Pedro Sánchez empieza a pagar ya los peajes del apoyo a su moción de censura

  • La exhumación de Franco, la renovación de la cúpula de RTVE mediante un decreto ley y el acercamiento de los presos de ETA e independentistas, claves.
Pedro Sánchez recibe al lehendakari, Íñigo Urkullu, en Moncloa
Pedro Sánchez recibe al lehendakari, Íñigo Urkullu, en Moncloa
EFE

Pedro Sánchez empieza a pagar los 'peajes' de la moción de censura con la que, por primera vez en la historia de la democracia, logró hacer caer al gobierno del PP y alcanzar el poder. Y el PP ya lo usa como arma en su batalla por el liderazgo. Los hechos se han sucedido a una velocidad de vértigo. Una de las primeras acciones del Gobierno fue centrarse en quitar los restos de Franco del Valle de los Caídos, amparado en el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica aprobada por Zapatero. Siempre fue una de las peticiones de Podemos.

Sánchez tiene todo listo para exhumar los restos mortales de Francisco Franco en cualquier momento y se propone hacerlo como muy tarde a lo largo del mes de julio. "Se hará cualquier noche", confirman a La Información fuentes conocedoras de los trabajos previos a la exhumación que, además, será a coste cero.

El siguiente paso ha sido el cambio en la jefatura de RTVE. El Gobierno aprobaba un decreto ley para renovar de forma urgente y transitoria el Consejo de Administración y al presidente de RTVE, ante "el vacío de poder" que dejaba la salida de José Antonio Sánchez y hasta elegir por concurso público a su sustituto. "España merece tener unos medios públicos de comunicación que no estén al servicio de ninguna ideología, por muy legítima que ésta sea, y que estén al servicio del interés general", indicaba la portavoz del Gobierno Isabel Celaá.

No parece que vaya a ser tan fácil, aunque el efecto 'Màxim Huerta' vuelva a la memoria ante el baile de nombres y el borrado de tuits de los posibles candidatos. La idea de una personalidad independiente se diluye de nuevo ante la desesperación de los trabajadores del ente público que siguen con sus protestas. El último nombre puesto encima de la mesa es el de Andrés Gil, actual jefe de Política de 'eldiario.es' al que ya ha dicho no el PNV, excluido de unas negociaciones en las que la voz cantante la ha llevado el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Es otro de los peajes de Pedro Sánchez. 

Y el PNV no iba a ser menos. Apoyado por EH Bildu y Elkarrekin Podemos  el nacionalismo vasco, que aprobó los presupuestos de Rajoy y luego le abandonó en aras de de la regeneración, ha insistido  en la necesidad de que el Gobierno central implemente cambios en la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA para acabar con la "excepcionalidad" de la dispersión. Las víctimas del terrorismo ya han dejado claro que les parecería un ataque.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá manifestó en su comparecencia tras el Consejo de Ministros que no estaba en los planes del Ejecutivo excarcelar presos de ETA o promover progresiones de grado y recalcó que los acercamientos se harán de forma individualizada, progresiva y de acuerdo con la ley. Desde el PNV se reitera que su formación no defiende un tratamiento diferenciado para los presos de la organización terrorista, "sino que se cumpla lo que no se está cumpliendo".

En cuanto al apoyo al Gobierno de los partidos independentistas, Moncloa ha dado un paso dentro del proceso de diálogo que Sánchez ha defendido siempre, aunque haya negado la posibilidad de un referéndum o la aceptación del derecho de autodeterminación. La primera medida en este sentido es el acercamiento de los independentistas presos a las cárceles cercanas a Cataluña. El proceso de traslado ya está abierto. El Gobierno ha decidido dar el paso después de que el Tribunal Supremo confirmara el pasado miércoles el procesamiento de los 25 investigados en la causa del "procés", trece de ellos por rebelión.

El juez Llarena ha dejado claro al Gobierno que cualquier decisión respecto al acercamiento a cárceles catalanas de los presos soberanistas queda "sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación". Lo cierto es que Sánchez siempre ha manifestado que no había ningún pacto secreto ni acuerdos ocultos para lograr su apoyo a la moción de censura. También manifestó su deseo de convocar elecciones lo antes posible, aunque ahora parece que su intención es acabar la legislatura si los socios que lo mantienen en el poder se lo permiten. Los gestos a todos ellos han comenzado. 

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