El Gobierno mueve ficha para intentar abaratar la factura de la luz a costa de una parte de los beneficios de las grandes empresas energéticas y lo hace en un momento especialmente delicado para una parte del 'Ibex eléctrico'. En plena amenaza por el caso Villarejo para uno de sus grandes representantes, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, Moncloa ha decidido pasar al ataque con dos medidas que llegan este martes a Consejo de Ministros: un 'bocado' a los 'beneficios caídos del cielo' y la aprobación definitiva del Proyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Se trata de una "declaración de guerra" contra las energéticas. De hecho, sólamente con el torpedo a la sobreretribución de los costes de estas compañías, el recorte que sufrirán ronda a día de hoy los 1.000 millones. Pero se trata sólamente de un aviso, ya que en el trámite parlamentario la decisión puede complementarse con otros mecanismos que ahondarían aún más en esta aminoración de la cuenta de resultados de las compañías afectadas que está buscando el Ejecutivo de coalición y sus socios.
El anteproyecto de ley que prevé aprobar martes Sánchez y sus ministros plantea reducir la retribución de las centrales no emisoras de CO2 anteriores a 2005. El objetivo es recortar una parte de lo que se conocen como 'beneficios caídos del cielo' ('windfall profits'). Afecta a las eléctricas y a las nucleares, que no pagan derechos de emisión de CO2, y busca que estas compañías vayan abandonando dichas tecnologías para caminar hacia las renovables. Según cálculos del Ejecutivo, esos 1.000 millones que se detraerían directamente del beneficio de las eléctricas se podrían incrementar hasta los 2.100 millones si el precio del dióxido de carbono se duplica (actualmente se encuentra en unos 50 euros por tonelada). Iberdrola y Endesa serían, a día de hoy, las dos firmás más perjudicadas por la medida, siempre según los cálculos preliminares del Ejecutivo.
El momento político y jurídico elegido por el PSOE y Unidas Podemos para lanzar este 'rejón' a las grandes energéticas no es casual, explican fuentes gubernamentales. En este sentido las miradas se dirigen a Iberdrola, donde sobrevuela una espada de Damocles por la posible imputación de su presidente. En Moncloa son perfectamente conscientes de ello y optan por pronunciarse con un "total respeto a las decisiones judiciales". En los últimos días, de hecho, se ha podido ver al presidente del Gobierno junto Sánchez Galán, tanto en la presentación del 'Plan España 2050' como en la inauguración de la primera gran planta de electrolizadores. Pero el Gobierno ha optado por un perfil bajo ante un asunto de gran trascendencia para una de las grandes del Ibex. En la Bolsa ya se están notando las decisiones que dará a conocer este martes el Gobierno.
El Ministerio de Transición Ecológica ya se ha cubierto ante una posible batalla legal de las compañías energéticas. El anteproyecto cuenta, añaden las mismas fuentes, con informes favorables del Consejo de Estado y de la Abogacía. El anteproyecto se ha querido blindar jurídicamente, por tanto, de recursos ante el Tribunal Supremo. De hecho, no se descarta en el Gobierno una reacción "en tromba" de las afectadas. El momento, como decimos, ha sido elegido no es casual y coincide con las críticas que ha pronunciado Sánchez y varios de sus ministros hacia los elevados sueldos que cobran presidentes y consejeros delegados del Ibex, esencialmente los grandes bancos, mientras ponen en marcha miles de despidos.
Un debate intenso en la coalición
El Gobierno lleva debatiendo varios meses esta medida que es histórica y que lleva estudiándose por diferentes ejecutivos desde hace años. Hasta ahora nadie ha dado el paso. El pasado mes de enero, con motivo de Filomena y un nuevo alza en el recibo de la luz, Ione Belarra, hoy ministra y candidata a dirigir Podemos, y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, publicaron un artículo pidiendo acabar con esos 'beneficios caídos del cielo'. Casi seis meses después el PSOE, con la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera al frente, ha aceptado el reto, no menor, y se ha comprometido a abordar una medida que se encontraba incluida en el pacto de coalición (punto 3.2).
La coalición sigue discutiendo, no obstante, cómo mejorar en los próximos meses esta minoración de la retribución de eléctricas y nucleares por abonar a estas empresas y coste que no emplean. Hay varias posibilidades sobre la mesa. Una es que la medida sea complementada en el Congreso, vía enmiendas, por la inclusión de un precio de referencia. Un contrato, en este caso, fijaría el coste concreto de estas tecnologías, como ya se hace en las subastas de renovables, y así se evitarían las oscilaciones actuales. Otra opción podría ser un mecanismo similar al Arenh francés: un instrumento para que, en el caso de la energía nuclear, las comercializadoras independientes puedan tener acceso a la cuarta parte de la producción eléctrica de EDF a un precio fijo. En el Gobierno calculan que la legislación final podría estar lista dentro de aproximadamente doce meses.
La decisión surge también en un momento de convulsión política por la nueva factura de la luz. El recibo que ha entrado en vigor este martes supone una subida para más de 10 millones de consumidores. Ante eso nada se puede hacer. Desde el Gobierno prometen, eso sí, que el anteproyecto que debate hoy el Consejo de Ministros tendría un impacto de un 4 o 5% en la factura de la luz en los próximos años, a favor del consumidor. Además, se incluirá la obligatoriedad a que el 10% de lo recaudado con esta medida vaya destinado a hogares vulnerables. Pero para eso aún quedan meses. El Ejecutivo tampoco ha encontrado un mecanismo para evitar subidas de la factura en periodos de consumo extraordinario. Es decir, si se produce otra Filomena o una ausencia de viento, la factura de la luz lo notará en perjuicio del consumidor.
El Consejo de Ministros también prevé alumbrar este martes el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que llega a la mesa del cónclave gubernamental en segunda vuelta convertido en Proyecto de Ley. Saldrá camino del Congreso con el objetivo de sacar de la factura de la luz los conocidos como 'recores', el coste de las primas de las renovables (unos 7.000 millones al año). Dejarán de pagar los consumidores y se harán cargos de ellos las empresas, esencialmente las eléctricas y las petroleras. El objetivo es abaratar un 13% la factura de la luz en cinco años, caminando hacia la electrificación y las energías limpias.
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