Las familias elevan la inversión en bolsa en plena pandemia tras 5 años a la baja

Uno de los efectos más evidentes de la pandemia en la economía de los hogares fue el incremento de su tasa de ahorro a niveles sin precedentes el pasado ejercicio, hasta el 14,8% de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística. Ese alza ha impactado directamente en la Bolsa. Las familias aumentaron un punto porcentual su participación en la propiedad de las acciones cotizadas y han roto con una tendencia a la baja de cinco años. Al mismo tiempo, los inversores extranjeros siguen siendo propietarios prácticamente del 50% del valor de las acciones cotizadas, con una leve bajada de tres décimas respecto al año anterior. 

Los datos del último Informe Anual sobre la Propiedad de las Acciones Cotizadas, que elabora Bolsas y Mercados Españoles (BME), constatan que los hogares poseen el 17,1% de las acciones en circulación. La mejora notable de este porcentaje en un año tan complicado a nivel económico y sanitario por la pandemia de Covid-19 no esconde, sin embargo, que este registro es el segundo más bajo de toda la serie histórica elaborada por el Servicio de Estudios de la Bolsa a lo largo de los últimos 29 ejercicios. La participación de las familias en acciones de las empresas del Ibex 35 al cierre de 2020 era del 13,9% y en abril 2021 había aumentado al 14,1%, dos décimas más, según los datos provisionales.

Si ha habido un rasgo característico de la bolsa española en las tres últimas décadas ha sido, de hecho, la elevada presencia de inversores individuales o familias, que alcanzó su momento álgido en 1999 con una tasa del 33,6%. La etapa de crecimiento más próxima a la actualidad se produjo durante los años posteriores a la crisis financiera y económica que se inició en 2008. Entonces las familias se convirtieron en un puntal importante del mercado al elevar su cartera de acciones cotizadas. En aquellos años se llegó a hablar de que la Bolsa se había convertido en un "fenómeno social".

Más aún, por capitalización, el porcentaje actual de acciones en manos de las familias españolas acelera su convergencia con Europa en el medio plazo y allí ha sido tradicionalmente inferior a la de España. Las sucesivas reformas de los mercados financieros y de valores europeos no han permitido, como se esperaba, incorporar más inversores a la propiedad de las cotizadas. A la vez, en las salidas a Bolsa que han tenido lugar en los últimos años se ha prescindido mayoritariamente del tramo minorista que fue característico en los estrenos bursátiles de la última década del siglo pasado. Y está además el creciente peso de los Fondos de Inversión en las carteras de los españoles, por su ventajoso tratamiento fiscal y por la apuesta comercial de las entidades financieras y especialmente bancarias por estos vehículos.

Primeros efectos del Impuesto a las Transacciones Financieras

A cierre del pasado ejercicio, los no residentes controlaban el 49,9% de la capitalización bursátil de las empresas cotizadas nacionales, tres décimas menos que en 2019 cuando se alcanzó el récord histórico. En una década los inversores extranjeros han aumentado en más de diez puntos su peso en la Bolsa española, desde el 39,2% de 2010 al 49,9% de 2020. Entre 2000 y 2010, el peso de los no residentes ya se había elevado en casi 5 puntos, desde el 34,3% al 39,2%. 

De acuerdo con el informe, los datos de avance de 2021 parecen apuntar ya a un efecto negativo del Impuesto a las Transacciones Financieras sobre la inversión en acciones de empresas cotizadas en España por parte de los grandes capitales internacionales. "No deberíamos olvidar que la creciente participación de la inversión extranjera es uno de los factores determinantes del aumento de la presencia internacional de la economía y las empresas españolas en las últimas dos décadas", recuerda el documento. "El mercado bursátil español y por ende las principales empresas españolas cotizadas están siendo injustamente penalizadas como alternativa de inversión frente a otras empresas competidoras radicadas en otros mercados europeos o no", añade el informe elaborado por BME.

Entre los inversores extranjeros en bolsa española los principales son los denominados institucionales, es decir, gestoras de fondos de inversión y de pensiones, fondos soberanos, compañías de seguros, fondos de Capital Riesgo o Private Equity e incluso bancos de inversión e intermediarios que mantienen carteras de acciones. Destaca la presencia del Fondo Global de Pensiones de Noruega, un fondo soberano cuya inversión en compañías cotizadas en la Bolsa española y en Bonos españoles al cierre de 2020 supera los 18.233 millones de euros con una leve contracción del 1,54% respecto al año anterior. Dentro de esta cartera, más de 12.000 millones están invertidos en acciones cotizadas y el resto en deuda pública o en bonos corporativos. 

Hasta quince fondos soberanos que cuentan con inversiones en España, por valor de 42.000 millones de euros, en forma de inversión directa, inversión en cartera y compra de deuda, según la Secretaria de Estado de Comercio. La principal gestora mundial de activos, BlackRock, tiene destacadas participaciones en empresas cotizadas en la Bolsa española y están presentes del mismo modo grandes inversores institucionales globales como el fondo soberano de Catar, Pensión Japan o las gestoras Vanguard, Fidelity, Invesco o Capital Group.

Una revisión de la fiscalidad de los productos financieros

Desde BME reclaman que el Gobierno se replantee de forma "urgente" la estrategia fiscal que afecta a los productos financieros en España (como los ETF o fondos de inversión cotizados) no solo porque supone "quedarse fuera de tendencias y procesos de inversión relevantes en el mundo, sino porque hay experiencias donde la fiscalidad adaptada a las necesidades ha tenido efectos positivos sobre el desarrollo de actividades y sectores importantes para la economía española". Así, ponen como ejemplo el caso de las SOCIMI y el sector inmobiliario español en la última década.

La participación de los bancos y las antiguas cajas en la Bolsa española vuelve a reducirse ligeramente en 2020, acumulando el tener mínimo histórico consecutivo con el 2,7%. La tendencia refleja el profundo cambio experimentado por la actividad bancaria en las últimas décadas, con un marcado acento en la reducción de las participaciones industriales, las desinversiones impuestas por la crisis financiera y su necesidad de reforzar el capital. Mientras, las Administraciones Públicas, a través de diferentes organismos, entidades y empresas públicas, controlaban al cierre del año 2020 un 2,9% del valor de mercado de los valores españoles cotizados en Bolsa, una décima más que el año anterior.