La gestora francesa de capital riesgo Antin acaba de poner en un apuro a Moncloa con una opa sobre el 100% de OPDEnergy, una de las principales empresas de renovables españolas. La propuesta de inversión se produce dos semanas después de conseguir que el Tribunal Superior de Londres haya desestimado la petición de Gobierno de Pedro Sánchez de anular el registro y ejecución de un laudo arbitral del CIADI que obliga al Estado a pagar 120 millones de euros a la firma francesa. Fuentes financieras niegan a 'La Información' que Antin, como gestora, esté ya en ese proceso porque desinvirtió pese a que su marca aparece en la documentación de los arbitrajes. No hubo comentarios de forma oficial por parte de la firma.
España había alegado "inmunidad soberana" ante el tribunal británico. El pasado 25 de mayo, el despacho de abogados Kobre & Kim que representó a los inversores detrás de Antin instó al Gobierno español a pagar lo debido y cumplir con la legalidad: "A la luz de esta sentencia, nuestros clientes esperan que España ahora finalmente cumpla con la deuda de la sentencia contraída con nuestros clientes". Ahora esa misma gestora lidera una operación millonaria que deberá contar con el visto bueno del Gobierno, la CNMC y la CNMV para salir adelante.
El dictamen del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dependiente del Banco Mundial) se remonta a 2018 cuando reconoció el derecho de cobro de los inversores agrupados por Antin por el perjuicio ocasionado a una inversión en Granada tras el recorte de primas a las renovables que efectuó España en 2013, que afectó también a otros grandes inversores con los que el Gobierno viene litigando en distintas instancias internacionales.
En 2021, el CIADI emitió "resolución definitiva y obligatoria" y en enero de este año recordó al Gobierno, mediante una carta a la Abogacía General del Estado, que la compensación de 120 millones de euros estaba pendiente de ejecución, según publicó Efe. Antin inició otro proceso por su cuenta en los tribunales británicos para registrar el citado laudo en Reino Unido, que le hubiera dado validez económica en esa jurisdicción, ante el que España interpuso una solicitud de anulación, que fue desestimada el pasado mes de mayo.
Después de años litigando, el fondo francés ha aprovechado para presentar su propuesta de inversión de más de 866 millones de euros en pleno periodo preelectoral en España, con la posibilidad de un cambio de gobierno en Moncloa el próximo 23 de julio, tras el resultado de las autonómicas del 28 de mayo y como apuntan las primeras encuestas durante los últimos días como GAD3 o Sigma Dos.
Las termosolares de Cobra-ACS en Granada
Antin, que gestiona más de 30.000 millones de euros en activos, es una gestora de capital riesgo especializada en infraestructuras que nació en 2004 con la participación del banco francés BNP Paribas, aunque años más tarde el equipo directivo se hizo con el control. Según la documentación enviada a la CNMV con motivo de la opa a OPDEnergy, la firma gala está controlada accionarialmente por sus fundadores Alain Rauscher (30%) y Mark Crosbie (17,8%).
A su vez, como gestora de inversores, el dinero de los fondos que gestiona como el que lanza la opa pertenece a sus clientes. En nombre de ellos, Antin compró en 2011 junto a RREEF (Deutsche Bank) buena parte de los activos renovables que la constructora ACS de Florentino Pérez había desarrollado a través de su filial Cobra, entre ellos, las instalaciones termosolares de Granada (Andasol 1 y 2).
Las plantas fueron inauguradas en 2009 tras una inversión de 300 millones de euros, según notificó entonces la empresa, con un marco de subvenciones a la generación eléctrica bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que permitían su rentabilidad, si bien luego se demostró que no eran viables para las arcas públicas.
Sin embargo, tras el rescate bancario a España, el Gobierno de Mariano Rajoy recortó las primas a las renovables y con ello, la rentabilidad de ese tipo de infraestructuras. En 2017, Antin, RREEF y ACS terminaron de vender las plantas termosolares de Granada al fondo Cubico Sustainable Investments, propiedad del fondo de pensiones de Ontario Teacher's y PSP Investments, aunque la firma francesa mantuvo en su poder los futuros derechos de cobro por este litigio.
Además del capital vinculado a Antin, otros inversores internacionales están reclamando al Gobierno de Sánchez el pago de distintas compensaciones después de que los tribunales de arbitraje hayan dictado ya sus laudos. Se estima que hay más de 1.000 millones de euros en pagos pendientes de ejecutar.
En noviembre de 2019, el Gobierno de Sánchez aprobó a través de un decreto ley un nuevo marco retributivo para las energías renovables con el objetivo de aplacar a los inversores internacionales que se habían visto perjudicados en las legislaturas anteriores. Algunos inversores renunciaron a seguir a litigando pero otros no lo han hecho. Tampoco lo hizo el fondo Blaskett Renewables que intentó colocar a la deuda pública española en situación de default o impago también en un tribunal de Reino Unido al considerar el impago de las renovables como causa de ello.
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