El Consejo General del Poder Judicial ha iniciado la cuenta atrás para la celebración de un Pleno extraordinario solicitado por cerca de la mitad de sus vocales. Carlos Lesmes ha cedido a las reivindicaciones del sector más conservador del órgano convocando el encuentro para el próximo 28 de octubre y no para esta semana, como se esperaba en un primer momento. Aunque el CGPJ alega motivos sanitarios y también lo justifica en que un día después se celebra el Pleno ordinario, lo cierto es que la fijación de esta fecha de un margen de poco más de una semana para que los principales partidos acerquen posturas en torno a la renovación del órgano.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por La Información consideran que en el 'impasse' de tiempo puede haber un avance en este asunto en aras a salir de la situación de bloqueo vigente desde el pasado mes de julio. De ser así, tanto la formación que lidera Pablo Casado como el equipo de Pedro Sánchez impulsarían un acuerdo que Carlos Lesmes ha venido solicitando en los últimos meses, teniendo en cuenta que ejerce en funciones desde que terminara su mandato de cinco años, en diciembre de 2018. El encuentro de la semana que viene se señala un día antes del Pleno del 29 para evitar que los vocales que viajan de cualquier parte de España tengan que hacerlo por partida doble en pleno estado de alarma en Madrid.
Lo que se trate en este Pleno y la alternativa que se adopte va a depender en gran medida de los avances que se puedan producir en las negociaciones políticas. Máxime teniendo en cuenta que el único punto del día será el examen de la propuesta elevada por siete de los 20 vocales en relación con la proposición de ley registrada por los partidos del Gobierno la pasada semana en el Congreso. Estos siete vocales buscan que el CGPJ dé una respuesta institucional al bloqueo actual. La misma puede variar desde un informe oficial en el que se reproche la falta de consulta del Ejecutivo hasta un comunicado o una queja formal.
Respuesta sin unanimidad
Los vocales tampoco descartan plantear un conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional ante la sospecha de que se puedan haber vulnerado las competencias en la tramitación de esta proposición de ley . Se trata de propuestas todas ellas con las que pretenden mostrar su malestar con el hecho de que el Ejecutivo haya presentado esta reforma como proposición de Ley y no desde el Consejo de Ministros ya que así evitan recabar informes de entes como el CGPJ, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado. Las fuentes consultadas explican que aunque todavía no está clara la respuesta que se dé a la petición de los vocales Gerardo Martínez, Juan Martínez Moya, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Abad, Juan Manuel Fernández y María Ángeles Carmona, lo que parece evidente es que no habrá unanimidad en el pronunciamiento.
La presentación de la proposición de ley la pasada semana en el Congreso ha provocado una cascada de reacciones dentro y fuera de la esfera judicial. Así, todas las asociaciones de magistrados a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia, han condenado el texto y lo han tildado de inconstitucional. Tampoco entienden por qué la rebaja de la mayoría parlamentaria para elegir a los vocales solo afecta a los 12 correspondientes a jueces y magistrados mientras los ocho restantes que se eligen entre juristas de reconocido prestigio seguirán seleccionándose con la medida vigente de 3/5 del Congreso. Según explican, se trata de una interpretación errónea y una lectura sesgada del artículo 122 de la Carta Magna que establece el sistema de elección de vocales, modificado por última vez en 1985.
Si en un primer momento fueron los jueces europeos los que advirtieron que esta reforma atentaba contra la separación de poderes, en los últimos días muchos actores jurídicos se han sumado al rechazo de la iniciativa. De hecho, dos asociaciones de jueces (la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y Francisco de Vitoria) ya han anunciado que no acudirán a las reuniones con el Ministerio de Justicia sobre el plan de choque contra la covid. A esta reivindicación se ha sumado también la Asociación de Fiscales pese a que otras organizaciones, como Foro Judicial Independiente (FJI) considera que el mejor gesto a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica es 'plantarse' ante los partidos políticos y no participar en lo que consideran un reparto de cromos para renovar el CGPJ.
Denuncia de tres TSJ
A las críticas también se ha unido el Colegio de Abogados de Madrid (que asegura que se está atentando contra el principio de seguridad jurídica), y los diferentes Tribunales Superiores de Justicia de España. En el día de ayer, los TSJ de Extremadura, Castilla y León y Madrid, hicieron pública su denuncia contra la norma que el PSOE dijo que quería instaurar lo antes posible para salir de la situación de bloqueo que achacan al PP. La formación que lidera Pablo Casado, por su parte, presentó una 'contrarreforma' que tiene como ejes principales la prohibición de que exaltos cargos políticos puedan ejercer como vocales (de los elegidos como juristas de reconocido prestigio) y el rechazo igualmente a que los parlamentos autonómicos puedan designar a magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.
El recorrido que tenga la iniciativa parlamentaria también está siendo objeto de debate en Europa. Desde Bruselas ya se ha advertido a España que no se puede romper con la imagen de imparcialidad de la Justicia en la línea con lo manifestado desde 2013 por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa. Las advertencias lanzadas estos últimos días desde Bruselas -coincidiendo además con el reparto de los fondos para la recuperación de la pandemia- tuvieron un impacto en el Gobierno y principal partido de la oposición en aras a evitar levantar más ampollas en Europa con la renovación del CGPJ y otros órganos no menos importantes como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.
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