La Ley de Vivienda sigue tensando la coalición

PSOE y UP salen de nuevo enfrentados para rebajar el precio de los alquileres

Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo en el Ministerio de Transportes, y Joseba García, subsecretario de la Vicepresidencia segunda, se han reunido sin avanzar en la negociación.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, con el ministro de Transporte, José Luis Ábalos en Moncloa
PSOE y UP salen de nuevo enfrentados para rebajar el precio de los alquileres
EFE

PSOE y Unidas Podemos siguen enfrentados y sin avanzar en el acuerdo para aprobar la Ley de Vivienda. Los socialistas siguen insistiendo en los incentivos fiscales a propietarios y así lo han expuesto en una nueva reunión que se ha celebrado en la mañana de este lunes entre los equipos técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Vicepresidencia segunda del Gobierno. Sí que ha habido una novedad, según indican fuentes del partido morado: el equipo de José Luis Ábalos se ha abierto por primera vez a estudiar la propuesta de sus socios -la regulación de los precios- y a llegar a un punto de entendimiento.

Desde Unidas Podemos reiteran que el acuerdo de Gobierno debe cumplirse incluyendo en la ley la regulación de precios del alquiler y se muestran satisfechos de que el PSOE esté empezando a reconocer que su propuesta no sólo es socialmente injusta, sino también ineficaz. Los socialistas, por su parte, niegan haberse abierto a negociar los planteamientos morados y aseguran que están esperando a una nueva reunión entre los representantes políticos, David Lucas, secretario general de Vivienda, e Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y futura ministra de Derechos Sociales.

El equipo técnico de Transportes, liderado por Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo, acudía a la cita con sus socios, liderados por Joseba García, subsecretario de la Vicepresidencia segunda, con la intención de exponer  los datos que avalarían la propuesta de incentivos fiscales. Sin embargo, según las mismas fuentes, Martín y su equipo "han acudido a la reunión sin documentación que la respalde". Se trata de un planteamiento que requeriría el visto bueno de Hacienda.

Este fin de semana, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, daba por seguro que la Ley de Vivienda saldría adelante y que Unidas Podemos ganaría la batalla. Para el candidato en Madrid, la cuestión de los alquileres va "mucho más allá" del debate abierto en el seno del Ejecutivo, si bien ha advertido a su socio de coalición de que lo firmado ante la ciudadanía es "ley". "Pacta sunt servanda (lo pactado obliga, en latín)". El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, le ha respondido este lunes que el PSOE es un partido serio que cumple sus compromisos.

Las propuestas iniciales sobre alquileres de una parte y otra del Gobierno han recibido diferentes interpretaciones. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha apuntado que esta vía "no logrará los objetivos previstos en las zonas tensionadas" de reducir las rentas debido a que seguiría siendo más rentable para los arrendadores mantener los precios abusivos del alquiler que acogerse a los incentivos propuestos por el PSOE.

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda apunta que la propuesta del PSOE "no logrará los objetivos previstos en las zonas tensionadas"

El 'think tank' de la CEOE, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), considera, por su parte, que la propuesta de Unidas Podemos supone una amenaza contra el derecho a la propiedad en España, que según la evaluación del Índice Internacional de Derecho a la Propiedad no es que goce de una salud de hierro precisamente, situándose en el puesto 26 de entre las 37 economías más desarrolladas.

"Todo este tipo de acciones tienen dudoso encaje constitucional como ya se ha encargado de aclarar el Tribunal Constitucional en sentencias anteriores", ha advertido este lunes el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, "pero quizá lo más grave es que el mero anuncio de las mismas, aún aunque no se aprobaran, genera unos efectos de desconfianza e inseguridad jurídica muy preocupantes para la actividad económica".

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