Un fondo de EE UU presiona ante Moody's y Fitch por los arbitrajes de las renovables

Blasket Renewable Investment continúa en su lucha para cobrar los laudos pendientes por los recortes a las primas a las energías renovables. El fondo ha remitido una carta a Moody's y Fitch en relación con el laudo del caso Infrared en la que pide que se rebaje la calificación de la deuda española. En abril ya se conoció que el fondo estadounidense había activado una cláusula que declara a España en "impago técnico" después de que el Gobierno se niegue a abonar los laudos pendientes por los recortes a las primas a las energías renovables.

Con sendas misivas, a las que ha tenido acceso La Información, las agencias de calificación crediticia tendrán más información sobre los incumplimientos y podrán usar todos estos datos para reconsiderar el 'rating' de los bonos de deuda emitidos por el Tesoro. "Entendemos que es la primera vez que España incumple los términos y condiciones de instrumentos de duda soberana desde 1936. Esto convierte a España en el primer (y único) país soberano europeo en situación de impago desde que Grecia incumpliera su préstamo con el FMI en junio de 2015", recogen las cartas (fechadas el 24 mayo).

La cláusula activada por el fondo de inversión, con sede en Delaware (EE UU), supone que las emisiones de deuda pública, concretamente cuatro por valor de 910 millones de euros, deben ser reembolsadas inmediatamente a los acreedores, junto con los intereses correspondientes. Este mismo fondo provocó que a finales de marzo un tribunal del Reino Unido congelara, tras su petición, las cuentas de Instituto Cervantes en Londres y de una oficina de comercio exterior de la Generalitat de Cataluña.

1.200 millones pendientes 

A principios de abril, el Tribunal Superior de Londres dio a Blasket (que lleva los intereses de empresas holandesas incluidas en las denuncias) la posibilidad de embargar activos soberanos españoles si no se resarcían las órdenes de pago del laudo, concedido por el Centro Internacional de Arreglos para la Disputa sobre Inversiones (Ciadi), organismo de arbitraje del Banco Mundial. El fondo norteamericano reclama 30 millones de euros más intereses y condenas en costas por los dos proyectos fotovoltaicos en los que Infrared invirtió en Sevilla y Badajoz en 2011. La compañía inició su batalla legal contra España en 2014 y en verano del año pasado, representada por Cuatrecasas, consiguió que el CIADI rechazara anular el laudo. En un principio, la demanda ascendía a 92 millones de euros.

En total, los laudos pendientes de pago que España acumula en los tribunales internacionales de arbitraje alcanzan los 1.200 millones de euros, según el Índice de Cumplimiento de Arbitrajes Internacionales, a los que hay que sumar otros 250 millones por los intereses de demora, las condenas en costas y los gastos desembolsados por el país para la contratación de abogados. 

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"España es una economía grande y desarrollada que podría permitirse fácilmente el reembolso de estos laudos, pero ha optado por negarse a cumplirlos, lo que ha dado lugar a un episodio de 'default'. Otros países que se niegan a hacerlo son Argentina, Venezuela e India. Es inaudito que naciones europeas desarrolladas y ricas adopten este enfoque. En estas circunstancias, la calificación crediticia de España debería actualizarse del mismo modo que se ha penalizado a otros estados soberanos por comportamientos equivalentes", subraya el fondo en las cartas. 

A finales de mayo, Fitch advirtió del "grado de incertidumbre" que puede generar en las finanzas públicas españolas el doble año electoral en un contexto de inflación elevada (la tasa anual de IPC se elevó al 4,1% en abril) y de endurecimiento de las condiciones financieras por la subida de tipos del Banco Central Europeo. No obstante, mantuvo la calificación en 'A-' con perspectiva estable.

55 disputas internacionales

El país se ha visto involucrado en 55 disputas internacionales y la práctica totalidad corresponde con el sector de la energías renovables. Es el segundo país con mayor número de laudos pendientes de pago, situándose a la altura de Venezuela o Rusia. Todos se han canalizado a través del Tratado de la Carta de la Energía o distintos tratados bilaterales de inversión enmarcados dentro del derecho comunitario de la Unión Europea (UE). Según fuentes jurídicas, cuando se resuelvan todos los procesos, el coste se elevará a entre 2.000 y 2.500 millones de euros, lo que supone alrededor del 0,2% del PIB.

El Estado perdió el primero de los arbitrajes en 2017. El laudo dio la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourg. Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. En total invirtió 935 millones de euros en tres plantas en 2007, año en el que se aprobó el Real Decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despliegue de las energías 'verdes'. Las reclamaciones vienen por los recortes adoptados a las primas a las renovables por el Gobierno del PP en 2012 y 2013, aunque anteriormente, el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ya aplicó los primeros tijeretazos.

Además de Blasket Renewable Investment, RWE, Renergy, Triodos, Nextera, Cube, Soles Badajoz o Eurus son algunos de los afectados por los arbitrajes. El fondo Antin, que recientemente ha lanzado una opa sobre la española Opdenergy, era otro de los grandes afectados. Este traspasó los derechos del pleito a la Sociedad luxemburguesa Energy Investments. Según fuentes del Gobierno, España se resiste a realizar los pagos porque cree que "pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal".

Indemnización a la francesa EDF

La última condena a España por el lío de las renovables se conoció a principios de mes. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) condenó a España a indemnizar al grupo energético francés EDF con un pago de 29,6 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas. El proceso quedó resuelto en abril, aunque la publicación definitiva del laudo y su comunicación oficial al Gobierno se ha producido en los últimos días. Con este nuevo revés para España, ya son 23 los laudos que instan al Estado a resarcir a las compañías afectadas. 

Otro caso reciente es el de la alemana BayWa, que deberá recibir una indemnización de 22 millones de euros. El Gobierno también deberá afrontar el pago de 480.000 euros por intereses de demora (cifra que aumentará si no se produce en el corto plazo) y de 370.000 euros por la condena en costas. Próximamente se espera la resolución del proceso que involucra a E.ON, cuya reclamación asciende a los 600 millones de euros.

Una comitiva de abogados internacionales visitó España el 21 de junio para reunirse con actores del sector político (y también empresarial) e instó al Gobierno que salga del 23-J a "limpiar el pasado" y avanzar en un "marco regulatorio que siga atrayendo a inversores". "Es un error desde el punto de vista financiero que el Estado español no quiera pagar. Si España no paga, puede animar a otros a seguir por esa línea y engordar la lista de incumplidores", indicó Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim LLP. Por su parte, Nikos Lavranos, fundador de la consultora holandesa NL Investment Consulting, dijo que España está debilitando el nivel de confianza de los inversores y que "tarde o temprano tendrá que pagar".