La salida de depósitos que se produjo en los últimos meses de vida del Banco Popular fue de tal calado que hizo "prácticamente imposible" que pudiera mantenerse en pie y tuviera que recurrir al Banco de España en busca de una línea de liquidez inmediata, de acuerdo con el peritaje realizado por dos inspectores del supervisor que pone el foco en la deriva que vivió la entidad antes de su resolución por parte del FROB. De hecho, en sus conclusiones apuntan que la causa de este desenlace hay que buscarla en la "intensa" fuga de depósitos que llegó a provocar una salida de 5.700 millones de euros en los cinco primeros días de junio de 2017.
El extenso documento que la Audiencia Nacional ya ha incorporado al procedimiento destaca en el inicio del mismo que los motivos de la debacle de la entidad se debieron principalmente a tres episodios de fuga de depósitos ocurridos durante el segundo trimestre de 2017, siendo el del 31 de mayo el de especial gravedad. En total, el banco se dejó hasta 16.000 millones de euros entre abril y junio de ese año concentrados en depósitos no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, lo que sentenció de muerte a la entidad que acabó siendo comprada por el Banco Santander por el simbólico precio de un euro.
A juicio de los expertos, la situación del Popular en aquel mes de junio de 2017 se podría asimilar a una suspensión de pagos y no una quiebra considerando que arrastraba además las consecuencias de una ampliación de capital que se hizo sin respetar en su totalidad la normativa contable. Con este panorama, la única alternativa que podía afrontar el banco era la de su resolución, teniendo en cuenta que una hipotética liquidación del que fuera sexto banco español podría acarrear "implicaciones sistémicas" en el entorno financiero.
Por ese motivo, el Banco de España respalda el proceso de resolución que auspició la JUR y aplaude la "iniciativa privada" en referencia a la operación de compra que efectuó la entidad de Ana Botín. Precisamente, el magistrado al frente de la causa, José Luis Calama, imputó al Santander como persona jurídica al entender que durante la instrucción debe responder por estos hechos en su condición de heredero del Popular, el cual ha seguido manteniendo su personalidad jurídica. En este caso, el supervisor echa un capote al Santander y avala el importe que pagó por el banco extinto, en tanto venía determinado "por la evaluación de los riesgos asumidos en la compra".
Sin garantías del Estado
No obstante, los inspectores analizan una vía alternativa y consideran en este minucioso informe que si se hubiera dispuesto de una garantía explícita del Estado, se habría permitido a la entidad presidida entonces por Emilio Saracho tras la marcha de Ángel Ron obtener esa liquidez a través de las cuentas del Banco de España. En lo que respecta las pérdidas sufridas por todos los inversores -que son los que auspiciaron este procedimiento penal en la Audiencia Nacional- el supervisor determina que son consecuencia directa de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta.
No obstante, el foco en lo que respecta a la causa penal no se centra en la venta del banco -de hecho, la Audiencia ha denegado la pretensión de investigar a Ángel Ron y Emilio Saracho por este asunto concreto- sino en la ampliación de capital de 2.505 millones de euros y si esta se produjo amparándose en un folleto informativo que no recogía la imagen fiel de la entidad así como en la difusión en los medios de comunicación de información falsa para hacer caer el valor de la cotización. Sobre ambos extremos se pronuncian los expertos que concluyen que no se puede decir que la entidad fuera inviable, si bien se lanzó a la operación de ampliación con determinadas irregularidades contables que no afloraron en su momento.
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