El nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha decidido llevar a cabo un 'paquete' de medidas con el objetivo de "recuperar todos los derechos sociales arrebatados en los últimos años", tal y como han señalado los nuevos ministros elegidos por el secretario general del PSOE. La decisión, como es lógico, tendrá un alto precio ya que costará más de 3.500 millones de euros anuales. Un montante que las arcas públicas dejarán de recaudar.
El mayor coste de las medidas serán, como es lógico, las pensiones. Las cuentas no cuadran y una de sus grandes reivindicaciones, la de ligar las pensiones al IPC, se aleja. El motivo de esta gran preocupación obedece al rally que ha experimentado el precio del crudo y que ha descuadrado la previsión de inflación del Gobierno. El desfase entre lo presupuestado y el nuevo escenario arroja un déficit adicional cercano a los 5.000 millones de euros en los dos próximos años, es decir, a razón de 2.500 millones anuales.
Los 'guiños' de Sánchez se han intensificado este lunes. El Gobierno tomaba la decisión de eliminar los peajes a las autopistas que van venciendo las concesiones, lo que ha provocado fuertes reacciones entre los sectores afectados. Por ejemplo, Seopan, patronal de constructoras y concesionarias, ha estimado que dicha supresión tendrá un coste de 450 millones anuales para las arcas públicas solo para los tramos cuya licitación expira en el futuro inmediato. Por su parte, el sector del transporte por carretera bendice dicha decisión al suponer un ahorro de costes próximo a los 1.900 euros anuales por vehículo.
Las tres autopistas de peaje en las que el Gobierno ha anunciado que quitará el peaje una vez que este año y el que viene concluyan su plazo de concesión registran un tráfico de 16.825 usuarios al día y generan ingresos de 370 millones de euros al año. Se trata de la AP-1 Burgos Armiñón, una vía que actualmente explota el grupo Itínere, participado por Sacyr, así como de la AP-4 Sevilla-Cádiz y del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, en ambos casos titularidad de Abertis.
El sistema sanitario ha sido otro de los grandes objetivos del Gobierno. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha confirmado que tras conseguir la sanidad pública universal, su siguiente paso es eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas. Por tanto, el nuevo Gobierno no derogará de una sola vez la normativa impuesta por la entonces ministra, Ana Mato, a través del Real Decreto 16/2012. Una ley que le cuesta a cada pensionista 120 euros al año, según la Asociación Acceso Justo al Medicamento, y que fue censurada por la Comisión Europea, y que suponía una fuente 'extra' de ingresos para las arcas públicas de alrededor de 400 millones de euros al año.
Ingresos que se perderán una vez que el Gobierno lleve a cabo dicha eliminación del copago sanitario. Además, el coste de la sanidad universal es difícil de cuantificar pero rondaría los 160 millones de euros, aunque podría desviarse significativamente. El cálculo de dicha cifra es el siguiente: en la Comunidad Valenciana hay unos 30.000 inmigrantes irregulares que conllevaron un gasto sanitario de apenas 6,05 millones de euros, por lo que para todo el conjunto de España sería de 161 millones.
Por tanto, el cómputo global de los más de 3.500 millones se desglosa de la siguiente manera: 2.500 millones debido al rally del precio del crudo, 450 millones del quitar el peaje a las autopistas que finaliza la concesión, 400 millones de suprimir el copago farmacéutico a jubilados y más de 160 millones de ofrecer sanidad a los 'sin papeles'.
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