Reasignaciones de funciones, redistribución de personal de una unidad a otra, contratación de interinos...los responsables de recursos humanos de los ministerios del Gobierno de España tendrán las manos libres para reorganizar a placer la estructura interna de sus departamentos para garantizar que las unidades que se encargarán de la gestión de los fondos europeos estén suficientemente dotadas como para afrontar el que asoma como el mayor reto que ha enfrentado la Administración Pública española en los últimos lustros: la gestión y ejecución de los 140.000 millones en transferencias y préstamos que la Unión Europea ha asignado a España para salir de la crisis provocada por la Covid-19.
Todavía no está claro a cuántos empleados públicos afectarán estos movimientos, pero lo que sí se sabe es que los criterios a seguir por los ministerios para ejecutarlos no se van a acordar de forma general con los sindicatos, como al menos CCOO reivindica Éstos mantuvieron el pasado jueves dos reuniones con la directora general de Función Pública, Isabel Borrel, en la que se les trasladaron las líneas generales de actuación que va a seguir la Administración pero si abrir un trámite de negociación.
El planteamiento del Gobierno, ya apuntado en el Real Decreto de medidas de agilización administrativa para la ejecución de los fondos europeos, es disponer de la mayor flexibilidad posible para dotar del personal necesario a las unidades que se encargarán de la gestión de los fondos europeos y el Ministerio de Función Pública prevé poner a disposición las herramientas disponibles: redistribución y reasignación de efectivos, atribución temporal de funciones a tiempo completo y a tiempo parcial, comisiones de servicios, captación de funcionarios de nuevo ingreso, contratación de interinos o asignación de personal procedente de excedencias.
No sólo eso. Del mismo modo que se ha hecho con los procedimientos de contratación pública, el Ministerio de Política Territorial y de Función Pública de Miquel Iceta también 'suspenderá' la normativa vigente en materia de procesos de incorporación de personal para permitir que éstos se sustancien en solo tres días, cuando en condiciones normales se prolongan durante alrededor de tres meses.
A los sindicatos les preocupa, no obstante, que los procesos de movilidad se hagan sin la debida transparencia y sin un criterio claro. "Nos hubiera gustado que se abriera una negociación y que se estableciera un esquema razonable de prelación entre unos instrumentos y otros y sobre la selección de funcionarios", subrayan desde CCOO. Advierten de que tal y como está planteado el esquema no hay suficientes garantías sobre que la selección del personal se haga de una forma razonable e incluso sobre que se vaya a retribuir esa dedicación especial. "En el real decreto dice que podrá hacerse, pero no obliga a hacerlo", subrayan.
Desde los sindicatos entienden que se deberían regular cosas como priorizar la reasignación de funciones dentro de una misma unidad sobre los traslados de una unidad a otra, la voluntariedad a la hora de moverse, el orden en que se van a llamar a los aspirantes de las bolsas de interinos, los complementos salariales a percibir o la incidencia de esos traslados transitorios para cumplir funciones que en algunos casos pueden ser diferentes a las que venían desarrollando en la Administración sobre la carrera profesional. "¿Cómo se va a tener en cuenta a efectos de antigüedad o de carrera profesional? Hay funcionarios a los que un eventual traslado a otra unidad puede perjudicarles a la hora de aspirar a puestos de mayor rango. Todo eso debería regularse y debería hacerse con nuestra participación", asegurando desde CCOO. La Federación de Servicios Públicos de UGT también exigió en un comunicado transparencia en la aplicación de los fondos y en la movilidad de los funcionarios, así como que estos procesos respeten el Reglamento de Ingreso de Personal de los empleados públicos.
Una revolución ministerial por la vía rápida
Los tiempos sin embargo aprietan al Gobierno. El Ministerio de Función Pública acaba de publicar la instrucción en la que se recogerán los instrumentos que los ministerios podrán utilizar para dotar las unidades que se encargarán de la gestión de los fondos y ahora disponen de cuatro semanas - hasta el fin del mes de febrero - para elaborar los planes estratégicos en los que tendrán que concretar sus necesidades materiales y de personal, el volumen de fondos a gestionar, las necesidades formativas derivadas de este proceso y los proyectos a desarrollar.
El movimiento afectará de forma sustantiva a tres ministerios, que son los que están llamados a ejecutar el 95% de los fondos disponibles y que por tanto serán los que mayores necesidades de recursos tendrán: el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Todo apunta a que estos ministerios incorporarán funcionarios expertos en contratación pública de otros ministerios, deberán reestructurar su esquema interno de funcionamiento y probablemente tendrán que acudir también a las bolsas de empleo de interinos para configurar sus equipos.
En paralelo a este proceso, el Gobierno empezará a perfilar un programa de formación para familiarizar a los funcionarios que se vayan a asignar a las unidades encargadas de gestionar los fondos europeos con las tareas que les va a tocar realizar. Según las fuentes consultadas este programa de formación se desarrollará desde el INAP y el Instituto de Estudios Fiscales.
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