Para impulsar la renovación

La reforma del Gobierno siembra dudas en Europa y levanta ampollas en el CGPJ

Los vocales defienden los nombramientos del Tribunal Supremo pese a estar en funciones y lamentan que aumente la percepción de politización del Consejo. 

Efe
Campo pidió al CGPJ que no impulsara los nombramientos de cargos judiciales. 
Ángel Martínez | EFE

La reforma legal impulsada por el Ejecutivo ante el bloqueo de las negociaciones para renovar el CGPJ no ha sentado bien en la carrera judicial. Ni asociaciones de jueces ni vocales del órgano ven con buenos ojos la letra pequeña de esta proposición de ley orgánica que registraron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados este martes y que limita el debate político en la elección de los futuros vocales del órgano. Las principales críticas residen tanto en la ausencia de intervención de los jueces para elegir a sus pares como en la imagen de politización que se pueda percibir desde la ciudadanía e incluso desde Europa. 

El cambio normativo impulsado por los dos socios de Gobierno busca esquivar el bloqueo político para renovar el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Las negociaciones impulsadas poco antes de que terminara el mandato de Carlos Lesmes, en diciembre de 2018, se torcieron en el último momento y desde entonces la inusual situación de 'standby' ha llevado al órgano de gobierno de jueces a terminar impulsando nombramientos clave en el Tribunal Supremo. Fuentes del CGPJ consultadas por este diario defienden ese movimiento y recuerdan que ya se paralizaron hasta en dos ocasiones (en enero y en verano) ante la esperanza de que las negociaciones PP/PSOE llegaran a buen término, hecho que no se produjo. 

La reforma express que esperan aprobar antes de que termine el año implica que ya no será necesaria la mayoría cualificada de 3/5 de las cámaras para escoger a los 20 vocales del órgano de gobierno de jueces. En caso de no lograrse en una primera vuelta, la reforma de la LOPJ impulsada determina que en una segunda votación bastaría con conseguir la mayoría de la cámara (176 votos). Se trata de una medida que solo se aplica en lo que respecta a la elección de los 12 jueces y magistrados ya que para los 8 vocales restantes (escogidos entre juristas de reconocido prestigio) será necesaria la mayoría de 3/5. Las fuentes consultadas por este diario consideran que no tiene sentido establecer mayorías distintas para la renovación del órgano y concluyen que no se ha hecho una interpretación correcta de la Constitución.

Hablan los jueces europeos

Las mismas fuentes explican que esta proposición de ley para modificar la norma de 1985 "no es una buena vía" para impulsar el desbloqueo de las negociaciones y, aunque no tiene por qué afectar a la independencia judicial, lo cierto es que sí ofrece una imagen de politización de la Justicia. De ahí que muestren su preocupación por cómo puedan verlo en Europa. Desde el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa se ha advertido en numerosas ocasiones que el "talón de aquiles" de la Justicia española es precisamente el sistema de elección de vocales. Con esta propuesta de cambio legal, las fuentes entienden que todavía se ahonda más en la tesis de que el Legislativo no tiene en cuenta al CGPJ para su propia renovación. 

El rechazo por parte de algunas asociaciones de jueces es tal, que ya lo han puesto en conocimiento de sus colegas europeos. Es el caso de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En respuesta, y como aviso a navegantes, la asociación europea de jueces han recordado las recomendaciones de la Comisión Europea especialmente en lo relativo a que "no menos de la mitad de los miembros del consejo del poder judicial deben ser jueces seleccionados por sus homólogos". Además, eluden al caso polaco -por la reforma judicial impulsada por el gobierno de ultraderecha- advirtiendo del peligro que entraña el aumento de la influencia del Parlamento en el Consejo y cómo ello afecta a la separación de poderes. 

El otro punto clave de la iniciativa registrada en el Congreso reside en la capacidad de actuación que tengan los miembros del CGPJ toda vez expire su mandato legal. De acuerdo con el nuevo texto, en la actualidad existe una "laguna jurídica" que debe ser corregida porque supone un "déficit en el diseño constitucional del Estado". Esto es, entienden que es necesario "limitar" las decisiones que pueda adoptar el CGPJ 'saliente' cuando éste se encuentre en funciones. De este modo, entre las competencias que ya no podrían tener se encuentran las de proponer los nombramientos de toda la cúpula de judicial. Precisamente, hace apenas unas semanas el CGPJ desoyó las peticiones del Ejecutivo y promovió una serie de cambios clave en el Tribunal Supremo; entre ellos la elección de tres magistrados en la Sala de lo Penal y de los presidentes de lo Contencioso, Social y Militar. 

Frente a la tesis del Ejecutivo, las fuentes del CGPJ consultadas explican que cumplieron con su deber teniendo en cuenta que ya congelaron estos nombramientos y que había que dar salida a las jubilaciones y bajas del alto tribunal. Máxime después de ver que en agosto se torcieron finalmente las negociaciones para cerrar una renovación del CGPJ. Aún así, todavía quedan por decidir las candidaturas a las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y de Salas del TSJ de Murcia, País Vasco, Castilla y León y Navarra. De hecho, sus candidatos están compareciendo esta semana ante la Comisión Permanente del CGPJ para exponer su currículum y su proyecto, como marca la Ley. 

Cabe recordar que el propio Lesmes ha denunciado la falta de consenso político para impulsar la ansiada renovación y llegó a dirigirse hasta en cuatro ocasiones al Congreso y al Senado para recordarles el mandato legal del artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recoge la obligación de los presidentes del Congreso y Senado a adoptar las medidas necesarias para impulsar la renovación de los 2o vocales. En todo este tiempo desde que venciera su mandato, el país ha pasado por dos elecciones generales y una investidura fallida además de una crisis sanitaria que provocó también un parón judicial sin precedentes. Sin embargo el órgano de gobierno de los jueces de España no dejó de clamar por una renovación que sigue en punto muerto y que todo apunta que se reactivará tras la entrada en vigor de la proposición de ley orgánica que ya tramita el Congreso de los Diputados. 

Mostrar comentarios