La reforma de pensiones está bloqueando el cierre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno estudia este martes en primera ronda y cuyo documento provisional está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros de la próxima semana, el día 20. Según explican fuentes implicadas en la redacción del documento, la ficha que es responsabilidad directa del ministro José Luis Escrivá es la que más problemas está generando en el diálogo social, superando incluso a la complicada reforma laboral y, por tanto, la que más lejana se encuentra de cerrarse. Las conversaciones con empresarios y sindicatos siguen "empantanadas", según varios miembros de la mesa negociadora, y eso retrasa aún más los planes del área económica que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, la encargada, junto a Manuel de la Rocha, de interlocutar con la Comisión Europea.
Moncloa lo tiene claro: las reformas tienen que cerrarse en el diálogo social. Es una máxima que transmitido Pedro Sánchez, que no va a imponer ni a legislar ninguna medida al margen de un acuerdo con CEOE y los representantes de los trabajadores. El Plan de Inversiones y Reformas que se valida hoy nace, por tanto, con algunas ausencias. El documento establecerá el "perímetro" de la reforma de pensiones, indican las fuentes gubernamentales consultadas, pero no bajará a la medida concreta. Se pondrán negro sobre blanco intenciones o una hoja de ruta, pero no la reforma cerrada al cien por cien. Para conocer cómo quedará el documento final aún hay que esperar tiempo y eso Bruselas lo acepta, añaden.
El Gobierno lleva meses negociando con los burócratas de la Comisión el plan de reformas. Son horas y horas de conversaciones, semana tras semana, de forma que el Plan que se avanza hoy se encuentra muy avanzado y consensuado. Serán 110 inversiones y 102 reformas que el Ejecutivo de coalición se compromete a poner en marcha en los próximos tres años para poder recibir los fondos europeos (82.000 millones en esta legislatura) pero que está generando algunos problemas. La UE, por cierto, valora la actitud de los diferentes ejecutivos de que estas reformas salgan del diálogo social ya que implicaría aprobar medidas duraderas en el tiempo y con la menor dependencia posible del Gobierno de turno.
Los problemas con la reforma de pensiones
La reforma de pensiones es, en palabras de Sánchez, la "clave de bóveda del estado del bienestar". Pero las negociaciones, como decimos, se encuentran paralizadas. El problema en esta primera fase es doble. Por un lado, hay tres medidas que están provocando un intenso tira y afloja entre los cinco agentes implicados: el equipo de Escrivá, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO. En este sentido hay una profunda discusión por la llamada "jubilación forzosa" al cumplir la edad legal que Escrivá pretende fulminar por recomendación (o exigencia) de Bruselas. Patronal y sindicatos han puesto, sin embargo, pie en pared y no aceptan el veto del ministro a un asunto que fue pactado en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que se encuentra incluido en los convenios. El Gobierno plantea, por tanto, que el empleado pueda trabajar hasta el momento que quiera y los negociadores no están dispuestos a aceptarlo porque consideran que se generaría un tapón que impediría a los jóvenes a acceder a determinados puestos de trabajo. La CEOE es especialmente combativa en este punto.
Pero no es el único asunto polémico. La fórmula que Escrivá ha puesto sobre la mesa para revalorizar las pensiones sin que los jubilados pierdan poder adquisitivo tampoco gusta a los negociadores. El ministro acepta indexarlas al IPC, tal y como avanzó este lunes en el Congreso, pero pretende introducir un mecanismo que absorba las subidas el año que el IPC sea negativo: en ese caso las prestaciones no se incrementarán y la diferencia se calculará con una media en los tres siguientes años que sí suban las pensiones. El acuerdo en este punto tampoco está cercano. Los sindicatos exigen, además, derogar el factor de sostenibilidad de forma inmediata.
La tercera medida que está empantanando las negociaciones tiene que ver con la intención de Escrivá de acercar la edad real de jubilación a la legal. El ministro propone para ello varias fórmulas, como endurecer la jubilación anticipada con coeficientes reductores (UGT denuncia que el 99% de las jubilaciones anticipadas no son por voluntad propia sino por la situación de desempleo); o ampliar los 'premios' a quien se mantenga trabajando. Se podría, para ello, revisar la pensión, recibir un cheque de hasta 12.000 euros en el momento de la jubilación o un sistema mixto, según las diferentes propuestas que ha planteado el titular de Seguridad Social. Tampoco hay buenas sensaciones para llegar a un acuerdo en esta propuesta.
¿Corren peligro los fondos europeos?
Teniendo en cuenta que los fondos europeos están sujetos a una condicionalidad fijada en este Plan de Inversiones, el Gobierno ha decidido establecer un férreo mecanismo de control a la hora de repartir las ayudas entre las comunidades autónomas. Bruselas desbloqueará el dinero a los países si van cumpliendo en tiempo y forma con esa serie de reformas comprometidas por escrito y a las que tiene que dar el visto bueno tanto la Comisión como el Ecofin. Es decir, avisan, que los países que no ejecuten reformas o las demoren en el tiempo no recibirán el dinero. ¿Qué implica eso? Que los gobiernos que vayan ejecutando más objetivos recibirán más.
Se trata, en definitiva, de unos incentivos positivos que el Gobierno también va a aplicar a las comunidades autónomas que, en definitiva, van a gestionar la mayoría de los fondos europeos. Por eso se ha ideado la cogoberanza y se va a canalizar todo a través de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En definitiva, si el Gobierno central o una comunidad autónoma no ejecuta con diligencia los objetivos a los que se ha comprometido puede poner en riesgo las ayudas tanto a otras autonomías como al país en general. Desde Moncloa avisan que se va a realizar un control inflexible de todo el mecanismo para que los convenios-marco (se van a firmar 17, uno por cada comunidad autónoma) se cumplan.
Si el Gobierno central o una comunidad autónoma no ejecuta con diligencia los objetivos a los que se ha comprometido puede poner en riesgo las ayudas
El artículo 19 del Reglamento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge que "en caso de que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora indebida una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera". Es decir, el país cumplidor no tendrá problemas. Sin embargo, prosigue el mismo artículo, "cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente [con los compromisos acordados en el Plan de Inversiones y Reformas] el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá". De forma inmediata, además. En ese caso el país afectado podrá presentar sus explicaciones para cobrar la ayuda paralizada. Se trata, por tanto, un mecanismo duro: primero se suspende la transferencia y posteriormente el Estado miembro recurrirá.
Y concluye el mismo reglamento: "Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión [de las ayudas] la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera". Es un aviso a navegantes: si no se cumple, el fondo europeo que le corresponde a cada país podría rebajarse.
Cómo será el plan de inversiones y reformas
Sánchez hizo este lunes un bosquejo de cómo va a ser el plan de reformas que se aborde este martes en Moncloa. En el capítulo de inversiones hay contemplados programas como la modernización y competitividad del sector turístico, el Plan Estratégico de Formación Profesional o la hoja de ruta del hidrógeno verde. El Gobierno también pretende digitalizar 1,3 millones de pymes y 140.000 aulas escolares, así como instalar 150.000 puntos de recarga rápida para impulsar el vehículo eléctrico y lograr una flota de al menos 250.000 en el año 2023. Para ello también se va a lanzar un nuevo Plan Moves.
La rehabilitación de medio millón de viviendas, la creación de 65.000 plazas de guardería y llevar la banda ancha y el 5G a todo el país serán otras prioridades que se incluirán en el documento gubernamental. El Ejecutivo calcula que las inversiones y reformas comprometidas permitirán crear 800.000 puestos de trabajo en lo que queda de legislatura.
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