidencias de tres de las cinco salas que componen el Tribunal Supremo. A excepción de la Penal y de la Civil (que presiden Manuel Marchena y Francisco Marín, respectivamente), el resto cambia las presidencias ante la paralización de la negociaciones para renovar el CGPJ. Carlos Lesmes ya advirtió durante la apertura del año judicial que, aunque el órgano que preside se encuentre en funciones, no pueden prorrogar más los nuevos nombramientos que no solo afectan al alto tribunal sino también a otros órganos del país, como es la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía o de lo Contencioso-Administrativo en el TSJ de Asturias. La vacante en este último caso se mantiene desde diciembre de 2019. 

De este modo, la Comisión ha dado luz verde al listado de los candidatos que se someterán a debate y votación en el Pleno del CGPJ. Así, la Sala de lo Social será presidida por primera vez por una mujer puesto que las candidatas son dos magistradas de la misma: María Luisa Segoviano y Lourdes Arastey. Dos son los aspirantes a presidir la Sala Quinta, el magistrado Jacobo Barja de Quiroga y el exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar. Finalmente, la Sala que cuenta con más magistrados, la Contencioso-Administrativa, tendrá que elegir entre tres miembros de la misma para suceder a Luis Díez-Picazo. Su mandato venció el pasado 7 de septiembre tras cumplir el plazo de cinco años como presidente de la Sala Tercera.