​"Es una pena de banquillo injustificada": el auditor carga contra la fiscal de Bankia

  • Francisco Celma arremete contra Fiscalía por pasar de no acusarle a pedir dos años de cárcel. Recalca que no envió borrador de las cuentas de 2011.
Arranca el juicio por la salida a bolsa de Bankia en la Audiencia Nacional
Arranca el juicio por la salida a bolsa de Bankia en la Audiencia Nacional
Pool - Archivo

El endurecimiento de la acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción ha provocado la enérgica reacción de algunos de los afectados por esta decisión. Es el caso del socio externo de Deloitte, Francisco Celma, que ha pasado de no figurar en la lista de acusados de la fiscal a afrontar una petición de dos años de cárcel por delito de falsedad contable; un hecho que califica de "pena de banquillo injustificada" ante la falta de indicios en su contra. 

Así lo expone la defensa de Celma en su escrito de conclusiones definitivas remitido a la Audiencia Nacional y recogido por este diario. En el mismo asegura que el cambio de criterio del Ministerio Fiscal supone "una enmienda a la totalidad" en relación con el escrito inicial (que solo se dirigía contra cuatro acusados por estafa). El experto razona en su documento que los auditores no participan de ningún modo en la toma de decisiones de los gestores de las entidades tales como estimar la pérdida esperada o fijar el precio de la salida a bolsa; dos aspectos que se juzgan en este macroproceso penal.

La fiscal Carmen Launa incluyó a Celma en su grupo de quince directivos de la entidad que a su juicio debía responder por falsedad contable en relación con las cuenta de 2010 y 2011. En lo que respecta al socio externo de Deloitte, la fiscal pide dos años de prisión y multa de 60.000 euros al considerarle cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable por su papel de auditoría en las cuentas de Bankia de 2010, las mismas que se incluyeron en el folleto informativo de la OPS. De hecho, Launa concluyó que hizo un "limitado, anómalo e irregular" análisis de estos estados financieros en los que se apoyaron los minoristas para suscribir la compra de acciones de Bankia. 

Ante este cambio de criterio de la fiscal, el auditor responde que el trabajo tras la combinación de negocios de las siete cajas fue "adecuado y perfectamente ajustado a la 'lex artis' de la auditoría". En primer lugar, determina que las cuentas anuales de las cajas que integraron el SIP -y que no se cuestionan en este procedimiento- no se le pueden atribuir a él ya que únicamente emitió informe de auditoría de las relativas a Caja Madrid. Por lo que se refiere a su condición de auditor del Grupo BFA, Celma explica que carecía de cuenta de resultados de ese ejercicio puesto que el Grupo se constituyó ese mismo año y, por tanto, tenía todos los epígrafes a cero. 

De este modo, resalta que le llama "poderosamente la atención la incapacidad" de los dos peritos judiciales Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets de llegar a un acuerdo en lo que respecta al alcance y cuantificación de ajustes para BFA relativos a ese ejercicio. Sobre la salida a bolsa, Celma considera necesario insistir en el hecho de que él no tuvo ninguna responsabilidad en este proceso y que no solo no fue decisión suya sino que "ni siquiera fue objeto" de su fiscalización.

Precisamente, su defensa determina que Bankia contrató a Deloitte para que auditara los estados financieros intermedios de 30 de junio de 2011 y las cuentas anuales de ese ejercicio. En lo relativo a los primeros de ellos, el auditor precisa que no hubo problemas en tanto reflejaban la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de la entidad. Un extremo que, según recalca, quedó estipulado por los directivos del Banco de España que desfilaron por la Audiencia Nacional en la fase de testificales. 

Valoración distinta hace de las cuentas anuales de 2011, las mismas que terminaron siendo reformuladas en mayo del siguiente ejercicio tras la salida de Rodrigo Rato de la entidad. Sobre este punto concreto Celma apunta en dos direcciones clave: la primera, que no pudo dar el visto bueno a estas cuentas porque careció de documentación clave que necesitaba incluso para emitir los borradores de informes de auditoría. El segundo es que, por ese motivo, "de ningún modo" puede entenderse como un borrador el documento que le envió a Rodrigo Rato en abril de 2012. Y ello pese a que el entonces presidente de la entidad mantiene que sí lo interpretó como una especie de boceto del visto bueno que jamás llegaron a recibir dichas cuentas. 

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