Fue apodado como el 'héroe de las tarjetas black' por ser el único gran directivo que rechazó de plano utilizar estas visas durante su etapa en Bankia y ahora, Francisco Verdú Pons, rinde cuentas por la salida a bolsa de la entidad. Ante el mismo tribunal que le escuchó como testigo, ha relatado, esta vez en calidad de investigado, que él se incorporó a la entidad como consejero delegado cuando ya estaba fraguado el debut bursátil, si bien no tuvo "ninguna razón" para cuestionar los estados puesto que estaban validados sin salvedades. "Son las cuentas más supervisadas de la historia de este país", ha apuntado.
Verdú Pons, para quien la Fiscalía pide dos años y siete meses de cárcel por el delito de fraude a inversores, se ha desligado igualmente de BFA asegurando que "no tiene nada que ver con la gestión" de la matriz puesto que él llegó a la entidad en mayo de 2011, y, de la misma forma, Banco de Valencia estaba "fuera de su perímetro de trabajo" ya que era "una participada de una participada" de BFA. El exdirectivo también se ha desvinculado del proceso de nacimiento de Bankia no sin antes apuntar que el Banco de España consideró que la estrategia de integración de las siete cajas fue "la adecuada".
En lo que respecta a la salida a bolsa, Verdú Pons ha apuntado en dos direcciones: por un lado, ha asegurado que contaba con las auditorías de la constitución de BFA y de las segregaciones y, por otro, ha hecho mención a las conclusiones de los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en los que se analizó "minuciosamente" todos los balances de la entidad. "En el escenario más estresado, Bankia cumple con todos los requerimientos. ¿Cómo no me voy a fiar del Banco de España o de Deloitte? Son las cuentas más bendecidas que ha habido nunca", ha respondido al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Sobre el folleto de salida a bolsa ha asegurado que no tenía la menor duda de que no podía estar mejor asesorado y que la información estaba "chequeada". "Recoge las cuentas muy bien armadas, recoge riesgos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha ido incrementando y lo ha hecho pensando en el inversor minorista", ha dicho el banquero de Alcoy para confrontar la tesis del Ministerio Público que le acusa junto con Rodrigo Rato, José Luis Olivas y José Manuel Norniella de maquillar el folleto para ocultar el riesgo real de la compra de acciones.
"No parece que hagan una advertencia sobre la debilidad de recursos. ¿Esto no debía ser objeto del folleto?", le ha reprochado Luzón en referencia a la falta de información sobre las consecuencias del descuento del precio de las acciones de la OPS. En respuesta, el exconsejero delegado ha apuntado que era una entidad que hizo todo lo que tuvo en la mano par ser viable. Al respecto, ha asegurado que si bien "tenía mucho que mejorar" cuando se creó el SIP, a fecha de febrero de 2012 cumplía su plan para ganar capital "un 103%" según el Banco de España y, por tanto, es falso que se pudieran vislumbrar problemas de capital en aquel entonces.
Advertencias del BdE sobre la morosidad oculta en refinanciaciones
La estrategia a la que ha hecho alusión Verdú Pons residía en obtener unas ganancias de 500 millones de euros en el marco de un plan encargado a 26 expertos y que pasaba por ajustar, por un lado, palancas de gastos de la entidad (en relación a vehículos, alquileres de oficinas, sociedades...) y, por otro, ahorrar en gastos anuales. Sobre este último punto, el banquero ha explicado que entre los ejercicios 2010 y 2013 se planteó una reducción del 24%. Unas explicaciones que no han satisfecho al jefe de la Fiscalía Anticorrupción quien también ha recurrido a un informe del supervisor sobre el seguimiento bancario de finales de 2011 y que plasmó una "situación alarmante" sobre la evolución de la morosidad de las cajas ocultada a través de refinanciaciones.
En relación al papel de la auditora Deloitte -que se sienta en el banquillo como persona jurídica-, Verdú Pons ha asegurado que no puso problema alguno a las cuentas de Bankia, sí de BFA, pese a que el auditor de los ejercicios relativos a 2010 y 2011, Francisco Celma, entregó a comienzos del procedimiento una serie de correos intercambiados con la cúpula de la entidad en los que manifestaba que no podía auditar los estados de 2011 debido a que no le suministraban la información requerida. "Deloitte tiene un contrato y tiene que entregar un informe. Si no tiene la documentación tiene que entregarla con salvedades. ¿Por qué no lo hizo? Igual tenía información privilegiada", ha apuntado, exactamente la misma línea que Rato.
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