La exgerente de la Fundación Arpegio Carmen Plata volverá a la Audiencia Nacional. En principio, y si no se prolonga el estado de alarma decretado por el Gobierno, el magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, le interrogará el próximo día 14 de abril a las 9.30 horas. Esta citación se produce a petición de la propia Plata que ya figura como imputada en este procedimiento penal por haber firmado contratos desde la fundación ligada a Arpegio. Anticorrupción sospecha que con este firma pública, creada bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre, se habrían desviado 800 millones de euros de las arcas regionales.
El instructor accede a interrogar a la también exconcejal popular de Getafe con el visto bueno de las fiscales del caso, de acuerdo con una providencia del pasado 5 de marzo a la que ha tenido acceso La Información. De este modo, se reactiva una de las partes clave de esta causa en la que se investiga si, tal y como sostiene el Ministerio Público, se desviaron fondos desde el extinto Arpegio con el que Aguirre habría maniobrado para que, en vez de depender de la Consejería de Medio Ambiente, lo controlara Presidencia, a cuyo frente estuvo Granados entre 2004 y 2011. De hecho, Anticorrupción sostiene que este cambio hizo que también quedara bajo su dominio la gestión de los consorcios urbanísticos.
Con todo, la exgerente de la Fundación Arpegio ya ha declarado anteriormente en la Audiencia Nacional. El magistrado que comenzó instruyendo este procedimiento, Eloy Velasco, la interrogó en sede judicial tras su imputación a comienzos de 2016. En aquella ocasión se le preguntó por el contrato de patrocinio que la fundación firmó con otra de las empresas clave en el caso Púnica: Waiter Music. El dueño de esta mercantil dedicada a organizar actos musicales, José Luis Huerta, admitió ante el juez que realizó determinados actos de campaña para el PP a cambio de adjudicaciones públicas y no solo eso sino que confesó que en las facturas que giró a empresas de la trama incluyó conceptos ficticios.
Conciertos y venta de parcelas
Lo que investiga la Fiscalía en esta parte concreta de la macrocausa es el convenio suscrito entre Arpegio y su fundación y el contrato de actos que adjudicaba la Consejería de Cultura. El convenio en cuestión fue destinado a pagar los gastos del concierto que acogió el Palacio de Congreso en 2007 de 'The Night of de Proms' y que organizó Waiter Music. Pero desde Arpegio se controlaron también otras áreas del Ejecutivo regional no menos importantes, como la urbanística. El avance de las pesquisas que arrancaron en el año 2014 pone de manifiesto que Granados (presidente de Arpegio entre los años 2005 y 2007) concertó la venta de parcelas de la Comunidad de Madrid con dos empresarios de su confianza: Ramiro Cid Sicluna y el constructor confeso David Marjaliza, ambos imputados en el caso.
El mecanismo habría sido el siguiente: desde Arpegio se ponían de acuerdo con cada ayuntamiento implicado en esta trama, de manera que cada uno de los consistorios decidió quien iba a ser el adjudicatario de las parcelas municipales que salían a concurso,unos hechos que implican no solo al grupo popular de estos municipios sino también al PSOE y de Izquierda Unida (IU). Además, los pliegos de las cláusulas administrativas y técnicas se redactaban desde la misma firma pública, lo que, de acuerdo con la tesis del Ministerio Fiscal, permitió que los acusados pudieran desviar parte de este presupuesto a su patrimonio personal.
Igualmente, desde Arpegio también se gestionó el Plan Prisma, en concreto el relativo al ejercicio 2006-2007 y 2008-2011. Las dotaciones fueron de 300 y 700 millones de euros, respectivamente. En su interrogatorio el pasado mes de octubre, Esperanza Aguirre declaró que no tenía nada que ver con una presunta caja 'b' del PP madrileño aunque ya al final de su declaración delegó responsabilidades en Jaime González Taboada, exconsejero de Medio Ambiente y actual presidente del partido en el distrito de Chamberí. Aguirre dijo que todos los asuntos relacionados con las licitaciones de Arpegio estaban en manos de Taboada, el cual integraba la empresa pública que dependía de la Consejería de Presidencia.
Los líderes de la Gürtel, testigos en Púnica
En el mismo auto del pasado 5 de marzo, el magistrado acordó llamar también como testigos a tres imputados en la trama Gürtel. Se trata del el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; su homólogo en Boadilla del Monte Arturo González Panero (conocido como 'el Albondiguilla') y también la exempleada de una de las empresas de Francisco Correa, Isabel Jordán. De mantenerse las citaciones que han sido solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, Ortega declararía el día 14 junto con Carmen Plata y un día después harían lo propio 'El Albondiguilla' e Isabel Jordán.
Sus testificales pueden arrojar luz en lo que respecta al papel que tuvieron en el caso Púnica los expresidentes madrileños. De hecho, mientras Carmen Plata desvinculó a Aguirre de Púnica en su intervención en la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, 'el Albondiguilla', por su parte, la señala como responsable de la red. De hecho, aportó un escrito ante la Fiscalía en el que le acusaba de ser la artífice de la presunta financiación irregular del PP madrileño, pero el magistrado García Castellón rechazó incorporarlo a la causa asegurando que no aportada nada para el avance de las diligencias.
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