La Justicia británica ha autorizado el embargo preventivo del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un inmueble histórico propiedad del Estado español ubicado en Londres que tiene como sede un antiguo convento dominico. Esta medida forma parte del plan de Reino Unido para embargar bienes a España y así, ejecutar uno de los laudos perdidos por el país por los recortes a las renovables ejecutados en la década pasada.
El inmueble bloqueado, por orden del Tribunal Superior de Londres, responde al pago pendiente por España a los dueños de la deuda del fondo francés Antin, que vendió sus derechos en este litigio y se hizo con una indemnización de 101 millones por las consecuencias de la reforma eléctrica que se llevó a cabo bajo el mandato de Mariano Rajoy.
Asimismo, los impagos han hecho que la indemnización original sume a su vez 20 millones por intereses de demora y cerca de 6 millones por las condenas en costas. Por tanto, las obligaciones asociadas a este caso ya sobrepasan los 127 millones de euros.
Anteriores embargos
No obstante, este no es el único caso de embargo que ha emitido esta corte. Pues, la semana pasada, la justicia británica autorizó el embargo cautelar de la indemnización por la catástrofe del Prestige, un derecho de cobro valorado en más de 900 millones de euros.
Dos meses atrás, la Justicia británica emitió una sentencia para embargar, de forma cautelar, la sede londinense del Instituto Cervantes como respuesta al laudo dictado a favor de otro inversor 'verde', Blasket Renewable Investments, así como la incautación de una cuenta bancaria del Reino de España y un edificio de acción exterior de la comunidad autónoma de Cataluña.
A su vez, en el otro extremo del planeta, Australia, la Corte Suprema ha emitido una sentencia que abre la puerta a medidas similares. En los próximos meses se espera el anuncio de los primeros embargos que afectarán a bienes españoles en el país oceánico.
La estrategia de embargo de bienes seguirá su curso mientras España no cumpla con el pago de los más de 1.200 millones de euros que debe a las empresas e inversores afectados, así como con el pago de los sobrecostes generados por intereses de demora y condenas en costas (en total, 250 millones más).
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios