El hijo menor de Jordi Pujol quiere que la Audiencia Nacional cuente con toda la documentación remitida por Países Bajos sobre sus depósitos en el país. Oleguer Pujol se ha dirigido al magistrado Santiago Pedraz, que le investiga por una serie de operaciones inmobiliarias, para pedirle que libre una nueva comisión rogatoria a Holanda en aras a incorporar más información de dos de sus sociedades. Los investigadores localizaron en las cuentas bancarias de ambas firmas un total de 26 millones de euros, de acuerdo con la información remitida en enero del pasado año.
Sin embargo, el menor de los Pujol-Ferrusola quiere que se analicen más a fondo estos extractos porque, según considera, existen una serie de anexos sobre toda esta investigación patrimonial que serían el "núcleo" de esta pata de las pesquisas y se han quedado fuera del procedimiento. Así lo plasma en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 al que ha tenido acceso La Información y en el que pide que se vuelva a reclamar al país europeo todos y cada uno de los documentos que integraban el acta de ejecución de las autoridades neerlandesas.
La investigación en Holanda se impulsó a petición de la Agencia Tributaria en julio de 2019. Entre la propuesta de actuaciones que se elevó a la Audiencia Nacional incluyó el rastreo de dos sociedades pertenecientes a Oleguer Pujol. Se trata de Dotricia BV y de Anline Services BV. En concreto, el fisco pidió que se pusiera el foco en los movimientos comprendidos entre enero y diciembre de 2015 ante la sospecha de que estos depósitos podrían ocultar parte de la fortuna que amasó con sus negocios y que desvió al extranjero. El entonces magistrado instructor, José de la Mata, dio luz verde a la diligencia en aras a localizar un total de 90 millones que habrían salido de España en plena investigación penal a la familia del expresidente catalán y fueron a parar a la sociedad holandesa Dotricia B.V.
Como resultado de la comisión rogatoria, las autoridades judiciales de Holanda respondieron en enero del pasado año aportando una serie de documentos sobre las cuentas de las dos sociedades. De acuerdo con esta documental que el magistrado mandó traducir, se hallaron 21,84 millones de euros en Dotricia y 4,16 millones en Anline; en total 26 millones de euros. El magistrado incorporó esta parte de la investigación al procedimiento penal pero habría dejado fuera unos anexos que, según la defensa de Oleguer Pujol, son claves. Se trata de unos documentos que recogen, según explica en su escrito, operaciones bancarias de las dos sociedades que siguen bajo el foco de los investigadores.
"Aquellos dos documentos no aparecían finalmente adjuntados y constituyen el núcleo de la Orden Europea de Investigación (OEI), pues los otros documentos no aportan más que una foto final a 31 de diciembre de 2015, sin que se conozca detalle alguno de las operaciones acontecidas a lo largo de todo 2015", reza el escrito que se ha enviado a la pieza separada relativa a las comisiones rogatorias internacionales. En el mismo la defensa letrada del hijo pequeño de Jordi Pujol recuerda que esta misma solicitud se efectuó hace unos meses y que todavía están a la espera de que el país europeo responda al requerimiento. Con todo, la solicitud ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción a la espera de que se pronuncie sobre el asunto.
Tras la pista de Drago
El magistrado José de la Mata procesó a toda la familia el pasado mes de julio y les acusó de integrar una organización criminal con la que amasaron un patrimonio "desmedido". El instructor concluyó tras muchos años de investigación que el exlíder de la extinta Convergència i Unió (CiU) se aprovechó de una posición privilegiada en la esfera política y social catalana para desplegar sus negocios y desviar importantes cuantías de dinero (al menos desde 1992) a paraísos offshore. En concreto destacó una deuda con Hacienda de 14 millones de euros y puso en el foco países como el Principado de Andorra y México.
Aunque cerró la causa principal dejándola al borde del juicio, continuó en una pieza separada la investigación de los negocios inmobiliarios del benjamín de la familia. De hecho, prorrogó esta parte de la pesquisas -que bautizó con el nombre de Drago- hasta julio de 2021 en aras a acreditar un presunto blanqueo de poco más de cinco millones de euros que habría cometido junto con su socio Luis Iglesias. El instructor Santiago Pedraz trata de esclarecer si los dos empresarios se parapetaron en la sociedad holandesa Ard Choille para esconder fuera de España las comisiones que cobraron con la operación inmobiliaria gestionada a través de Drago Capital. Se da la circunstancia de que estos hechos los comenzó investigando Pedraz aunque se inhibió a favor del magistrado De la Mata.
Ahora que le sustituye en el Juzgado Central de Instrucción número 5 la causa vuelve a él. El motivo por el que se incluyó la investigación de Oleguer Pujol a la causa general contra su familia se encuentra en que el dinero que invirtió para sus negocios con Drago provenía de una cuenta que compartía con el resto de sus hermanos en Andorra y que llegó a acumular un total de 116 millones de pesetas entre ingresos en metálico y transferencias efectuados durante los años 1992 y 2000. La operativa en cuestión consistió en la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por la que se habrían repartido más de 10 millones de euros en comisiones que se habrían desviado a sociedades pantalla para ocultarlas del fisco.
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