El Gobierno asume que no puede hacer nada ante la escalada de los precios de la electricidad, que este miércoles va a batir su récord histórico. La cifra es "preocupante", según reconoce un miembro del Consejo de Ministros. Son 106,57 euros por MW/h en el mercado mayorista que, sumados a los 101 euros de este martes (tercer registro más alto) y a que las previsiones durante los próximos días mantienen esta tendencia, avanzan otra factura disparada durante este mese de julio. Ante este escenario lo que está haciendo el Ministerio de Transición Ecológica, el competente en la materia, es negociar medidas para solucionar estos picos. Pero todo son medidas a medio y largo plazo, nada inmediato. Los españoles, por tanto, tendrán que pagar más este verano por lo que consuman.
En la coalición son conscientes del desgaste político que supone para un Gobierno que se define como progresista no poder atajar estos precios que golpean directamente a consumidores y empresas, con mayor incidencia aún para los más vulnerables. La situación es complicada, más si cabe tratándose de dos socios, PSOE y Unidas Podemos, que en su pacto de Gobierno prometieron abaratar la factura final de la luz.
De momento únicamente han aprobado "parches". Lo admiten en el propio Gobierno. Se trata del decreto que rebaja el IVA de la luz al 10% hasta final de año y el que elimina el Impuesto de Generación (7%) en verano. Los actuales precios ya se comieron en junio esta medida fiscal y la van a volver a anular en julio. Está previsto que la norma se convalide este miércoles en el Pleno extraordinario del Congreso de los Dipuados. Además, el Gobierno aprobó el pasado 1 de junio un 'bocado' a los 'beneficios caídos del cielo' y el Proyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Fue una declaración de guerra a las eléctricas pero, a pesar de que contribuirán a reducir el recibo final, no tienen efecto inmediato.
El recorte a esos 'beneficios caídos del cielo', que podría recortar en más de 1.000 millones el beneficios de las eléctricas, fue aprobado como anteproyecto de ley y Unidas Podemos plantea convertirlo en decreto para que entre en vigor de forma inmediata. Sin embargo, desde el área socialista del Gobierno descartan esta posibilidad ente los problemas de seguridad jurídica que plantearía la decisión.
La solución Ribera: reforma fiscal y negociación con la UE
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, está trabajando en una gran reforma fiscal, pero a nivel europeo. La ministra para la Transición Ecológica negocia con la Comisión Europea una reforma del mercado marginalista comunitario para "corregir el crecimiento del dividendo de CO2 como consecuencia del incremento de su precio, y la incorporación directa en el beneficio de las empresas sin que hasta la fecha haya una participación de ese dividendo a favor de los consumidores". En concreto, Ribera plantea un anteproyecto de ley de minoración del valor del CO2 que afectará a las instalaciones antiguas que no emiten gases y que se benefician de los altos precios de los derechos de emisión que, sin embargo, no forman parte de su estructura de costes.
La responsable energética del Gobierno negocia con varios comisarios europeos y con el vicepresidente Timmermans. "Hace mucho tiempo que este tema se está analizando en distintos niveles, académicos o prácticos, de decisores públicos, cómo hacer evolucionar el diseño del mercado; un mercado que ha de ser sencillo, que ha de enviar señales claras, en el que queremos que se interiorice el coste de CO2, precisamente para poder proceder a la transformación de nuestro modelo más rápida posible, pero al mismo tiempo sabemos que puede generar distorsiones que no queremos que se produzcan", expuso Ribera en su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica el pasado mes de junio.
Los actuales precios de la luz ya se comieron en junio la rebaja del IVA y la van a volver a anular en julio
El Gobierno también ha llegado a estudiar la creación de un impuesto específico a las eléctricas que perciben esos 'beneficios caídos del cielo'. En concreto se abordó un 'windfall profits tax' a dichas compañías por esas ganancias sobrevenidas que perciben. Esta tasa ya existe en Reino Unido, que es donde se fijó el Gobierno español. En las islas británicas, en efecto, las compañías energéticas tienen que pagar a Hacienda un 23% por esas sobrerretribuciones. Sin embargo, en el debate interno se descartó esta posibilidad por la "escasa utilidad", argumento que citan en el PSOE, que tendría en el objetivo final: rebajar el recibo de la luz.
Unidas Podemos, por su parte, sigue insistiendo en crear una empresa pública de energía que compita con las compañías privadas. "Pensamos que una empresa pública de energía que favorezca la competencia en un sector oligopolístico, y que saque a la luz la información real sobre el sistema y sus costes de generación, puede contribuir también a los objetivos de reformar y democratizar el mercado eléctrico, reducir la factura y garantizar el suministro a precios asequibles para toda la ciudadanía", expuso el secretario de Estado de Derechos Sociales y negociador morado de los Presupuestos, Nacho Álvarez y la hoy ministra Ione Belarra. Pero la respuesta del PSOE ha sido negativa. El Ministerio de Ribera defiende que el lanzamiento de esa firma pública "no es viable" en este momento.
La coalición también ha debatido limitar el precio que las compañías, a través de sus centrales nucleares e hidroeléctricas, pueden cobrar por la electricidad que producen. De esta forma, el Ejecutivo fijaría por contrato el coste concreto de estas tecnologías, como ya se hace en las subastas de renovables, y así se evitarían las oscilaciones actuales. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite fijado se consideraría un ingreso del sistema eléctrico que se podría destinar a abaratar la factura final. Tampoco es una opción descartada en este momento sino que se ha dejado para el futuro trámite parlamentario del proyecto de ley de recorte a los 'windfall profits'.
También se ha pospuesto a la tramitación paralamentaria la posibilidad implantar en España un mecanismo similar al Arenh francés: un instrumento para que, en el caso de la energía nuclear, las comercializadoras independientes puedan tener acceso a la cuarta parte de la producción eléctrica de EDF a un precio fijo.
La coalición aún tiene pendiente cumplir con su compromiso en el pacto de coalición sobre política energética para rebajar la factura de la luz. En el citado acuerdo de Gobierno se contemplan medidas como "que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética". En las negociaciones no hay rastro de este proyecto.
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