La gestión financiera de Unidas Podemos ha situado a la cúpula del partido en el disparadero. La denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente apunta a facturas anómalas y posibles delitos de malversación de fondos públicos, y ha llevado al juez a imputar al 'número dos' de Pablo Iglesias, el responsable de comunicación de UP, Juan Manuel del Olmo, en cuyas manos quedó la organización de las campañas electorales más recientes. Precisamente sobre estas últimas, los informes del Tribunal de Cuentas han aflorado 1,5 millones de euros de gasto electoral irregular del partido, en el marco de los tres últimos comicios auditados por el organismo.
Los últimos informes del órgano -al que la Constitución atribuye la fiscalización del sector público-, fueron publicados el 28 de julio y hacen referencia a las elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019 y al Parlamento Europeo del 26 de mayo de ese mismo año. El Tribunal de Cuentas aún no ha analizado la información sobre los comicios celebrados más allá de esta fecha, pero un vistazo a los documentos sobre los gastos de la formación en estos dos procesos electorales, así como los referentes a la campaña electoral de las generales del 26 de junio de 2016, dan cuenta de un rastro de anomalías que asciende a 1.545.626,31 euros.
El Tribunal de Cuentas, basa sus comprobaciones en la información remitida por los propios partidos sobre aquellos gastos derivados de la campaña electoral. La fiscalización que lleva a cabo el organismo se refiere, por tanto, a la contabilidad de los ingresos y gastos electorales presentadas por las formaciones políticas, a efectos de su participación en la cita con las urnas, siempre que estas cumplan "los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales o han solicitado adelantos con cargo a las mismas".
Para encontrar referencias a la actividad electoral de Unidas Podemos, hay que remitirse al informe sobre las generales de junio de 2016, cuando Pablo Iglesias y el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, sellaron su alianza para "recuperar el país en favor de las clases populares y ganar las elecciones al Partido Popular". El resultado revalidó la presidencia de Mariano Rajoy pero, menos de cuatro años después, el acuerdo brindó a Iglesias y Garzón las llaves de Moncloa. Ahora, el magistrado que lleva la causa, Juan José Escalonilla, ha lanzado un paquete de diligencias con el objetivo de contrastar toda la actividad contable del partido desde 2018, dos años tras la 'fusión', hasta ahora.
Los proveedores, el 'talón de Aquiles' de las cuentas de UP
Dado que el Estado subvenciona los gastos originados por las actividades electorales, en función de la representación obtenida, la suerte de auditoría que realiza el Tribunal de Cuentas sirve de garantía, para que la factura de las elecciones no se convierta en un agujero negro. Y es que la ayuda estatal no es baladí: más de 21.000 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado, que ascienden a más de 32.500 si se trata del Parlamento Europeo. Así, la institución estipula tres posibles anomalías en las cuentas de los partidos que hacen sonar las alarmas.
Entran en este paquete aquellos gastos por operaciones ordinarias no contempladas en la ley, los derivados del envío de propaganda que se salgan de lo establecido y las facturas a proveedores que no hayan respondido a la llamada del Tribunal de Cuentas. Según el artículo 133.5 de la LOREG, esta imposición a las empresas que provean a las formaciones se limita a facturas superiores a los 10.000 euros, y obliga a estas firmas a remitir al organismo información detallada sobre los servicios prestados en el marco de la cita con las urnas. Es este punto el que deja en peor lugar a las cuentas de Podemos, al sumar 1.056.139,64 euros en las tres campañas electorales citadas.
Entre los proveedores del partido que cuya información no ha llegado (o no ha convencido) al Tribunal de Cuentas, se encuentra Facebook Ireland Limited, la filial del gigante de Mark Zuckerberg, firma que el Tribunal de Cuentas nombra hasta cuatro veces en su informe sobre los comicios del 28A. De vuelta al 'talón de Aquiles' de las cuentas de Podemos, en esas últimas elecciones, estas empresas le supusieron irregularidades por valor de 931.384 euros, lo que supera con creces el rastro que dejaron en el partido tras las europeas del 26M (70.288, 97 euros) y el que dibujaron en las generales del 26J (54.466, 65 euros).
La parte restante de ese millón y medio de anomalías en las cuentas se concentran en los gastos por operaciones ordinarias -489.486,67 euros-. Este monto se dividió en 56.147,15 euros en los comicios de junio de 2019, 425.037,41 euros en los de abril de mismo año y 8.302,11 en las generales de 2016. Unidas Podemos no incurrió, en ninguna de estas elecciones, en irregularidades derivadas del envío de propaganda -el tercer punto de fuga que analiza el Tribunal de Cuentas-.
La factura de la fiebre electoral
Entre los gastos por operaciones ordinarias que contempla el artículo 130 de la LOREG se cuentan la confección de sobres y papeletas electorales, el alquiler de locales, la propaganda o el transporte. La norma también incluye los "intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención", así como un 'cajón desastre' que reza: "Cuantos (gastos) sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones". Casi todo cabe en la LOREG... pero no en cualquier momento.
La ley incide en la importancia de los plazos. Solo se consideran gastos electorales los realizados "desde el día de la convocatoria hasta el de la proclamación de electos". Así, una de las discrepancias en las que, en forma de alegaciones, coinciden buena parte de los partidos es en quién paga la factura de la noche electoral. El Tribunal de Cuentas insiste en que la campaña ya ha terminado y los partidos alegan que la fiesta también es campaña.
El foco del Tribunal de Cuentas no ha llegado aún más allá de mayo de 2016. El proceso sobre Unidas Podemos ha puesto en la picota a la formación y las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. En cuestión de gasto electoral irregular, tampoco el resto de partidos de la Cámara se salvan del toque de atención del organismo. En los tres comicios valorados, el Partido Popular se quedó a las puertas de los dos millones, valor que Vox superó solo en las dos campañas de 2019. El socio de Gobierno de UP, según los últimos tres informes de la institución, registró casi 360.000 euros anómalos. La reciente fiebre electoral también le ha pasado factura a España.
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