El gobierno francés ha sentenciado a Carlos Ghosn, el hasta ahora presidente de Renault y Nissan (y de la alianza de éstas con Mitsubishi). El ministro de Economía, Bruno le Maire, ha asegurado que el directivo "ya no está en posición de liderar la firma" tras el escándalo de su detención por presunto fraude fiscal. Sus palabras han calado hondo en el mercado y la acción de la compañía gala haya llegado a retroceder por encima del 3%, aunque finalmente ha moderado la caída hasta el 1,2% hasta los 58,36 euros.
El hecho de que el ejecutivo francés se pronuncie en estos términos es importante si tenemos en cuenta que todavía posee un 15% de Renault, de la que el propio Ghosn fue el responsable en su día de acometer el proceso de privatización. Ahora el titular de Economía reclama un "gobierno interino" para el grupo, si bien deja claro que no pueden reclamar oficialmente la salida del directivo porque no tienen "pruebas" de su delito.
Según informa Le Monde, la junta directiva de Renault se reunirá esta misma noche de urgencia para debatir específicamente sobre la posibilidad de fijar una dirección interina. Gohsn, que ha colaborado con la fiscalía japonesa, fue detenido ayer en Tokio por supuestos delitos de fraude, al haber empleado dinero de la firma de automóviles nipona para gastos personales. La junta directiva de Nisssan también se reunirá de forma extraordinaria el jueves para pactar su despido.
Ghosn se convirtió en presidente de Renault en 2005 y lideró el movimiento para asociarse con Mitsubishi Motors Corp. en 2016, después de haberse descubierto que la compañía fabricante de automóviles había falsificado los datos de eficiencia de combustible. Desde diciembre de 2016 Ghosn es presidente de Mitsubishi Motors.
Según explicó en un comunicado la fiscalía de Japón, el ejecutivo franco-brasileño, de 64 años, presentó "datos falsos sobre asuntos sensibles" concernientes a sus ingresos percibidos entre junio de 2011 y el mismo mes de 2015, al declarar 4.987 millones de yenes (38,8 millones de euros) en lugar de los 9.998 millones de yenes (77,8 millones de euros) que había recibido en realidad.
Por este tipo de infracciones financieras Nissan podría recibir una multa de hasta 700 millones de yenes (5,4 millones de euros), según la normativa nipona, mientras que en el caso de particulares, las penas ascienden incluso a 10 años de prisión y las multas a 10 millones de yenes (77.580 euros).
El temor a que se genere un vacío de poder en el grupo ha llevado a los inversores a decantarse por las ventas. Las acciones de Nissan se han desplomado al cierre de Tokio más de un 5,5% y a esta hora cotizan con un leve retroceso del 0,7% en el Dax de Frankfurt, donde se pagan a 7,33 euros.
S&P sitúa en perspectiva negativa el rating de Nissan
La agencia de calificación crediticia S&P ha confirmado el rating de Nissan a largo plazo en 'A' (calidad buena con moderada sensibilidad en el largo plazo a entorno adverso), pero ha situado su perspectiva en negativa. Además, en el corto plazo, S&P ha mantenido el rating de la firma nipona en 'A-1' (calidad superior), después de la detención del presidente y consejero delegado de la alianza franco-nipona Renault-Nissan-Mitsubishi.
La entidad también considera que la rentabilidad del fabricante asiático podría debilitarse "sustancialmente" en su actual año fiscal (de abril 2018 a marzo de 2019) si la supuesta "mala conducta" del directivo implica un daño para la imagen de la compañía con un menor volumen de ventas.
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