Tras escuchar a los máximos responsables de supervisión del Banco de España, el tribunal de la Audiencia Nacional del caso Bankia tomará declaración la semana que viene a un total de cinco socios auditores de las firmas PwC y AFI por su implicación en el plan de integración de las siete cajas cuya fusión dio lugar al nacimiento de Bankia. Sus informes, a los que las partes han recurrido en numerosas ocasiones desde el arranque del procedimiento, establecieron, entre otros asuntos, los saneamientos necesarios que necesitaba el grupo apenas dos años antes de que acabara recibiendo la mayor inyección de capital público cifrada en 22.400 millones de euros.
De esta forma, y en lo que respecta a PwC, están citados a declarar el lunes 29 de abril José María Sanz y, un día después, Justo Alcocer, ambos socios de la firma. En su declaración en sede judicial serán preguntados por sus valoraciones en lo que respecta al proceso de nacimiento de BFA-Bankia así como por un informe con fecha del 28 de abril de 2011 -meses antes de la salida a bolsa del grupo- y según el cual se arrastraban coberturas de insolvencias no contabilizadas por parte de Banco de Valencia de, al menos, 872 millones de euros.
Además, las partes aludirán a otro documento confidencial que se incorporó a la causa días después de que arrancara el procedimiento el pasado mes de noviembre. Este informe -que para el Ministerio Público es clave puesto que vendría a demostrar que se ocultó la mala situación que arrastraban las cajas para cerrar con éxito el proceso de fusión fría- planteaba un rango de ajuste de uno s11.500 millones de euros. Se trata de una cifra que superaba hasta en un 61% la que incluía inicialmente el plan de integración.
En concreto, PwC barajó dos escenarios relativos a los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Mientras en el primero se planteaban unos ajustes de 8.000 millones de euros, el segundo incluía una cifra ligeramente inferior de 3.000 millones de euros. En cualquier caso, se trató de una previsión que no coincidió con la prevista inicialmente en el plan de integración de las cajas ya que en el mismo no se estimaban pérdidas que superaran los 10.000 millones de euros. Se da la circunstancia de que aunque el Ministerio Público se apoya en este documento para apuntalar su acusación contra la cúpula de la entidad, el que fuera presidente de la misma, Rodrigo Rato, lo utiliza para hacer constar que el banco no solo se quedó en esta cifra sino que provisionó hasta 13.000 millones de euros.
La firma puso el foco especialmente en la situación de las dos principales entidades que integraron el SIP: Bancaja y Caja Madrid. De hecho, apuntaba que más del 80% de los ajustes que deberían tomarse correspondían al porcentaje de estimación de ambas entidades. En lo que respecta a la caja valenciana, la auditora advirtió del riesgo derivado de su alta cartera de activos inmobiliarios y determinó que la compleja estructura empresarial de Bancaja Hábitat -concentrada principalmente en el Arco Mediterráneo y en México- iba a hacer necesaria una financiación adicional de 5.100 millones de euros.
En lo que respecta a Analistas Financieros Internacionales (AFI), el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo ha citado para el próximo martes 30 de abril a Alfonso García Mora, Enrique Martín-Barragán y Ángel Berges. A todos ellos se les interrogará por los pormenores del plan de integración aprobado por el Banco de España el 29 de junio de 2010 previo visto bueno de la Dirección General de Supervisión del supervisor, cuyos inspectores han declarado en calidad de testigos en las últimas sesiones de juicio con la excepción del que fuera máximo responsable de este departamento, Jerónimo Martínez Tello. Aunque el tribunal citó al exdirectivo el pasado día 10 de abril, su declaración se postergó y se le ha vuelto a convocar para el lunes.
El valor de Bankia, bajo lupa
Las preguntas de las partes en lo que respecta a AFI irán encaminadas a aclarar determinados extremos tales como el verdadero valor del patrimonio de Bankia el cual, según los analistas, oscilaba entre 11.163 y 15.092 millones de euros. Cabe destacar que algunos exdirectivos de supervisión del Banco de España han recurrido en diversos momentos de sus testificales a este documento de cara a probar que la operación de fusión fría contaba con el visto bueno de auditores externos apuntalando así la conveniencia de la fusión fría, pese a que algunos acusados aseguraron que se produjo por órdenes expresas del supervisor.
En lo que respecta a Jerónimo Martínez Tello, tanto la fiscal al frente de este macroprocedimiento, Carmen Laúna, como las partes que conforman el mismo se interesarán por los aspectos relativos no solo al nacimiento de Bankia y su matriz sino también a las labores de supervisión que prestó el organismo y que se han visto empañadas las últimas sesiones de juicio ante las divergencias manifestadas por los exresponsables del departamento de Supervisión. Especialmente en lo que respecta a los famosos correos internos que remitió José Antonio Casaus en los meses previos a la salida a bolsa de la entidad así como en la reunión que este último mantuvo justo un año antes con el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Precisamente en ese encuentro el tono fue completamente distinto al empleado un año después en tanto le trasladó que la fusión era viable además de que contaban con un rango de pérdidas estimadas que cuadraba con el barajado por el supervisor.
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